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Por inconsistencias técnicas, la amenaza de una mayor presión sobre el precio de los pasajes y dudas dentro del propio Gobierno, el uso de micros supuestamente más seguros en el país demorará al menos dos años. Así se desprende de la idea que circula en despachos oficiales luego de varias semanas de negociaciones con operadoras de ómnibus, fabricantes de chasis y los ensambladores, las principales patas del negocio.
El plan corresponde al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, y al secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, que en marzo de 2008 –luego de un verano cargado de accidentes de ómnibus en las rutas argentinas– decidieron cambiar las especificaciones técnicas para los micros de larga distancia. Así, la resolución 160 estableció que los ómnibus de larga distancia de más de 3,80 metros de alto deben contar con dos ejes en la parte delantera a partir de marzo de 2009.
Pero la norma nunca se aplicó: Transporte sacó una prórroga por un año para frenar su entrada en vigencia. Y durante las últimas semanas se repitieron las reuniones en la Subsecretaría de Transporte para negociar un nuevo aplazamiento.
Estas negociaciones entre todos los actores de la industria tienen un condimento adicional: si no llegan a buen puerto, podrían derivar en que a partir de marzo no se puedan fabricar ni ensamblar más micros de doble piso en la Argentina.
“Las terminales automotrices y las cámaras empresarias hicimos varias presentaciones. Ahora se están estudiando otras alternativas”, aseguró un representante de los operadores de micros en reserva y que estuvo en esos encuentros.
Bajo la conducción de Juan Pablo Schiavi, el Gobierno intentará modificar los planes originales de Jaime. Por caso, analiza modificar la ley de transporte para que los micros de doble piso de más de 3,80 metros de altura tengan doble eje delantero pero un largo de 15 metros (el máximo permitido es de 14 metros). Si las empresas aceptan esa modificación, en el Gobierno les prometen demorar la entrada la nueva norma por entre 18 y 24 meses, confirmaron fuentes del sector. Así, si se cumplen esos plazos, las modificaciones se extenderán hasta al menos 4 años después de la publicación en el Boletín Oficial de la norma que dispuso las nuevas obligaciones técnicas.
Intereses encontrados
La demora en la entrada en vigencia del proyecto de Jaime tiene varias explicaciones. En primer término, tanto los operadores de micros (Chevallier, Rutamar y Plaza, entre muchos otros) como los fabricantes (Volvo, Scania y Mercedes Benz importan) creen que las modificaciones no mejorarán la seguridad de los vehículos. El tema se planteó en las últimas reuniones en Transporte. Por caso, algunas empresas aseguran que es mejor mantener los vehículos actuales pero agregarles un sistema de estabilización.
Entre los carroceros (las terminales venden los chasis, pero luego hay que ensamblarlos) que se nuclean en la ciudad de Rosario aseguran que las modificaciones técnicas no les cambiarán el negocio. Pero temen estar obligados a parar sus talleres si no se alcanza un acuerdo entre todas las partes.
Y las empresas de larga distancia están preocupadas por los costos. Cada unidad cuesta u$s 250.000 y aseguran que no se podrán hacer cargo de los mayores costos sin aumentar el precio de los pasajes.