Néstor Kirchner tiene un serio problema: no sabe, ni puede ni quiere gobernar con los límites que imponen la justicia, el Parlamento, las leyes y los medios. Desde el lejano 1987, en que fue elegido intendente de Río Gallegos, hasta ahora mismo, condujo bajo dos condiciones básicas: la emergencia y la excepcionalidad. Ahora se resiste a aceptar el nuevo escenario de poder compartido. Y no sabe, no puede y no quiere adaptarse a las reglas que le quitan la suma del ejercicio del poder.

El primer síntoma de su ‘enfermedad política’ apareció horas después de la madrugada del 17 de julio de 2008, cuando el vicepresidente Julio Cobos le puso a Kirchner el primer límite institucional al definir su voto ‘no positivo‘ para imponer un fuerte aumento de retenciones al campo. Durante la mañana de ese día de furia en que el matrimonio presidencial se la pasó quemando papeles en la chimenea de la quinta de Olivos, el ex jefe de Estado presionó a su esposa para que renunciara, convencido de que así no se podía gobernar:

–¡Nos vamos! ¡Les tiramos el gobierno por la cabeza! ¡Así no podemos seguir! ¡Que se hagan cargo Cobos, Duhalde y los grupos económicos!

Los testigos presenciales que me relataron con lujo de detalles las escenas de aquel día inolvidable afirman que el deseo de Kirchner no se concretó no solo porque se lo impidió la gestión combinada de Alberto Fernández y del presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula de Silva. También habría influido el hecho de que el ex Presidente no tuviera un Plan B para transformar la salida de Cristina en algo parecido al 17 de octubre de 1945, con el fin de que la mayoría de los argentinos clamara por su retorno al poder.

Ahora el Gobierno tiene otros problemas, a saber:

n Una oposición en Diputados que podría imponer su mayoría para modificar u aprobar leyes y así colocar límites a la discrecional distribución de fondos o impulsar investigaciones sobre hechos de corrupción que involucran al propio ex mandatario.

n Una situación de equilibrio en el Senado que favorecerá al oficialismo o a la oposición según el proyecto que se trate.

n La provincia de Santa Cruz debe obedecer, cuanto antes, el fallo de la Corte Suprema que le ordenó reponer en su cargo al Procurador General Eduardo Sosa. El gobernador Daniel Peralta quiere hacerlo, pero Kirchner se lo prohibió de manera terminante. El grave conflicto todavía ‘no explotó‘ porque no tiene, en apariencia, ninguna repercusión social. Dirigentes políticos de la oposición buscan la manera de transformar el Caso Sosa en bandera de lucha permanente.

n La desobediencia del jefe de gabinete Aníbal Fernández a un juez laboral en el conflicto del sindicato de los Aeronavegantes es analizada con preocupación y detenimiento por casi todo el Poder Judicial. Por lo menos tres magistrados de la Corte Suprema de Justicia tienen la intención de enviar a la sociedad una señal de alarma. Ellos hablan lisa y llanamente de ‘grave conflicto de poderes‘.

n Qué hacer frente a dos fallos judiciales limitan la aplicación de la Ley de Medios. A pesar del consejo de algunos juristas K, Néstor Kirchner ya le dio instrucciones al secretario Legal y Técnico de la Presidencia para que le de las ‘excusas jurídicas‘ que le permita al gobierno apelar, y además, ignorar las decisiones de los magistrados de primera instancia.

¿Cómo gobernar durante los próximos dos años con un Consejo de la Magistratura sin mayoría K, que libere a los jueces del fantasma del juicio político y les permita a los jueces federales avanzar en las causas que involucran a las principales figuras de este gobierno?

¿Cómo ejercer el poder de la caja si se aprueba una nueva ley de Coparticipación que les permita a las provincias recibir lo que legítimamente se merecen?

¿Cómo gestionar sin el contrapeso de los medios K, para evitar que la prensa siga desgastando a un gobierno que ya no goza de la simpatía de la mayoría popular?

Solo hay dos maneras de hacerlo.

Una es aceptar la nueva realidad, escuchar el mensaje de las urnas y compartir las decisiones o aceptar el veredicto de la mayoría y de los jueces, cada vez que haya que hacerlo. Eso sí constituiría un verdadero cambio de estilo, en sintonía con lo que demanda gran parte de la sociedad.

Otra es hacer de este gobierno –legitimado por los votos de diciembre de 2007 y observado por los de junio de 2009– una monarquía clásica, o una ‘dictadura‘ con apariencia democrática. Una administración que gestione de espaldas al Congreso, los jueces, las leyes y la gente.

Sería agravar los síntomas de la enfermedad política de Néstor Kirchner.

En cualquiera de los casos, Cristina Fernández debería ejercer su mandato hasta el último día. Y nada debería servir como excusa para abandonar la presidencia antes de tiempo.