El vértigo que le generó el escándalo de espionaje al Gobierno de la Ciudad hace que las decisiones en torno a la Policía Metropolitana se modifiquen minuto a minuto, como el rating televisivo. Ahora, y luego de que Mauricio Macri reconociera el fin de semana públicamente a la prensa que fue un error designar a Jorge “Fino” Palacios al frente de los efectivos porteños, en Bolívar 1 admiten que el actual organigrama de funcionamiento de la fuerza –que aún no vio la luz– “está siendo observado” y podría haber más purgas. Esto significa que los altos mandos contratados por Palacios – unos 15 comisarios– están bajo la lupa. El próximo hombre que podría irse de la Metropolitana antes del 10 de diciembre es Eduardo Orueta, perteneciente al riñón de Palacios y cuestionado por la oposición. Los fuentes indican que la Justicia ya habría detectado conversaciones telefónicas cruzadas entre este policía y el espía y ex empleado de la Ciudad, Ciro James, detenido y procesado por organizar junto a Palacios las escuchas ilegales al dirigente de Familiares de Víctimas de la Amia, Sergio Burstein, entre otros.

El jueves, el macrismo echó a Roberto Ontiveros, el tercero en la línea de mando de la cúpula original. También se removió a Osvaldo Chamorro luego de que la Justicia hallara en su computadora datos sobre el patrimonio de políticos de la oposición porteña y del jefe de Gabinete, Horacio Rodríguez Larreta.

La decisión de “limpiar” la Metropolitana fue confirmada por el propio Macri y el Ministro de Seguridad y Justicia, Guillermo Monetengro, a los legisladores y diputados porteños del PRO, durante un almuerzo realizado en el Palacio Comunal el viernes pasado, y del que participó gran parte del Gabinete. Varios testigos contaron a El Cronista que el jefe comunal agradeció a su tropa por “el esfuerzo y apoyo prestado” en medio del escándalo y les anticipó que habrá más despidos en la fuerza. La idea es que el nuevo jefe de la policía, Eugenio Burzaco –quien tiene mandato como diputado hasta el 10 de diciembre– asuma ese día con gran parte del camino allanado.

Burzaco regresará mañana de un viaje por Israel y ya pidió que le tengan listo su despacho en el ministerio de Seguridad. Antes de partir, hace 10 días, le pidió a Macri que retrase el lanzamiento de la fuerza. Según él, no estaban dadas las condiciones para sacar a la calle a los efectivos a fin de año –objetó la falta de uniformes y de armas, entre otras cosas– y propuso que se postergara para febrero. Pero el agravamiento del escándalo y la salida de Chamorro hizo que Macri tomara la decisión política de poner, al menos, unos 200 efectivos en la calle a fin de año, que actuarán como auxiliares de tránsito. Será, en rigor, un lanzamiento simbólico, para no aparecer derrotado ante la Casa Rosada y en falta con la promesa realizada a los vecinos.

Nueva comisión

No es todo. En la madrugada del viernes, y luego de la interpelación realizada a Montengro, la Legislatura porteña aprobó la creación de una comisión que revisará las designaciones en la fuerza. Ese grupo de trabajo –que se creará esta semana y funcionará durante 90 días– estará integrado por los 20 miembros de las Comisiones de Seguridad y de Derechos Humanos, más la Defensoría del Pueblo. Entre ellos figuran los opositores Silvia La Ruffa, Gonzalo Ruanova, Liliana Parada, Juan Cabandié, Patricia Walsh, entre otros. También por el futuro jefe de bloque PRO, Cristian Ritondo, y sus pares Daniel Amoroso y Martín Borrelli.

Según la norma, el Ejecutivo no podrá contratar efectivos en los próximos 30 días. Según explicó La Ruffa, el grupo revisará los legajos de los agentes para ver si existen incompatibilidades con la ley que creó la Metropolitana, como la de incorporar integrantes de las Fuerzas Armadas o policías que hayan trabajado durante la dictadura.