El ex ministro de Obras y Servicios Públicos Rodolfo Terragno recuerda que licitar el servicio de telefonía celular en el país en 1988 implicó librar una pequeña batalla. El discurso estatista de la época, y la idea de que el futuro del negocio de las telecomunicaciones quedara fuera del ámbito de la ex Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), generaba resistencia tanto de la oposición como de algunos miembros del propio gobierno de Raúl Alfonsín.

La iniciativa había sido acercada a la administración radical en 1986 desde el sector privado. En 1987, Iecsa, la constructora del grupo Macri, y la telefónica norteamericana BellSouth, que se habían unido para promover la tecnología en el país, realizaron un seminario para explicar de qué se trataba la telefonía celular y su potencial ya comenzaba a entusiasmar en algunos despachos oficiales. Sin embargo, había una traba regulatoria por sortear: por la Ley de Telecomunicaciones 19798, creada en 1972 y todavía hoy vigente, sólo ENTEL y las cooperativas podían brindar telefonía. La traba se sorteó por la picardía semántica de bautizar la prestación como Servicio de Radiocomunicación Móvil por Celular (SRMC). Un obstáculo menos.

Fueron el joven secretario de Comunicaciones Juan Ciminari y su sucesor y ex subsecretario, Juan Manuel “Polo” Magliano –quien años después terminaría trabajando en Movicom– quienes se encargaron operativamente del tema. Finalmente, a comienzos de 1988 se pusieron en venta los pliegos de la licitación, que atrajeron a cuatro consorcios. Al matrimonio BellSouth-Macri se le unieron Motorola y BGH, en lo que sería luego Movicom. SADE, de la familia Perez Companc se alió con US West y NEC; Sociedad Comercial de Plata, de Santiago Soldati, se asoció con Southwestern Bell y Alcatel, y Telefónica con Techint y Ericsson. La calificación se realizó por puntos y el criterio para asignarlos fue el compromiso de inversión, que no se midió en dinero, sino en la cantidad de usuarios a los cuales se planeaba llevar el servicio en 15 años. El grupo de Macri resultó vencedor porque ofreció alcanzar 300.000 abonados en 2005, mientras que SADE, que salió segundo, limitó el universo a 100.000.

¿Por qué tan pocos? Porque el mercado potencial parecía limitarse en ese momento al de los autos de lujo que había en el

país.

La foto

Funcionarios de aquella época aseguran que el objetivo del gobierno radical era despedirse en diciembre de 1989 con el servicio funcionando. La hiperinflación y la crisis social que desató obligaron a Raúl Alfonsín y a todo su gabinete a abandonar el Poder Ejecutivo antes de tiempo y en la partida se llevaron esa última pequeña ambición.

Poco después de asumir anticipadamente la presidencia, fue Carlos Menem el que capitalizó la imagen de progreso tecnológico que proyectó la nueva prestación. La primera llamada se hizo el 1 de noviembre del último año de la década del ochenta y fue una comunicación entre la Quinta de Olivos –allí estaba el mandatario y la cúpula de Movicom– y la primera Central de la firma, en Flores, donde estaba María Julia Alsogaray, en aquel momento interventora de Entel.

Pero hoy Terragno asegura que no haber estado en la foto del lanzamiento nunca significó una frustración. “Yo no le doy importancia a esas cosas. Lo importante era que el servicio saliera y si yo no tomaba la decisión, no había telefonía celular”, asegura.

Es curioso que el aniversario número veinte de un servicio que cambió la forma de comunicarse de los argentinos haya pasado desapercibido y el ex ministro tiene una interpretación positiva de ese olvido. “Hay algo interesante con las licitaciones de telefonía celular y accesos a Internet. Nadie las recuerda y la razón es que nunca hubo una sospecha o acusación. Ni hablar de un proceso”, dispara.

De todas formas, reconoce limitaciones. Una de ellas, la de no imponer un esquema general de tarifas, estructura que diferencia a una actividad desregulada de un servicio público. En eso, el caos económico que vivía el país había tenido mucho que ver.

“Era muy difícil plantear la regulación de tarifas, porque era un momomento de gran inflación, pero la idea era avanzar hacia tarifas reguladas, aunque siempre sin alterar la ecuación económica del inversor, porque habría implicado destruir todo e, insisto, el servicio requería hacer grandes inversiones”, recuerda el político radical.