El clima moderado en que se desarrollaron las cinco horas de debate no privó al ministro del Interior, Florencio Randazzo, de escuchar el rosario de críticas con que la oposición recibe a cada funcionario del Ejecutivo que visita el Congreso. Desde la Coalición Cívica hasta el PRO, pasando por la UCR y los bloques de centroizquierda, los diputados opositores coincidieron en reclamarle que el proyecto que el Ejecutivo envió para reformar el sistema electoral contemple la implementación de la boleta única. No tuvieron éxito. “Es de imposible aplicación con el actual sistema de partidos”, les respondió el ministro al cerrar el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Justicia. En su mano izquierda agitaba una enorme boleta que, según dijo, pertenecía a la provincia de Córdoba y agrupaba a 19 partidos.

Desde su exposición al abrir a la reunión, Randazzo dio señales de que el Gobierno no aceptará la boleta única. “Es imposible llevar adelante un sistema político con 685 partidos. ¿Cómo se implementaría así un instrumento que he escuchado defender acá con vehemencia?”, preguntó, refiriéndose tácitamente al reclamo opositor. El mismo argumento utilizó el apoderado del PJ y diputado oficialista, Jorge Landau, para rechazar la propuesta. “¿Qué claridad representa para el ciudadano tener 73 opciones en la boleta única?”, preguntó, haciendo referencia a la cantidad de partidos inscriptos en la provincia de Buenos Aires.

El jefe del bloque de la Coalición Cívica, Adrián Pérez, buscó neutralizar ese razonamiento mostrando también una boleta. En este caso, la que utilizaron los presos bonaerenses para participar en la última elección. “Ya el 28 de junio votaron con boleta única los procesados sin condena. No fueron más de 30 partidos”, subrayó el legislador. Adhirieron a su reclamo el radicalismo y el PRO. Mientras que representantes de la centroizquierda, como Vilma Ibarra, consideraron que “no es una mala idea la boleta única”. Todos coincidieron asimismo en exigir un debate sin plazos.

Además, Pérez reclamó que el proyecto contemple un cambio en las autoridades de aplicación de la ley –propuso que esa responsabilidad pase del Ministerio del Interior a la Cámara Electoral– y la regulación de la publicidad oficial para “que el Gobierno no pueda hacer anuncios públicos de obras o planes sociales en los 45 días previos a las elecciones”. A esas ideas, el radical Oscar Aguad sumó la exhortación a que la fecha de las internas sea “exacta” y no pueda modificarse. En tanto, el macrista Federico Pinedo instó al oficialismo a que tome en cuenta los pedidos opositores. “Toda la oposición acordó, entre otras cosas, que las presidencias de las mesas electorales deben adjudicarse a personal docente o judicial, y no veo ese punto en la propuesta del Ejecutivo”, remarcó.

El sector de la centroizquierda, por su parte, unificó sus quejas sobre los pisos de afiliaciones y votos que pide el proyecto de ley para el reconocimiento de los partidos. “La exigencia de un piso de votos válidos en la elección primaria para pasar a la general no existe en Santa Fe. Es absolutamente restrictivo y prohíbe la participación de las minorías”, criticó la titular del bloque socialista, la santafesina Silvia Augsbuger, al apuntar las diferencias entre el proyecto del Ejecutivo y el sistema vigente en esa provincia, modelo que dice seguir la Casa Rosada.

Ese punto sería el primero de varios que el oficialismo estaría dispuesto a modificar para sumar, en principio, a la centroizquierda. “Será necesario construir acuerdos que aflojen la resistencia”, había admitido antes de comenzar el debate en comisión el jefe del bloque kirchnerista, Agustín Rossi. El santafesino necesita reunir el acuerdo de los dos tercios del total de los legisladores para lograr que la Cámara de Diputados sancione la iniciativa.