En 1988 se aprobó la ley de coparticipación federal de impuestos, impulsada por Cafiero (entonces gobernador de Buenos Aires) y el ex presidente Alfonsín, que aseguró a las provincias el 57,6% de la recaudación nacional. Este fue el máximo valor desde el inicio del régimen de coparticipación de impuestos. Pero esta ley fue transitoria y por este motivo la Convención Constituyente de 1994 decidió aprobar el mandato del artículo 75 que está aun incumplido. Así se puede explicar el actual proceso de enorme concentración de recursos fiscales en manos del Tesoro Nacional en desmedro de las provincias. Hoy se transfiere automáticamente a las provincias apenas el 30% de la recaudación nacional, muy reducida magnitud que es incluso inferior a la vigente durante el último gobierno militar, y que además viola el piso legal del 34%. Al día de hoy existe pendiente el ‘pacto fiscal’ que significa cumplir con lo dispuesto por la Constitución, que en su artículo 75 establece que corresponde al Congreso aprobar una ley convenio sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias y que asegure ‘a las provincias la automaticidad en las remesas de los impuestos coparticipados’. Además, la Constitución indica que esta distribución deberá ser equitativa, solidaria y procurara la ‘igualdad de oportunidades en todo el territorio nacional’. Cumplir este sabio mandato exigirá un gran esfuerzo político de concertación, es decir un acuerdo fundacional que involucre a las provincias y a la Nación; no exageramos si decimos que este acuerdo fiscal es la ‘madre de todos los pactos sociales o políticos’ que se pueden plantear hoy en Argentina.

Es evidente que el gobierno nacional no ha tenido ni tiene vocación por cumplir con este mandato constitucional. Pero la actual discusión en el Congreso del presupuesto para 2010 ofrece una oportunidad para entrar a caminar por la buena senda, ya que es financieramente viable mejorar la coparticipación automática a favor de las provincias sin debilitar las cuentas del gobierno central. Para ello bastaría con mejorar la coparticipación provincial del impuesto al cheque y también eliminar el aporte compulsivo que deben hacer las provincias, establecido en la década del noventa cuando el gobierno nacional renunció a los aportes personales de los trabajadores que optaron por las AFJP; este aporte compulsivo no tiene hoy justificación ya que el gobierno nacional, vía el ANSES, ahora vuelve a captar esta recaudación.

Esperemos que los legisladores nacionales, cuyo mandato originario viene de las provincias, legislen con criterio federal y no unitario. La mayoría de las provincias tienen ya serias dificultades para afrontar sus gastos en educación, salud y seguridad, grandes responsabilidades directamente a su cargo. Es cierto que el gobierno nacional realiza transferencias discrecionales de fondos a favor de las provincias por fuera del régimen de coparticipación automática, pero al no existir normas objetivas que regulen las mismas esta práctica debilita seriamente la autonomía política de las provincias. No puede existir un verdadero federalismo político que no esté sustentado en la autonomía financiera de las provincias.