La frágil tregua que se firmó el lunes por la noche para destrabar el conflicto en Kraft Foods quedó al borde de la ruptura, debido a un inesperado cruce de acusaciones entre la empresa y el gobierno y el incumplimiento de un punto clave del acuerdo vigente.

El riesgo de que el conflicto volviera a resurgir se inició tras la difusión de un reportaje en el que el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, acusó a la empresa de “tomarse revancha” con los empleados y tener “una actitud de intransigencia muy grande”.

El director de Asuntos Corporativos de Kraft, Pedro López Matheu, rechazó las palabras del funcionario y aclaró que la compañía defiende sus intereses “en los Tribunales, y no mediante vías de hecho”.

Otro punto que agravó la situación fue la decisión de la empresa de no permitir ingresar a dos delegados que están en proceso judicial para ser despedidos, pese a que en la cartera laboral ese era uno de los puntos clave del acuerdo firmado en la noche del lunes.

Los delegados, sobre un total de cinco que fueron suspendidos por Kraft, no pudieron ingresar a la fábrica en la localidad bonaerense de General Pacheco, por una decisión de la empresa.

El impedimento fue corroborado por 4 inspectores, tres de la Nación y el otro bonaerense, que labraron las actas respectivas y habilitaron el camino para que los delegados reclamen sus derechos en la Justicia.

Los inspectores oficiales también comprobaron que la planta está en plena producción de sus tres líneas, con 2.500 operarios trabajando.

El abogado de la comisión interna de los trabajadores, Juan Pablo Fiorini, denunció que “la empresa Kraft está violando esta tregua al no permitir el ingreso” de los delegados, no obstante lo cual adelantó que mañana irán a la reunión entre las partes “con la mejor de las predisposiciones”.

i bien el Ministerio de Trabajo intentó moderar el contenido de las declaraciones de Tomada, el funcionario fue cuestionado tanto por sus críticas a la empresa, como también por sugerir que podía haber “algo detrás” de las protestas y cortes

López Matheu replicó que en el conflicto “hubo una conciliación obligatoria, los despidos se comunicaron el 18 de agosto, y no fue prorrogada (la conciliación) por el Ministerio de Trabajo porque no había un tema laboral ni gremial, sino algo que investiga la Justicia Penal”.

“Estamos en un Estado de Derecho y todas las presentaciones y las denuncias que hemos hecho, con abundante documentación probatoria, están siendo investigadas por jueces de la Constitución. La defensa de los intereses se tiene que hacer en los Tribunales y no mediante vías de hecho”, afirmó el vocero.