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Los servicios públicos juegan un rol fundamental en el crecimiento y desarrollo económico. Servicios como electricidad, agua potable, gas, infraestructura de transporte, etcétera, son necesarios para poder crecer y desarrollarse. Del mismo modo que un zapatero no puede terminar de armar su zapato si no tiene los cordones necesarios, un país no puede crecer si no tiene la infraestructura de servicios públicos necesaria.
Los servicios públicos, sin embargo, suelen requerir inversiones de montos importantes y plazos largos de inversión. Estos proyectos, por lo tanto, son muy sensibles a la inestabilidad institucional, por más que los efectos sobre este sector no sean visibles de manera inmediata. Sospechas sobre posibles controles con el comercio externo y precios, así como subsidios y presiones políticas llevan a que estos sectores consuman su capital en lugar de incrementar sus inversiones. El aumento en la demanda por una política de precios máximos se satisface consumiendo capital en lugar de aumentando la productividad, lo cual a su vez se refleja como un aumento en el PBI ofreciendo la ilusión de crecimiento en lugar consumo de capital. No es de extrañar, entonces, que cuando los controles de precios o subsidios son discontinuados haya movimientos bruscos de precios; el proceso de evolución del sector, que tendría que haberse dado paso a paso debe darse ahora todo junto. El sector no estuvo creciendo, se estuvo consumiendo a sí mismo.
Dado que estos proyectos suelen tener plazos que en tiempo superan al de los cargos presidenciales o ejecutivos, no es un gobierno puntual con respeto por las instituciones y la propiedad privada lo que se necesita, sino una política de Estado orientada a proteger la estabilidad institucional. Debe separarse gobierno de turno de la institución Estado. El primero administra un poder del segundo, pero no es lo segundo.
Un estado que no respeta las instituciones, ahuyentando inversores en busca de negocios, difícilmente pueda aspirar a proyectos de ambiciosas dimensiones que requieran un horizonte estable a largo plazo. No es sólo una cuestión de que el gobierno tenga respeto por las instituciones, sino que el estado en su conjunto debe tenerlo.