Al INDEC hay que ponerlo en su justo lugar. Es un organismo de carácter técnico, encargado de elaborar estadísticas oficiales que ayuden a describir la realidad socio-económica-demográfica del país.

Desde el INDEC no se debe hacer, ni se hace, política económica ni financiera. Para eso existen otros ámbitos e instrumentos idóneos.

Lo anterior viene a cuento del artículo periodístico publicado en ‘El Cronista’ del día 15 de julio pasado por el economista Lisandro Barry, en el cual a partir de algunas premisas falsas, arriba a conclusiones al menos equivocadas.

En primer lugar, resulta llamativo que el Lic. Barry inicie su análisis a partir de declaraciones mediáticas sobre el Índice de Precios al Consumidor de una ex funcionaria del INDEC que se encuentra procesada en un juicio pena,l en orden a los delitos de falsedad ideológica en concurso con defraudación. Máxime si además se toma en consideración que dicho indicador tenía innumerables y graves falencias, corregidas por la actual administración del Instituto.

Es curioso que actualmente se arrojen sospechas de manipulaciones sobre el índice pero que no se diga ni una palabra sobre las aberraciones que se podían cometer anteriormente, sobre todo si éstas últimas servían para incrementar artificialmente el indicador.

Así, quienes conducían y producían el IPC podían moldearlo a su gusto simplemente porque ellos mismos declaraban los incrementos en la variedad ‘Servicio Doméstico’, con alta ponderación en la canasta. Para relevar los precios de esta variedad consideraban una muestra de aproximadamente 20 allegados (incluidos ellos mismos) todos empleados del INDEC y del Ministerio de Economía, en lugar de contar, como corresponde según las prácticas internacionalmente aceptadas, con una muestra probabilística de hogares elaborada ad hoc. Parece que los actuales críticos no tomaron nota de la gravedad de este asunto. Ni de la forma errónea en que se contabilizaban los aumentos en las cuotas de recupero de los colegios privados.

Entrando en mayor detalle metodológico, resulta llamativo que para quienes ahora desconfían del indicador no resulte relevante que el anterior índice concentrara groseramente la recopilación de precios en zonas donde habita población de alto poder adquisitivo que, en general, constituye un sector de demanda que convalida mayores aumentos de precios.

Familiares y allegados a la ex conducción del área donde se elaboraba el IPC trabajaban en consultoras privadas, cuyos intereses están directamente relacionados con la información que brinda el índice. En tal sentido y en contra de las más elementales buenas prácticas en materia estadística, se enviaba a encuestadores a tomar precios de productos de primeras marcas (variedad-marca), los cuales no se utilizaban en el cálculo de precios. Otra cantidad de inconsistencias y errores metodológicos en que se incurría en la elaboración del IPC fueron ya descriptos en otras oportunidades por la actual conducción del INDEC. A partir de sus críticas a la forma de elaborar el Índice de Precios al Consumidor, Barry aprovecha la oportunidad para criticar algunas medidas de política económica tomadas por el Gobierno, que no tienen relación alguna con la estadística oficial, confundiendo herramientas descriptivas -estadística- con medidas de política económica. Utilizando algunos artilugios típicos de economistas -que generalmente incluyen en sus razonamientos premisas que favorecen sus argumentos pero que no conforman la totalidad del contexto-estima el resultado del supuesto negocio que resultó de la variación del IPC que, por supuesto, en su visión es negativo.

Más allá de conclusiones parciales y contrapuestas en que puede incurrirse dependiendo del tipo de análisis que se haga sobre la información disponible, resulta incuestionable que cuando el Estado decide poner a funcionar de manera correcta sus Instituciones Técnicas, subsanando viejos vicios del pasado lamentablemente enquistados en las mismas, ello redunda en un beneficio para la mayoría de la población y no en prebendas destinadas a beneficiar a intereses particulares o sectarios.

Adicionalmente para continuar con su razonamiento, el Lic. Barry toma en consideración cifras muy discutibles sobre ‘fuga de capitales’ (u$s 43.000 millones). Existen diversas interpretaciones técnicas acerca de qué conceptos se incluyen en lo que habitualmente se considera ‘fuga’. Muchos de ellos de ninguna manera pueden considerarse como desconfianza en la economía doméstica. De todas formas, tomando en consideración los años 2007 y 2008 ninguna de las cifras usualmente utilizadas para este concepto se acercan a la vertida por el autor de la nota -Activos del Sector Privado No Financiero de la Balanza de Pagos (u$s 30.339 millones) o Formación de Activos Externos del SPNF del Mercado Único Libre de Cambios (u$s 31.978 millones)-.

La desconfianza que según Barry habría generado la ‘manipulación’ del IPC hizo que salieran del país una cantidad importante de divisas. Cabe preguntarse entonces si se habrán manipulado los índices de precios en todos los países emergentes, dado que la mentada ‘fuga’ fue un proceso global producto, principalmente, de la crisis financiera internacional.

Por otra parte el autor de la nota deja de lado algunas consideraciones macroeconómicas elementales, como el impacto que ese flujo hubiese tenido sobre el tipo de cambio, la inflación y la competitividad, situación llamativa tomando en cuenta que las aseveraciones provienen de alguien que ocupó el cargo de Secretario de Finanzas. Las afirmaciones y omisiones vertidas en el artículo del Sr. Barry muestran a las claras que, en temas económicos y financieros, generalmente los intereses priman por sobre la mentada objetividad científica. En ese sentido, cabe aclarar, sólo a modo de contextualización, que el Sr. Barry fue Directivo del Banco Ciudad y del Banco Provincia, y que según información recientemente publicada en la prensa será sometido a juicio oral y público -junto al ex presidente del BCRA Pedro Pou, entre otros-por la quiebra del Banco Medefin.