Hace pocos días, en una entrevista periodística, la ex Directora del Indice de Precios al Consumidor del Indec, Graciela Bevacqua, refiriéndose a la primera reunión que mantuvo con el Secretario de Comercio con relación al manejo arbitrario de los índices de precios, señaló: “...confesó su objetivo. Afirmó que era por los bonos (varios dependen de la evolución del índice de inflación) y dijo que quería ‘ceros’ en todas las variedades del IPC”.

La misma nota hace alusión a que un prestigioso estudio profesional de economía “estima que el ahorro que logró el Gobierno hasta mayo de 2009 por la manipulación de datos asciende a u$s 15.660 millones”.

En rigor, en lugar de ahorro debería haberse dicho que ése era el monto de la defraudación, que se había perpetrado a los tenedores de títulos públicos argentinos ajustables por CER. En efecto, mediante ardides que se concretaron en continuas y reiteradas manipulaciones de la información estadística oficial, se consumó una de las defraudaciones más vergonzosas, entre cuyos damnificados, bien vale recordar, se cuentan los actuales y futuros jubilados cuyos aportes -cuando aún existían las AFJP- debían ser obligatoriamente invertidos en un porcentaje muy relevante en títulos públicos nacionales y que, en dichas especies, fueron trasladados a la ANSES al derogarse el sistema jubilatorio privado.

Más allá del eventual delito que se habría cometido, cabe preguntarse si con el producido de la estafa el Tesoro Nacional hizo un buen ‘negocio’. Decididamente no.

En efecto, la manipulación del sistema estadístico oficial fue la patada inicial, ciertamente de magnitud e impacto muy relevante, de una serie de decisiones y medidas adoptadas sucesivamente por el gobierno nacional (el destructivo e interminable enfrentamiento con los productores agropecuarios, la reestatización del sistema jubilatorio, ídem de Aerolíneas Argentinas, etc.), que mellaron la confianza pública y que se reflejaron en una descomunal fuga de capitales en los dos últimos años. Dicha salida de recursos acumula en este período unos u$s 43.000 millones, magnitud que probablemente nunca sufrió el país en un plazo tan breve.

Esa cifra representa el 67% del total de los depósitos en el sistema financiero local y equivale a más del 90% de las reservas internacionales brutas del Banco Central.

Si un volumen de capitales de esa magnitud, en lugar de huir del país, se hubiera volcado a la corriente doméstica de gastos agregados, por el efecto multiplicador keynesiano habría generado un nuevo volumen de riqueza (PIB) no inferior a unos u$s 75.000 millones, lo que representa aproximadamente un 23% de nuestro PIB anual actual.

Esta pérdida de nuevo valor agregado tiene varias consecuencias macroeconómicas, sociales y fiscales adicionales. En primer lugar debería mencionarse la privación de nuevos puestos de trabajo que dicha magnitud lleva implícita. Pero en términos de lo que queremos subrayar en este trabajo, lo destacable es que -debido a ello- el fisco nacional ha dejado de percibir en concepto de recaudación tributaria unos u$s 15.900 millones, a lo que deben sumarse pérdidas en las contribuciones a la seguridad social del orden de los u$s 4.500 millones. Debe señalarse que ambos guarismos están calculados utilizando los datos oficiales relativos a la presión tributaria, que publica la Secretaría de Hacienda de la Nación.

A estas estimaciones deberían adicionarse las correspondientes a los perjuicios fiscales que han sufrido las provincias por el mismo motivo. Y, asimismo, correspondería sumarle los efectos sobre las finanzas públicas del encarecimiento del crédito público por la suba de los índices de riesgo país, como consecuencia de las manipulaciones de los indicadores oficiales de precios (y otros desatinos acumulados). En efecto, los índices que miden el riesgo país -decisivos al momento de cotizar la deuda pública- más que se duplicaron en los dos últimos años. Al respecto correspondería, en realidad, subrayar que desde el comienzo de la manipulación de las estadísticas oficiales la Argentina perdió todo acceso al crédito voluntario privado, lo cual dificulta una estimación cuantitativa razonable de esta consecuencia.

En definitiva el resultado del ‘negocio’ ha sido una pérdida fiscal o perjuicio para el Estado Nacional de, como mínimo, u$s 20.400 millones, cifra claramente superior al ‘ahorro’ proporcionado por la estafa a los tenedores de títulos públicos.

A la gravedad de esta conclusión debe adicionarse que el ardid manipulatorio de las estadísticas nacionales sigue reiterándose. Vale, entonces, recordar una frase de un político italiano que, a propósito de una gran crisis energética sufrida en la península dijo: “errar es humano, perseverar en el error es diabólico”.