Entre la tropa Kirchnerista ya hacen planes para la segunda etapa del mandato de Cristina que, consideran, se iniciará tras las elecciones del 28 de junio. Una de las ideas en danza que contempla el matrimonio presidencial es una reforma tributaria que compatibilice el doble objetivo de sustentabilidad fiscal y mayor equidad distributiva. Para ello, claro, será clave lograr una victoria electoral que respalde los planes oficiales en un eventual debate parlamentario.

La estrategia no es antojadiza. Desde hace años el Gobierno coquetea con la posibilidad de una reforma fiscal. Pero ahora responde a una necesidad que impone la coyuntura. La presión tributaria consolidada –cociente entre la recaudación de la Nación más las provincias y el PBI– hoy está en sus máximos históricos. Supera el 30% del producto y podría terminar este año por encima del 31%.

No obstante, la caja del sector público evidencia un deterioro que se logró maquillar durante los primeros meses del año gracias al aporte que generó la estatización de las AFJP, la inflación y el freno en el pago de reintegros a los exportadores y devoluciones de IVA. En el primer cuatrimestre los ingresos fiscales crecieron al 15,7% anual, lo que en términos reales (descontada la inflación) representa un alza casi nula.

Asimismo, el superávit primario en el primer trimestre se redujo 50% interanual, dado que en el mismo periodo el gasto continuó aumentando a un ritmo del 28% respecto al mismo periodo del año pasado.

Uno de los estudios que aconsejan una reforma tributaria más progresiva (que alivie la carga sobre los sectores sociales más bajos e incremente el peso sobre los altos) pertenece al economista heterodoxo Jorge Gaggero, integrante del CefidAr y el Plan Fénix. Durante la presidencia de Néstor Kirchner el Gobierno había evaluado la posibilidad de aplicar cambios en los impuestos bajo ciertos lineamientos que había recomendado este especialista.

Gaggero acaba de terminar un trabajo en donde propone reducir las alicuotas del IVA a determinados bienes y servicios, eliminar las exenciones fiscales que actualmente tienen las actividades financieras y bursátiles, “y aumentar la presión sobre las personas con alta capacidad contributiva”. También recomienda “fortalecer la imposición sobre las rentas personales y los patrimonios –reintroduciendose el impuesto a la herencia y las donaciones a título gratuito– y por el contrario, atenuar la carga tributaria sobre los consumos de carácter masivo”. Por último sugiere “integrar las rentas de cualquier origen en cabeza de las personas físicas, con el objeto de que el impuesto a las Ganancias recaiga sobre todas ellas, sin excepciones relevantes”.

El paper de Gaggero parece hecho a la medida de la actual situación fiscal del Gobierno. “El nivel del gasto está determinado por el nivel de presión tributaria. A su vez, éste último resulta –en última instancia– función del grado de progresividad de la estructura de los ingresos públicos: a mayor progresividad, más alto el nivel de recaudación potencial”, afirma el especialista.

Para evaluar la factibilidad de una reforma tributaria será crucial el resultado de las elecciones legislativas que se avecinan. La relación de fuerzas que surja tras el 28 junio en el Congreso dará la pauta a los Kirchner para meditar sobre la idea. Aunque no lo admiten públicamente, en el Gobierno reconocen la necesidad de un service al modelo en el plano fiscal. Más caja en la concepción K implica mayores grados de libertad para ejercer el poder hacia provincias, intendentes, organismos internacionales, y otros sectores. El controvertido plan de repatriación de capitales y blanqueo impositivo es una muestra de ello.