“La lista de Robinson”. Así la llamaron en Estados Unidos en analogía con la soledad del náufrago Crusoe, la criatura del escritor Daniel Defoe que vivía en un aislamiento obligado. Y así se bautizaría también acá a una iniciativa que, después de varios fracasos, finalmente vería la luz en 2009: la de crear el Registro No Llame, para que los titulares de una línea telefónica puedan anotarse con el fin de no ser contactados por empresas y call centers con ofertas comerciales. Lo había intentado el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que hace tres años creó una norma que nunca se reglamentó, porque se advirtió tardíamente que todo tema de telecomunicaciones es de incumbencia federal.

Finalmente, se elaboró un proyecto de ley nacional que en diciembre obtuvo media sanción del Senado y que, una vez sancionada y reglamentada, tendrá vigencia en todo el país.

El trámite no será sencillo. Además de gestionarse en forma personal e individual, se hará por sectores –por ejemplo, un aspirante a integrar la lista podrá decir que no quiere que lo llamen las automotrices, pero sí las firmas de cosméticos– y deberá integrar varios pasos, para evitar listados fraguados o engrosados artificialmente. Una de las alternativas que se evalúan contempla inclusive que una entidad especializada corrobore el interés por parte de un inscripto.

El texto fue presentado en 2007 por el senador nacional del Bloque del Frente para la Victoria en representación de Jujuy, Guillermo Jenefes; pero más allá de la aprobación legislativa, ganó consenso entre las operadoras de centros de contacto, que siguieron todo el proceso.

“Bien controlada, es una buena medida. Los call centers lo estábamos buscando, evitará que las comercializadoras aterroricen a los clientes”, declaró a El Cronista Marcos Fernández Górgolas, presidente de Grupo PyD, creado en la década del 80 y decano del mercado. “Con una buena aplicación, es una protección al consumidor y también a los centros de contacto, para que no malgasten recursos haciendo llamadas que algunos receptores no quieren recibir. Hay que hacer un balance entre la buena aplicación y la buena legislación”, coincidió Martín Sucari, CEO de la filial argentina de la norteamericana TeleTech.

El temor de las compañías es la forma en que se reglamente. Estados Unidos es el antecedente que más preocupa a las firmas, porque allí tiene 157 millones de inscriptos y desde su implementación hace más de cinco años los call centers perdieron un millón de puestos de trabajos, algunos de los cuales fueron absorbidos por países como la Argentina, que se está especializando en atraer actividades que antes se realizaban en países centrales. Sucede que allí las sanciones pecuniarias fueron altas y terminaron inhibiendo algunos emprendimientos.

La Argentina sería el segundo mercado latinoamericano en aplicarlo, después de México, que lo instrumentó en 2007 y a diciembre pasado tenía apenas 134.101 registrados.

La base de datos de los anotados será administrada por un organismo del Gobierno y lo que debe analizarse es la tecnología y la metodología a utilizar, porque en la Argentina hay 1938 códigos telefónicos de localidades.