Se supone que en épocas de crisis severas los gobiernos suelen cambiar dogmatismo por pragmatismo. También en las emergencias nacionales las divergencias políticas internas suelen ser superadas para encontrar soluciones que preserven de males mayores al conjunto social. Eso es lo que estamos observando hoy en el resto del mundo. Sin embargo nuestro gobierno no pierde oportunidad de exponerse disonante con esos principios lógicos. Cuando el campo ha entrado en emergencia acosado por el derrumbe de los precios, la sequía y hasta la langosta, las medidas anunciadas por la Presidente el 22 de diciembre pasado han demostrado una orientación dogmática y una intención agresiva, o tal vez vengativa, hacia el campo. Por la efusividad de las felicitaciones mutuas al final de los anuncios, se pudo advertir que Guillermo Moreno y los funcionarios más radicalizados del entorno presidencial consideraron un triunfo la exclusión de la soja en la reducción de retenciones. Así lo entendieron los observadores políticos.

La reducción de retenciones no ha incluido a la soja; el ‘yuyo’ en la visión oficial. Su progresismo mal entendido ha declarado a este cultivo como un instrumento del más crudo capitalismo, alegando que la soja no forma parte de la dieta de la mesa familiar y que desplaza a otras explotaciones más intensivas en mano de obra. La soja es relacionada con otras figuras igualmente repudiadas: los pooles de siembra y las grandes empresas agrícolas. Se trata por cierto de construcciones mentales ideologizadas, que desconocen el impulso económico y productivo que la soja le dio al país y en particular al interior y a las zonas marginales. Las exportaciones de soja han permitido un crecimiento importantísimo del ingreso de divisas y por lo tanto de la capacidad para importar bienes de capital y otros insumos, mejorando así el nivel de vida y contribuyendo más que ninguna otra actividad a aumentar la recaudación impositiva. La ganancia de productividad laboral por la siembra directa y las menores tareas requeridas tiene que ser vista como una ventaja. El avance de la tecnología produce ese mismo efecto en cualquier otra actividad industrial o de servicios. No tendría sentido combatir las computadoras para mantener las viejas maquinas manuales de calcular. Tampoco tiene sentido combatir el mayor tamaño de las organizaciones agrícolas, que es lo que ha permitido economías de escala y la atenuación del riesgo climático. Yendo contra estas características sólo se lograría reducir los salarios reales y perder competitividad. Lo que hace el desarrollo y la tecnología es desplazar ocupación hacia nuevas actividades de mayor capacitación y productividad. Es la educación y la creación de incentivos de radicación y permanencia en poblaciones pequeñas, donde tiene que dirigirse el esfuerzo estatal.

Las medidas incluyeron otros rasgos que muestran este dogmatismo del que hablamos. Se estableció un premio a cada productor si la próxima cosecha argentina de trigo y de maíz excede determinados tonelajes. Ese premio consiste en una reducción de la retención. Para los pequeños productores de hasta 500 toneladas, es de un 5% por cada millón adicional de toneladas de producción nacional. Las reducciones porcentuales disminuyen para productores medianos y aún más para los grandes. Hay dos observaciones conceptuales. La primera es que los productores no deciden en conjunto sino individualmente, por lo tanto no pueden relacionar su decisión con la producción nacional en la que no inciden. En la agricultura hay casi competencia perfecta. Este incentivo no tendrá efecto y sólo adorna un discurso para los no entendidos. La segunda es que se pretende fijar precios distintos según quien sea el que produjo, tratándose de un producto que se comercializa a granel y pierde identificación. La administración será engorrosa si no imposible y poco transparente. Pero además vuelve a insistirse en querer hacer redistribución entre pequeños, medianos y grandes por el camino que no se debe y que reducirá la eficiencia productiva.