El Senado transformó ayer en ley la declaración de utilidad pública para Aerolíneas Argentinas y Austral, paso previo a la expropiación que se hará efectiva en los próximos días. Esta decisión, festejada por los sindicatos y legisladores oficialistas, como criticada por la oposición, le saldrá más de u$s 1.000 millones al Estado Nacional, además de un juicio ante el Ciadi (ver aparte). Desde el 17 de julio, cuando comenzó la gestión mixta de transición, y hasta el 5 de diciembre, el erario público aportó $ 897 millones.

Además, de acuerdo a un informe especial de Auditoría General de la Nación (AGN), “el Patrimonio Neto negativo de ambas compañías llega a $ 2.515 millones, por lo que están en virtual estado de liquidación”. Por otra parte, el resultado operativo mensual de Aerolíneas es deficitario por u$s 40 a 45 millones. “Había que tener la aerolínea de bandera, pero la expropiación es la salida más cara. La Argentina se hace cargo de un muerto al pagar todo el pasivo de la empresa, aunque pague cero pesos por las acciones”, cuestionó el senador radical Gerardo Morales.

Mientras que su par oficialista Marcelo Guinle apuntó que la declaración de utilidad pública con posibilidad de expropiación “es el único camino que garantiza la prestación del servicio”. El diputado Ariel Basteiro, aliado del kirchnerismo y ex dirigente sindical del sector, señaló que “hoy es un día histórico en el que el pueblo, los usuarios y la Nación recuperan su línea aérea de bandera, que los últimos 18 años respondió a los intereses de la empresa controlante –Iberia, American Airlines o Air Comet– y no a las necesidades de los argentinos”.

En tanto que Ricardo Cirielli, secretario de la Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), dijo que la expropiación será “el fin de 18 años de saqueo de nuestra línea de bandera y Austral, a través del capital español estatal y privado, primero Iberia y luego Marsans. Ambas tuvieron siempre el mismo proyecto, como política del Estado español, apoderarse de los activos tangibles e intangibles, aviones, propiedades, y mercados de nuestras aéreas, en favor de sus compañías para hacer desaparecer a la competencia latinoamericana”. También pidió que “se investigue judicialmente la administración fraudulenta realizada por los dueños de Marsans y que respondan penal y patrimonialmente por ella”.

Aerolíneas y Austral, en conjunto, tienen más de 9.000 empleados y domina 80% del mercado aerocomercial de cabotaje. A diferencia de estatizaciones como las del Correo, Aguas Argentinas o algunas líneas de trenes, no era una empresa concesionada sino vendida a Iberia en 1990. Desde julio pasado, está de hecho a cargo del Estado Argentina; en los próximos días también lo estará legalmente.