En las fotos, ayudado por su cargo, tiene un aire a Robert Sanders, el juez que interpreta Shelley Berman en la serie Boston Legal. Sin embargo, al momento de expedirse muestra la misma fuerza y convicción que Alan Shore, el abogado del estudio Crane, Poole & Schmidt que encarna James Spader en la misma serie.

En la vida real, Thomas Griesa comparte con ellos un espacio en Wikipedia y, tal vez, no mucho más. Mientras por estos días los capítulos de temporada encuentran a los actores hablando del derecho del padre a abortar o del abrazo como acto sexual, el juez federal de Nueva York le saca canas verdes al Estado argentino.

Y es que apenas conocida la intención de estatizar la administración de los fondos de las AFJP, el magistrado trabó embargo contra las cuentas de las entonces Administradoras en las causas que ante él tienen iniciadas los acreedores argentinos que no aceptaron los canjes de deudas propuestas por nuestro país.

“Son cerca de 300 millones de dólares”, confirmó en una reciente entrevista el titular de la Anses, Amado Boudou.

Publicitado el embargo, desde el estudio norteamericano Baach, Robinson & Lewis PLLC, con oficina en Buenos Aires, difundieron un comunicado advirtiendo sobre la conveniencia para las AFJP de intervenir en el juicio para demostrar que son una persona jurídica distinta del Estado argentino.

En la otra punta del continente, Luis Vizioli, socio de Vizioli & Triolo Abogados, analizó desde las páginas virtuales de la publicación especializada elDial.com la situación de aquellos fondos. “La regla general es que, sujeto a acuerdos internacionales particulares de los que Estados Unidos era parte al tiempo de la promulgación de la FISA (por Foreign Sovereign Immunities Act), los Estados extranjeros son inmunes a la jurisdicción de sus tribunales. Dicho principio general cede paso ante diversas excepciones”, escribió, y agregó que entre ellas está la renuncia a la inmunidad, cosa que existe respecto de la deuda soberana argentina.

Siendo así, prosiguió, “la responsabilidad del Estado extranjero es similar a la de un individuo en similares circunstancias, salvo por un tratamiento diferenciado de daños punitorios y compensatorios”.

En ese marco es que Griesa, juez de la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó congelar los activos que las AFJP y la ANSES tenían en los Estados Unidos hasta cubrir un total de u$s 553 millones reclamados por Aurelius Capital Partners, LP, Aurelius Capital Master, Ltd., y Blue Angel Capital I LLC, por títulos de deuda soberana en cesación de pagos.

“No quiero despertarme el viernes y comprobar que los activos fueron retirados de Nueva York”, justificó luego, durante la audiencia en la que estuvieron abogados de las Administradoras, de la Anses y del Estado argentino, previa aprobación del traspaso de las AFJP.

Si eso llegara a pasar, prosiguió el magistrado, “se estaría cometiendo un fraude contra sus legítimos acreedores y esta Corte tiene el derecho de actuar de modo de evitar el riesgo de que eso ocurra”.

Con la reforma aprobada por el Congreso albiceleste, los fondos pasaron a manos del Estado y, con ellos, el deber de defenderlos ante el juez que concentra todos los pleitos que involucran a los tenedores de deuda argentina en default en el distrito federal de Nueva York.

Desde el punto de vista legal, apuntaron ciertos especialistas, el embargo que era preventivo cuando los administradores eran privados, podría convertirse ahora en uno ejecutivo.

Como para abonar esa línea, algunos abogados porteños dijeron que una de las firmas legales de los Estados Unidos que representa al Estado nacional en ese país, estaría evaluando la posibilidad de abrir oficinas en la Reina del Plata, no tanto con la idea de que hacer grandes negocios acá, pero sí garantizarse el pago de los honorarios antes de que Griesa los embargue.