El ciudadano común de Estados Unidos tiene una opinión aún más baja del plan de rescate de u$s 700.000 millones para Wall Street que la Cámara de Representantes del país, que rechazó la medida ayer.

“Esta cosa de la que están hablando no hará sino enriquecer aún más a los ricos”, dijo Paul Clancy, de 30 años, un lavaventanas que lleva 15 años limpiado los cristales de algunos de los mayores edificios de compañías financieras de Boston. “Que los abandonen a su suerte, y recibirán lo que se merecen. A mí nadie me ayuda si estoy en aprietos”, comentó.

Es posible que los dirigentes del Congreso presenten otra versión del proyecto de rescate esta semana. En entrevistas desde Seattle, en Washington, hasta Wilmington, estado de Delaware, pequeños comerciantes, obreros y oficinistas no dejaron dudas de que quieren que se abandone el plan de una vez por todas. La medida autorizaría al Gobierno a comprar activos fallidos de las compañías financieras para revivir los mercados de crédito del país.

El plan beneficiaría “a un montón de ricachones”, dijo un mensajero de Seattle, Mark Pilder, de 39 años, durante un descanso de sus entregas en el centro de la ciudad. “No van a perder dinero. Les están echando la carga encima a los contribuyentes. Los que toman las decisiones de verdad no corren peligro de perder dinero alguno”, comentó.

Pilder dijo que la crisis mundial del crédito puede perjudicarlo porque muchas de sus entregas son a la sede de Washington Mutual Inc., que el Gobierno federal intervino la semana pasada al producirse la mayor quiebra bancaria en la historia de Estados Unidos.

En Wilmington, el vendedor ambulante Jeff Buckwalter, de 55 años, dijo que está de acuerdo en que el rescate es necesario, pero: “No concibo dar u$s 700.000 millones a Wall Street’’, indicó.

Detrás del enojo...
La Cámara Baja revocó ayer por votación de 228-205, por ahora, lo que habría sido la mayor intervención estatal en los mercados de Estados Unidos desde la Gran Depresión. La medida incluía también disposiciones para ayudar a los dueños de viviendas a evitar un impago hipotecario y para limitar la remuneración de los ejecutivos de las empresas que se rescate.

El precio del proyecto, de u$s 700.000 millones, es “dinero fantasma”, dijo Jay-D Satterwhite, de 27 años, cocinero en un restaurante de la cadena Waffle House en Greensboro, estado de Carolina del Norte, mientras cortaba cebollas tras la votación en el Congreso. “O sea, dinero que nadie puede ver realmente”, dijo.

Los argumentos del presidente George W. Bush y los dirigentes demócratas en el sentido de que el proyecto tiene como fin ayudar al ciudadano común tanto como a Wall Street han hecho mella en ciertos sitios.

“Nos estabilizará”, dijo Crystal Royal, de 40 años, empleada de una oficina de personal en Houston, estado de Texas. “Como vamos ahora, me parece que habrá otra depresión como en los años veinte”. Y agregó que aunque el proyecto “no tendrá un efecto enorme, pero estabilizará para que podamos empezar a recobrarnos”.

La reacción de Royal contrasta con los resultados de una encuesta por Bloomberg y el Los Angeles Times difundida la semana pasada. Por margen de un 55% a un 31%, los estadounidenses dijeron que el Gobierno no tiene por qué estar rescatando compañías privadas con dinero de los contribuyentes, aun si el colapso de estas pudiera perjudicar la economía.

“Yo no haría nada por Wall Street, nada, menos un trato para las personas que tienen problemas con sus hipotecas”, dijo Clancy, el lavaventanas de Boston.

Randy Gautier, de 54 años, gestor de informática en una fundación judía de Chicago, dijo que espera que los impuestos suban si se aprueba el plan.

“Es injusto, sobre todo si les cuesta más dinero a los contribuyentes comunes”, dijo Barbara McDonald, de 44 años, analista de proyectos de Harris Bank en Chicago, quien dijo estar asombrada por el costo de u$s 700.000 millones. “No creo que el contribuyente promedio esté listo para eso”, concluyó.