Se le sigue pasando facturas al público. Los contribuyentes ya han firmado abultados cheques para el banco Northern Rock, en el Reino Unido, y el Bear Stearns, en Estados Unidos. Esta semana se les ha pedido que vuelvan a poner las manos en el bolsillo para rescatar a Freddie Mac y Fannie Mae, los organismos hipotecarios que cuentan con el respaldo del gobierno de EE.UU.

El factor común en todos estos casos en los que hubo que recurrir a las arcas públicas, es la brecha entre las responsabilidades que se suponía que el gobierno estaba asumiendo, y los poderes que tiene el gobierno para sacarse esa carga de encima.

Fannie Mae es una organización que fue creada por el gobierno de Estados Unidos, pero que éste no podía controlar. Siempre ha resultado difícil para la gente de otros países entender por qué Fannie Mae y Freddie Mac existen en el corazón del capitalismo. En la época del New Deal, tras la crisis de los 30, las medidas que permitían a la gente de bajos ingresos comprar una casa parecían un objetivo correcto para el gobierno. En tiempos más recientes, las entidades privadas han estado muy dispuestas a proveer este tipo de hipotecas.

Pero los organismos establecidos no desaparecen sin hacer ruido, y Fannie Mae ha llegado a tener un balance cuyo tamaño total es muy grande, incluso para los parámetros de la economía de EE.UU. y el Tesoro de ese país. El modelo empresarial explotó la diferencia entre las tasas a las que se recauda dinero con una garantía implícita del gobierno, y la tasa que se aplica sobre los préstamos comercialmente. La brecha no sólo ofrecía garantías hipotecarias, sino que recompensaba a los accionistas de la compañía y, con considerable generosidad, a los propios ejecutivos de Fannie Mae.

Es evidente que si la entidad debía tener, principalmente, un fin social, nunca debería haber tenido accionistas privados. En cambio, si se hubiera convertido en una entidad financiera por derecho propio, debería haber cortado todo lazo que implicara una relación especial con el gobierno de EE.UU.