El plan para financiar hospitales, viviendas populares y caminos rurales con las retenciones móviles (todo lo que se recaude por encima de 35%), podría ver disminuidos, e incluso anulados, sus fondos antes de ponerse en funcionamiento. Esto ocurrirá si los productores de soja se presentan ante juzgados federales pidiendo pagar según el esquema previo al 11 de marzo. Ya tuvieron éxito en Rosario, Bahía Blanca y esta semana en Capital Federal, luego que la jueza Liliana Heiland (en lo Contencioso Administrativo Federal) dictaminara “inconstitucionalidad de las resoluciones 64 y 125 del Ministerio de Economía, así como de las normas” aduaneras y de otro tipo que las sustentan.

Heiland falló que no pueden realizarse modificaciones tributarias mediante decretos o resoluciones del Poder Ejecutivo Nacional, y ordenó que al querellante Santiago Gallo Llorente no se le descuente más de 35% por retenciones. Con este y los anteriores fallos exitosos, más la disposición de la Corte Suprema a fallar recién dentro de un año, se abre para los productores rurales la oportunidad de generar un corralito al revés: de ellos hacia el Estado. Siempre y cuando el Estado Nacional no logre que los fallos de primera instancia tengan efecto “en suspenso” y “no devolutivo” del dinero en disputa.

Todavía no se sabe cuántos de ellos presentarán amparos, medidas declaratorias de confiscatoriedad y/o inconstitucionalidad, o alguna otra vía legal que les permita quedarse con la parte “móvil” de las retenciones. Pero desde Sociedad Rural se deslizó que serán 100.000 presentaciones, solamente a través de esa entidad. Si se concreta esa hipótesis, o alguna más abarcativa, la pérdida o corralito será de miles de millones para el Estado.

“El dinero en litigio podría superar los $ 3.500 millones”, calculó El Cronista a fines de abril, cuando la tonelada de soja cotizaba $ 800 (ayer más de $ 1.600, según su valor FOB), la retención rondaba el 40% (ayer 45%) y se calculaba que unos 70.000 productores irían a la Justicia. Con el nuevo escenario, la recaudación podría ser mayor, pero podría serlo también el corralito sojero.

“Con el fallo de Heiland, se terminó de confirmar que el camino para los productores es acudir a la Justicia”, señaló Martín Silva Garretón, recordado juez que permitió numerosos amparos en contra del corralito financiero. “En el caso de las retenciones móviles –agregó– es preferible que presenten declaraciones de inconstitucionalidad y no amparos. Porque no es atribución del PEN cambiar esquemas impositivos, y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia dice que más del 33% es confiscatorio”.

Tan optimista como Silva Garretón es Fabio Cerutti Sacco, el abogado rosarino que le permitió a dos clientes suyos pagar 35% de retenciones tras presentar acciones declarativas por confiscatoriedad. “Desde entonces tuve cientos de consultas, aunque todavía los productores no se animan a demandar en masa”, se queja Cerutti Sacco, pero no pierde las esperanzas de hacer un buen negocio. “Todos los productores que superen las 10.000 toneladas anuales tienen capacidad de ahorro para pagar los gastos iniciales de un abogado. Una vez obtenida la victoria judicial, pagarían 15 a 20% de lo que hubiera ido al Estado”, señaló.