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Para tener una novedad, nada mejor que recurrir a los clásicos. La Presidente sostiene que las retenciones no se negocian pues son el resultado de una decisión legítima tomada por un gobierno legítimo.
A primera vista, suena razonable, aunque lo mismo podría argumentarse, por ejemplo, de los indultos de Menem. ¿O acaso no era un gobierno surgido del voto popular (incluidos el de Néstor y Cristina, suponiendo que en 1989 votaron por el candidato del PJ)?. ¿O acaso los indultos no son una facultad que la Constitución le otorga al presidente?
Sin embargo, cuando se analiza mejor la cuestión de la legitimidad de las decisiones políticas que implementa un gobierno surgido de acuerdo al imperio de la ley (como es el de CFK, a pesar de la falta de transparencia en todo el proceso electoral, particularmente en el financiamiento de la campaña), surge un viejo concepto que desarrolló el gran Cicerón y que puede ayudar a entender el complejísimo conflicto derivado del incremento de las retenciones.
Cicerón distinguía entre legitimidad de origen y de ejercicio. Es decir, cómo son electos los gobernantes y qué hacen con el poder que les delegan los ciudadanos. En este caso, la legítima Cristina parece haber tomado una decisión que, considerando el amplísimo rechazo que generó en la mayoría de la población (no sólo en los directamente afectados), puede definirse como ilegítima.
En el mismo sentido, debe recordarse que el artilugio utilizado por el Gobierno para aplicar las retenciones es una resolución de un gobierno de facto. Y que el argumento de que son una tasa y no un impuesto pierde consistencia cuando representan casi 2.5% del PBI y de ellas depende nada menos que la estrategia del Gobierno para luchar contra la pobreza y la desigualdad.
En síntesis, aunque pretenda dar vuelta esta dura página instalando nuevos temas e ignorando las protestas que no cesan, el Gobierno debería repensar mejor el diagnóstico del problema que unilateralmente generó hace más de tres meses. En ese lapso, sólo logró que empeorara, aumentado geométricamente los costos para el propio Gobierno y para todo el país.
* Analista político. Director de Poliarquía
Sergio Berensztein*