Casi como último acto de gobierno, el presidente Néstor Kirchner autorizó la fusión entre Cablevisión y Multicanal con una serie de compromisos que limitarán el grado de fuerza de mercado que la nueva empresa podría llegar a desarrollar a partir de esta medida.

Según la resolución de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNCD), conocida hoy, Cablevisión-Multicanal deberán cumplir con una serie de restricciones y obligaciones separadas en tres rubros: inversiones, programación y compromiso social.

En el primero de los casos, tendrán la obligación de presentar ante el Gobierno de Cristina Kirchner un millonario plan de inversiones para la ampliación y modernización de su infraestructura que deberán cumplir entre el 2008 y 2010. El plan, básicamente consistirá en extender la base tecnológica de la operadora en todas las localidades donde está presente a través del desarrollo de una moderna red que permitirá a más usuarios acceder a los sistemas de última generación (Internet, banda ancha y televisión digital).

En cuanto a la programación, la resolución de la CNDC obliga a Cablevisión-Multicanal a garantizar el pluralismo informativo y de programación a través de asegurarle un lugar en la grilla a proveedores de señales que puedan llegar a ser considerados competidores de alguna de las otras empresas controladas por el Grupo Clarín. El objetivo de esta medida es impedir una discriminación comercial que afecte a señales que desarrollen contenidos similares a compañías del holding que preside Héctor Magneto.

En cuanto a las condiciones que tienen que ver con el compromiso social, Cablevisión-Multicanal deberá ofrecer a hogares carenciados de su radio de acción, una tarifa social más barata que la que cobra al resto de sus abonados. Este paquete tendrá que garantizar a su vez, 10 canales adicionales a los de aire y tendrá que abarcar al 5% de los cableados de la red.

Además tendrá la obligación de ofrecer su programación gratis a hospitales, escuelas, centros de salud, residencias de ancianos, cuarteles de bomberos y destacamentos policiales. En estos dos casos, la obligación correrá sólo para poblaciones con menos de 10.000 habitantes.