Tras el presunto intento de soborno de las compañías de tickets alimentarios al diputado moyanista Héctor Recalde, el Gobierno apuró el certificado de defunción del sistema de vales en su conjunto. Las empresas y los grandes comercios también daban por hecho ayer que el final o la compresión al mínimo del mecanismo será sólo cuestión de meses, ante el escándalo que generó la denuncia y el costo político que pagaría ahora quien quisiera prolongar esos pagos extra-salariales.

El oficialismo no ahorró señales. El presidente de la Cámara de Diputados y vicegobernador bonaerense electo, Alberto Balestrini, aseguró por la tarde que “es voluntad del bloque” tratar sobre tablas el proyecto de Recalde para transformar en remunerativos todos los tickets en el plazo de 20 meses. Desde el Ejecutivo dijeron a este diario que no la vetarían.

El texto no se debatió ayer en Diputados ni figura en el temario para hoy, pero obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Legislación Laboral de la Cámara baja el mismo día de la denuncia del abogado de la CGT.

En paralelo, fuentes oficiales aseguraron a El Cronista que el Gobierno no prorrogará la vigencia del decreto de 2001 que permite a las empresas entregar $150 por mes en tickets exentos de toda carga social a los empleados que ganen menos de $1.500. La posibilidad fue creada en plena crisis mediante el decreto 815/01 propuesto por el entonces ministro de Economía, Domingo Cavallo, quien argumentó que serviría para evitar las reducciones salariales nominales que planeaban entonces muchas compañías.

El decreto 815 vencía inicialmente en 2003 pero fue prorrogado sucesivamente por el gobierno de Néstor Kirchner hasta diciembre de este año. Para seguir el año próximo debería contar primero con el aval del ministro de Trabajo, Carlos Tomada, pero en la cartera laboral deslizaron que no saldrá nada de allí relacionado con los tickets hasta que se aclare si las empresas emisoras ofrecieron efectivamente dinero a Recalde para ‘cajonear’ su proyecto.

En la Justicia, además, los pagos en vales habían sido cuestionados por un fallo de fines de abril de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.

Cerca de Tomada elogiaban ayer la iniciativa política de Recalde –con quien el ministro no tiene la mejor relación– y consideraban un hecho que el sistema desaparecerá con el tiempo. De todos modos, aclararon que ello no implicará un aval presidencial al resto de las reformas que propone el diputado para restituir los derechos de los trabajadores recortados en los últimos 30 años.

Lo que no cayó muy bien en Trabajo fue el ‘timing’ de la denuncia, dada a conocer justo el mismo día en que Tomada amplió de $15 a $25 el tope diario para los vales de almuerzo.

Los empresarios especulaban por su parte con que los tickets de almuerzo sí seguirán circulando –tal vez reciclados en una tarjeta similar a las de débito– pero que caerán los utilizados para compras domésticas. Eso representa el grueso de los $ 4.000 millones que reciben anualmente más de un millón y medio de trabajadores.

Para Recalde, el pago en tickets “es un salario en negro legalmente autorizado, es una porción del salario que ahorra muchos costos a las empresas y afecta indirectamente a los jubilados que ven desfinanciado el sistema‘, explicó.