Concurso preventivo

Vicentin: para los bancos internacionales, el cramdown sería un "salto al vacío"

Los bancos internacionales acreedores de Vicentin le pidieron a la Corte Suprema de Santa Fe que saque el concurso preventivo de la empresa de dos meses de parálisis y se lo devuelva al juez. Aseguraron que el cramdown sería nocivo y que el actual plan de salvataje es el único viable

Los bancos internacionales acreedores de Vicentin advierten que peligra del futuro de la empresa si la Corte Suprema de Santa Fe mantiene frenado el concurso preventivo de la cerealera, cuya parálisis lleva ya más de dos meses. Además, se expresaron en contra de la opción de cramdown. "Representa un verdadero salto al vacío", alertaron.

El máximo tribunal santafesino intervino el concurso preventivo de Vicentin a mediados de junio. Se lo sacó a Fabián Lorenzini, juez de Reconquista que llevaba la causa desde su inicio, en febrero de 2020, y la Corte suspendió las actuaciones, reservándose el derecho de revisarlas y revertirlas, llegado el caso. Dio lugar a una figura legal, avocamiento, que pidió Commodities S.A., un acreedor que no aceptó la propuesta de pago que había hecho la cerealera. 

Todo ocurrió apenas pocos días antes de que venciera el plazo legal que tenía la empresa para levantar la convocatoria: ya había alcanzado las conformidades mínimas que exige la ley concursal -la mitad más uno de los acreedores y el equivalente a dos tercios del capital adeudado- para homologar su propuesta de pago para reestructurar los casi u$s 1600 millones de pasivo que se verificaron en la causa.

La aceptación de ese acuerdo es una de las condiciones que puso el trío de inversores estratégicos conformado por Asociación Cooperativas Argentinas (ACA), Viterra (Glencore) y Bunge para inyectar los fondos del plan de salvataje de Vicentin.

El fantasma del cramdown

Commodities SA le pertenece al grupo rosarino Grassi, mascarón de proa de un grupo acreedores minoritarios que se opone a la oferta de Vicentin, que implica una quita del 70% y que ya fue aceptada por más de 1000 acreedores comerciales y bancos del exterior. Grassi, además, aboga por el cramdown: la conversión de deuda en acciones.

Luego del efímero y fallido intento de estatización de hace dos años, esa opción se había reactivado en los últimos meses, principalmente, impulsada por el Banco Nación, el mayor acreedor individual de Vicentin. La cerealera le debe más de u$s 300 millones a esta entidad, crédito que está calificado como privilegiado en el concurso. Eso significa que no está alcanzado por esta propuesta hecha la mayoría de los acreedores, sino que la negociación de esa deuda es independiente.

De todas formas, la alternativa del cramdown perdió fuerza tras la eyección del Nación de quienes eran sus principales promotores: el titular del banco, Eduardo Hecker, y, fundamentalmente, Claudio Lozano, quien ocupaba una silla de director.,

Ahora, a través de un escrito presentado ante la Corte Suprema de Santa Fe, la Corporación Financiera Internacional (IFC) y el banco de fomento neerlandés, FMO, integrantes del Comité de Control de Vicentin, expresaron que "el mejor interés de los acreedores exige la reanudación inmediata del trámite ante el juez natural del proceso para que se cumplan las instancias pendientes en orden de obtener una solución definitiva sobre la propuesta en análisis".

Le recordaron al tribunal que, actualmente, el 100% de los ingresos operativos de Vicentin -como el pago de impuestos y de los sueldos de sus 1200 empleados- depende de los contratos a fazón que tiene firmados y que vencen el 29 de diciembre. "La paralización en que se encuentra sumido el trámite solamente puede acarrear a los acreedores un perjucio mayor, a la vez que generar un peligro cierto de que Vicentin, habida cuenta de la situación de alta incertidumbre que, para todos los interesados, genera esta paralización, no pueda en el corto plazo negociar los contratos de fazón que hacen a su supervivencia directa, siendo que los actualmente vigentes perderán vigencia (sic) el próximo 29 de diciembre de 2022", reseñaron.

"El contexto económico general no es favorable y la paralización del concurso agrega un elemento adicional de fuerte incertidumbre que no favorecerá la caja de Vicentin, ni -por ende- la expectativa de recupero de ninguno de sus acreedores", remarcaron.

"Ciertamente, ni el proceso de cramdown ni la quiebra representan para los acreedores, ni tampoco para los trabajadores, un escenario más auspicioso que abortar de raíz la consideración de la propuesta. Máxime cuando dicha propuesta ha alcanzado ya las mayorías de la ley y se encuentra pendiente de tramitarse y resolverse", señalaron.

Apuntaron los bancos también que la Ley de Concursos y Quiebras, además, le da facultades al juez de primera instancia para atender -y, a su criterio, dar curso- eventuales impugnaciones por parte de acreedores que denuncien irregularidades (como Grassi) o, sencillamente, estén disconformes con la propuesta aprobada por la mayoría. Razón principal, alegaron, por la cual fue improcedente que, bajo la figura del "avocamiento", el concurso de Vicentin haya sido intervenido directamente por una instancia superior, como la Corte Suprema provincial.

Qué pidieron los bancos

"En el parecer de los acreedores que suscriben, el planteo del acreedor Commodities no justifica la intervención en esta instancia de la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe. Básicamente, porque restan tramitar instancias esenciales del procedimiento por medio de las cuales inquietudes o alegaciones como las que formula el acreedor Commodities pueden ser debidamente encauzadas y resuelvas en el marco y bajo el esquema que a esos efectos prevé la Ley de Concursos y Quiebras", argumentaron. Opinaron que el planteo de Grassi "luce endeble" desde una óptica técnico-jurídica.

"La transacción que hace el objeto de la propuesta concursal", recordaron, "apunta a que los inversores estratégicos realicen la inyección de fondos necesaria para que, entre otras cosas, los acreedores puedan recibir el repago de sus acreencias en los términos establecidos en la propuesta concursal realizada por la deudora, y a que aporten, además, el capital de trabajo necesario para reconducir la empresa de manera tal de continuar con la explotación de sus principales activos".

"Vicentin no está en condiciones en absoluto de realizar ninguno de esos aportes por sí misma", enfatizaron.

"La paralización del proceso (que lleva ya ocho semanas) conlleva ínsito un peligro bien concreto que habrá de redundar, sin lugar a dudas, en un perjuicio directo e irreparable a la comunidad de acreedores, ya que el trámite -que cursaba instancias decisivas al momento de la suspensión- ha quedado sumido en un estado tal de incertidumbre que torna dificultosa la negociación de cualquier prórroga de los contratos a fazón, con vencimiento el próximo 29 de diciembre de 2022", alertaron. Señalaron que, de no tener acuerdos nuevos, Vicentin se quedaría sin caja en un par de meses.

"Como en todo proceso de esta índole, la propuesta es de mucho sacrificio para los acreedores. Y el transcurso del tiempo sin una resolución agrava aún más ese sacrificio", describieron. Por eso, le solicitaron a la Corte que le devuelva el expediente al juez Lorenzini.

Agregaron que, si, como alega Grassi, hubo una propuesta fraudulenta o una venta irregular de activos -como la que atribuye al traspaso a Viterra de la parte de Vicentin en Renova-, la ley habilita a hacer impugnaciones en esa instancia: "No existe en el repertorio de jurisprudencia nacional o provincial (en todo el territorio del país) un caso en el que un pronunciamiento sobre si una propuesta concursal resulta o no abusiva o formulada en fraude a la ley, haya sido resuelto por una instancia superior mediante una vía excepcionalísima como la avocación, sin que se hubiera cursado el trámite legal de impugnaciones y pronunciado sobre la viabilidad o no de la propuesta el propio juez natural de la causa".

Los bancos internacionales -que, al inicio del concurso, habían sido muy duros en sus posiciones con Vicentin- también se manifestaron sobre el cramdown. "No se advierte, ni nadie vinculado a este proceso concursal lo ha explicado tampoco, de qué manera la apertura de un proceso de cramdown (o una eventual quiebra) contribuiría a una solución del caso favorable desde la perspectiva de los acreedores, que es la que debe priorizarse", expresaron.

"Luego de dos años y medio de trámite, nadie más que el consorcio integrado por los inversores estratégicos ha realizado un ofrecimiento concreto que sirva de base para la formulación de una propuesta", subrayaron.

"Resulta difícil, entonces, en opinión de estos miembros del Comité de Control, comprender, a la luz de esos antecedentes, en qué medida ingresar en una etapa de cramdown con total improvisación y sin que haya diseñada ni siquiera una propuesta tentativa para esa instancia crítica, pueda resultar en un escenario favorable al interés de los acreedores concursales. Por el contrario, representa un verdadero salto al vacío", concluyeron.

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