El Gobierno vuelve a la carga por Vicentin: según Alberto Fernández, ahora hay "otro escenario" para una intervención
"Creo que ahora en Vicentin se abre un nuevo escenario, que en 2020 no teníamos, y se da la posibilidad de una intervención que en aquel momento descarté", dijo el Presidente, en una extensa entrevista que publica hoy el diario Pagina 12.
El presidente Alberto Fernández dijo que el Gobierno buscará nuevamente avanzar en la intervención de Vicentin, el grupo agroalimentario en crisis cuyo intento de expropiación en 2020 le generó a la administración del Frente de Todos uno de los primeros reveces políticos del mandato al punto que debió desistir de la idea en medio de banderazos y marchas con participación de la oposición.
."Creo que ahora en Vicentin se abre un nuevo escenario, que en 2020 no teníamos, y se da la posibilidad de una intervención que en aquel momento descarté", dijo el Presidente, en una extensa entrevista que publica hoy el diario Pagina 12.
Según el jefe de Estado, la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe de desplazar al juez del concurso de acreedores de Vicentin permite contar con "un escenario más favorable" que el que existía en el inicio del proceso.
"Una empresa testigo que te ordene el mercado no es algo menor (...) Nosotros en materia alimenticia tenemos que hacer algo que nos permita de algún modo intervenir para ordenar estas cosas. No se trata de la Junta Nacional de Granos, sino de buscar más herramientas. En su momento, la alternativa (de estatizar) Vicentin la descarté. En ese momento, dije lo descarto, porque era hacerle un favor a los acreedores, no a la Argentina", señaló el jefe de Estado en el reportaje.
"En el escenario actual, en el que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe ha intervenido y se podría dar la posibilidad de cramdown "que es una propuesta de solución de la deuda hecha por los acreedores principales, en este caso el Banco Nación-, yo dije estudiémoslo porque es posible. Lo que no es posible es esta lógica de "expropiemos empresas de cualquier modo" porque después se paga lo que no corresponde. Y yo no quiero hacer eso", subrayó el Presidente.
"El Banco Nación es un acreedor privilegiado y puede ser determinante de la quiebra o de la continuidad. Ahora, si somos garantes de la continuidad, entonces pondremos las condiciones para que sea posible", agregó.
El anticipo de Alberto se dio en un contexto de la entrevista en el que el Presidente se refirió a la cuestión de la inflación, en particular la de los alimentos, respecto de lo cual dijo que "es necesario repensar la estructura del sector alimentario", alternativa para lo cual considera que "tener una empresa del Estado que ordene el sector, como YPF" en hidrocarburos y combustibles, no es un tema menor para lograrlo".
Las declaraciones de Alberto echan luz también sobre una de las movidas oficiales más recientes en relación a la empresa, cuando la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) le solicitó al trío de interesados en entrar al capital accionario de la cerealera -la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Viterra Argentina y Bunge, que se sumó al consorcio tras la salida de Molinos Agro- que informe la transacción, en caso de concretarse.
El organismo, que depende de la Secretaría de Comercio, en ese entonces encabezada por Roberto Feletti, hizo este pedido para analizar "si la operación de concentración que emerge como consecuencia del proceso falencial restringe o distorsiona la competencia, de modo que puede resultar un perjuicio para el interés económico general".
La decisión generó cierta sorpresa ya que, como explicó El Cronista, no es usual que Defensa de la Competencia haga una solicitud de esa naturaleza. Por lo general, los protagonistas de una compra o fusión de empresas le presentan los papales para su aprobación luego de firmada la transacción. Algo que, todavía, no ocurrió, ya que el ingreso de las tres empresas a Vicentin no es un acuerdo ya cerrado, sino supeditado, en primera instancia, a que la cerealera logre las conformidades necesarias para reestructurar los más de u$s 1500 millones a los que asciende la deuda verificada de su concurso.
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