La licitación para construir en Mendoza una represa que generará mas del doble de energía que Potrerillos y que involucra un presupuesto de alrededor de u$s 1.000 millones divide a tres de las mayores constructoras de la Argentina como son IECSA, Cartellone y Pescarmona.
Se trata de la hidroeléctrica Los Blancos, sobre el río Tunuyán, cuyo proceso licitatorio comenzó en diciembre de 2008, y que pasó por la etapa de apertura de las propuestas económicas en junio de 2011. Pero a pesar de los ocho meses que han pasado desde ese momento, aun no fue adjudicada.
Presiones, acusaciones, luchas internas y presentaciones contra el emprendimiento en el Congreso mendocino han demorado la puesta en marcha de esta represa que aportará 486 megavatios al mercado energético nacional.
El 17 de junio de 2011 se abrieron los sobres económicos. Hubo tres ofertas: la de una UTE formada entre IECSA y el grupo brasileño Contern Construcoes; IMPSA y Cartellone. La primera fue por $ 4.685 millones; la segunda por $ 5.600 millones y la tercera por, $ 5.431 millones. Es decir, entre la más económica y la más cara existe una diferencia de casi $ 1.000 millones.
La obra prevé la construcción de dos centrales hidroeléctricas y dos presas, y la venta de energía al mercado mayorista que controla Cammesa.
Tras conocerse las propuestas, el entonces gobernador Celso Jaque optó por no continuar con el proceso de adjudicación que ahora está en manos de su sucesor Francisco Pérez, quien fuera Ministro de Infraestructura, al momento de la licitación.
La oferta de IECSA abrió un pedido de informes en el Senado mendocino, y en alguno sectores se especula con que la licitación puede ser declarada desierta, aunque fuentes del propio gobierno provincial desestimaron esta posibilidad. Actualmente, funciona una comisión evaluadora que se encuentra analizando las tres propuestas y que debería brindar su fallo al gobierno provincial Desde el gobierno nacional siguen de cerca el proceso. Fuentes del Ministerio de Planificación Federal confirmaron ante El Cronista que analizan la evolución de la obra debido a la decisión de implementar políticas de aumento de energía.
De hecho, si bien parte de la obra será financiada por la empresa adjudicataria, también tendrá un aporte del Estado nacional.