Por lo menos hasta octubre, el Gobierno mantendrá la intervención oficial sobre Metrogas como ya lo viene haciendo desde junio de 2010. La decisión, publicada en el Boletín Oficial de ayer, forma parte de la estrategia del kirchnerismo para convertir al Estado en el controlante de la distribuidora de gas que brinda servicios a 2,2 millones de clientes en Capital Federal y el ámbito bonaerense. De hecho, tras su desembarco en YPF, el Gobierno ya es un jugador de peso en Metrogas, Esto se debe a que Gas Argentino (GASA), controlante del 70% de Metrogas, es una sociedad en la que YPF posee 45,33% del capital, otro 54,67% está en manos de British Gas (BG). Del 30% restante, un 20% flota en Bolsa y otro 10% es del personal.

Si bien, los representantes de YPF en Metrogas fueron designados por los Eskenazi y Repsol, en la próxima asamblea de la distribuidora que se llevará a cabo en julio se conocerán los nuevos enviados de la petrolera. Se espera que sean reemplazados por tropa del ministro de Planificación, Julio De Vido, y del viceministro de Economía, Axel Kiciloff.

Y se asegura que, a partir de ese momento, comenzará el traspaso del control de Metrogas a manos del Estado, con el fin de evitar que quiebre.

De hecho, ayer las autoridades consideraron que la necesidad de “mantener las funciones de fiscalización y control encomendadas en Metrogas”, tienen que ver con que “la empresa no ha aportado las soluciones para su normalización”.

Metrogas está en default desde 2010, tras pedir a la Justicia la apertura de su concurso preventivo para renegociar el pago de una deuda de u$s 250 millones. En ese momento, su management culpó del deterioro financiero a la falta de actualización de las tarifas, congeladas desde hace 12 años.

También desde esa fecha está intervenida por el Gobierno que designó a Antonio Gómez como su representante para fiscalizar y controlar los actos administrativos de la compañía con la excusa de evitar que el default pueda afectar su servicio.