Bruselas reclama a Apple 13.000 millones de euros por impuestos

Tras tres años de investigaciones, la Comisión Europea concluyó que la compañía se benefició de ventajas fiscales ilegales en Irlanda entre 2003 y 2014. Se trata de la mayor sanción impuesta nunca a una empresa en el Viejo Continente.  

Duro golpe de Bruselas a la ingeniería fiscal de las multinacionales norteamericanas. La Comisión Europea ha ordenador hoy a Irlanda que recupere hasta 13.000 millones de euros, más intereses, en impuestos no pagados por Apple entre 2003 y 2014.

Con esta decisión, la Comisión pone fin a tres años de investigaciones, que han llevado en riguroso secreto, y concluye que las ventajas fiscales concedidas por las autoridades irlandesas a la firma que dirige de Tim Cook son ilegales y van en contra de la legislación comunitaria.

"Los Estados miembros no pueden conceder beneficios fiscales a empresas selectas. Esta práctica es ilegal bajo las reglas de la Unión Europea sobre ayudas estatales", señaló la comisaria europea de Competencia, Margrethe Vestager, quien lamentó que Dublín haya permitido a Apple "pagar significativamente menos durante muchos años".

Irlanda aplica una tasa sobre beneficios de 12,5%, pero gracias el trato selectivo que le han brindado las autoridades del país durante años al gigante de la manzana, Apple lograba tributar menos de un 1% en el Viejo Continente. En concreto, esta cifra apenas llegó al 0,005 de sus beneficios en 2014, según denunció Vestager.

Bruselas sostiene que el tratamiento fiscal ventajoso de Dublín permitió a la empresa eludir el pago de impuestos sobre la mayor parte de sus beneficios generados por la venta de sus productos en todo el mercado único europeo, es decir, también en el resto de países miembros.

"Esto se debe a la decisión de Apple de registrar todas sus ventas en Irlanda, en lugar de en los países donde las ventas se efectuaban", recalcó la Comisión en un comunicado.

La sanción es la más alta impuesta nunca a una empresa en el Viejo Continente y supera ampliamente los 1.400 millones de euros de penalización que se impuso en 2014 a la francesa EDF, así como los 30 millones que la Comisión ordenó recuperar a Holanda de la cadena de cafeterías Starbucks y a Luxemburgo de Fiat Chrysler.

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