UN INFORME DEFIENDE EL USO DE LOS TRANSGÉNICOS PARA EL AGRO

Biotecnología agrícola: aseguran que aportó al país u$s 127.000 millones

Es desde la introducción de los cultivos genéticamente modificados en 1996. Del total, un 66% de los beneficios fueron al sector productivo y 26% al Estado Nacional

En momentos en que se discute a nivel nacional la nueva Ley de Semillas, que verá la luz recién a mediados de 2017, en donde se discute respecto del uso propio, el pago por la tecnología de la semilla y el control estatal, el Consejo Argentino para la Información y el Desarrollo de la Biotecnología (ArgenBio) difundió un informe que resalta el aporte de los cultivos genéticamente modificados (GM) a lo largo de los últimos 20 años.
Según un estudio realizado por el investigador Eduardo Trigo, el proceso de adopción de estos cultivos, desde la introducción de la soja tolerante al herbicida glifosato en 1996, le reportó al país un beneficio bruto acumulado de u$s 126.969,27 millones, de los cuales un 66% estuvieron destinados al sector productivo, un 8% a los proveedores de tecnología (semillas y herbicidas) y un 26% al Estado Nacional, a través de retenciones a la exportación. Del total, unos u$s 118.355,91 millones correspondieron a la soja, unos u$s 5510,5 millones al maíz y u$s 3102,86 millones al algodón.
El monto se calcula en base a la utilización de cultivos genéticamente modificados, que por ejemplo, en la campaña 2015-2016, alcanzó las 24,5 millones de hectáreas en todo el país, y que "hoy representan casi la totalidad del área cultivada en distintos cultivos como la soja, maíz y algodón".
Más allá de precisar gran cantidad de datos de la evolución de los cultivos, como señalar que a lo largo de estos 20 años este excedente habría creado un total de 2 millones de puestos de trabajo, el informe defiende el uso de los transgénicos (históricamente criticados por organizaciones ecologistas a lo largo de todo el mundo, al esgrimir un daño perjudicial para la salud), al punto de resaltar la importancia de "mantener a la biotecnología agrícola como una política de Estado". "El desafío es generar las condiciones institucionales para que dichas tecnologías se hagan disponibles. El respeto a la propiedad intelectual, los marcos regulatorios sólidos y basados en ciencia, así como las negociaciones internacionales efectivas, son aspectos clave para alentar las inversiones en investigación y desarrollo", sostiene el informe.
En esa defensa, menciona los impactos ambientales relacionados con los cultivos genéticamente modificados, haciendo énfasis en la sinergia entre la adopción de estas tecnologías y la práctica de la siembra directa, afirmando la influencia en la conservación de los suelos, las emisiones de gases de efecto invernadero, el secuestro de carbono y la eficiencia energética de las labores agrícolas.
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