Los juicios pendientes

El reclamo holdout no es la única batalla legal que afronta el país en el exterior. Los focos se centran en la situación argentina en el Ciadi y en la OMC. Caso por caso, el estado procesal de cada expediente. Qué se reclama. Qué se otorga.

Más de una veintena de arbitrajes ante el Ciadi, un par de decenas de denuncias ante la OMC, un reclamo del Club de Paris, otro de los holdouts en Nueva York, algunas cuestiones al interior del Mercosur y un puñado de expedientes bajo las normas Uncitral conforman el cuadro de reclamos económicos que enfrenta la Argentina ante tribunales internacionales.
Ni la Procuración del Tesoro de la Nación ni el Ministerio de Economía brindan información, siquiera sobre la lista de procesos pendientes. Algunos estudios jurídicos que representan a los reclamantes también prefieren mantener un bajo perfil y, aunque mucha de la información es internacionalmente pública (a través del sitio del Centro Internacional de Arbitraje de Inversiones -Ciadi- que depende del Banco Mundial o del de la Organización Mundial de Comercio), los datos caen con cuentagotas y el rompecabezas se arma con paciencia.
Es que, por ejemplo, los casos que se llevan bajo las normas Uncitral no constan en un registro oficial (aunque se sabe que, entre ellos, está el de Scotiabank (BNS) y el de ICS Inspection and Control Services Limited) y, en el caso de los dos primeros organismos, si bien la información existe es parcial (no figuran los montos reclamados, por ejemplo) o técnica al borde de lo críptico.
Para la conformación de la fotografía, en el mercado, se dice, por ejemplo, que sólo los reclamos ante el Ciadi ascienden a una suma total de u$s 20.000 millones. Sin embargo, teniendo en cuenta que la mayoría de los laudos condenatorios que ha habido hasta ahora oscilaron entre los u$s 50 y 250 millones de indemnización, es probable que ese número se vaya desintegrando a medida que los procesos avancen.
Se comenta, también, que sólo el último de ellos, iniciado por Repsol el año pasado, ronda los u$s 10.000 millones, aunque expertos en la materia señalan que habrá que probar el valor de la empresa al momento de producido el daño invocado.
Lo que sí se sabe a ciencia cierta es que de las condenas que ha tenido la Argentina todavía no ha pagado ninguna y, vale aclarar, los vencedores tampoco han exigido ese pago localmente.
En esa situación están los casos Azurix y CMS (norteamericanos), y al menos dos llevados bajo las reglas de Uncitral (British Gas y el de National Grid, cuya condena al estado argentino fue a pagar u$s 54 millones).
Dicho lo anterior, el mapa de casos que se presenta a continuación y el estado general de los reclamos fue confeccionado en base a fuentes públicas internacionales y la colaboración de decenas de abogados. Entre los que aceptaron participar con nombre y apellido se cuentan Ezequiel Cassagne y Julio Durand, ambos socios de Cassagne Abogados; María Inés Corrá (socia) y Federico Campolieti (asociado senior) de M. & M. Bomchil; Uriel O'Farrell (Estudio O'Farrell); Jorge Pérez Alati (Pérez Alati, Grondona, Benites, Arntsen & Martínez de Hoz (h)), y Luis Erize (Abeledo Gothheil).CIADIEn el CIADI, los tribunales arbitrales establecieron la responsabilidad del Estado argentino, difiriendo la decisión respecto de los daños y perjuicios para establecer el quantum de la pena en los reclamos presentados por:
* Suez, Sociedad General de Agua de Barcelona S.A. e Interagua Servicios Integrales de Agua S.A.. El 3 de agosto de 2011 se designó un experto para que cuantifique los daños sufridos por la actora.
* Lo mismo y desde la misma fecha ocurrió en Suez, Sociedad General de Aguas de Barcelona y Vivendi Universal S.A., donde también se estableció que la Argentina es responsable por no haber otorgado un trato justo y equitativo a las inversiones efectuadas por las empresas accionantes, de conformidad con lo dispuesto por los tratados internacionales que vinculan a las partes.
* En SAUR International, el 14 de enero de este año, la Argentina presentó un memorial y un reclamo vinculado al quantum.
* En Mobil Exploration & Development Inc. Suc. y Movil Argentina S.A., el 15 de julio de 2012, la empresa presentó una declaración de costos y el Estado hizo lo propio tres días después.
* En el caso de Total S.A., el 27 de diciembre de 2010, el tribunal interviniente emitió una decisión relativa a la responsabilidad de la Argentina por la violación de algunas de las cláusulas contenidas en el Tratado Bilateral de Inversión que vincula a las partes. Allí también está pendiente la determinación del quantum de la pena.
Por su parte, en estas causas, lo que está pendiente es la resolución del pedido de anulación del laudo dictado por el tribunal arbitral. Así:
* El Paso Energy International Company, con una condena por u$s 43,03 millones, más intereses compuestos semestralmente sobre esa suma a la tasa de Libor más 2% desde el 1 de enero de 2002 hasta la fecha del pago total.
* En Daimler Financial Services AG, el 22 de agosto de 2012, el tribunal arbitral desestimó las pretensiones de la demandante en su totalidad y ésta se presentó ante el Ciadi, el 27 de diciembre de 2012, y solicitó la nulidad de esa resolución.
* En Impregilio S.p.A., el 21 de junio de 2011, el tribunal arbitral resolvió condenar al Estado argentino a abonar u$s 21,29 millones, más intereses anuales compuestos a una tasa del 6%, a partir del 11 de julio de 2006 hasta la fecha efectiva de pago, y la Argentina solicitó la nulidad del pronunciamiento y presentó el correspondiente memorial, el 26 de junio del año pasado. El 23 de enero, en tanto, la reclamante realizó su última presentación vinculada a la solicitud de nulidad del laudo.
En las causas Sempra Energy International y EDF International S.A., SAUR Inter-national S.A. y León Participaciones Argentinas S.A. se dictaron laudos favorables a las empresas, que luego fueron anulados. A partir de entonces, se constituyó un nuevo tribunal para su tratamiento.
Siempre hablando del CIADI, ocho de las causas abiertas contra la Argentina se encuentran suspendidas (algunas desde 2008) en virtud de sucesivos acuerdos a los que han arribado las partes. Así: Enron Creditors Recovery Corporation y Assets, L.P.; LG&E Energy Corp., LG&E Capital Corp. y LG&E International Inc.; AES Corporation; Camuzzi International S.A.; Gas Natural SDG S.A.; Enersis S.A.; Electricidad Argentina S.A. y EDF International S.A. y Unisys Corporation.
La suspensión de estos procedimientos sugiere que se alcanzó algún tipo de acuerdo, distinguiéndose los casos de inversores que permanecen en la Argentina, de aquellos que se retiraron del país.
De todas formas, según aseguró una de las fuentes consultadas, el Estado argentino ya ha incumplido más de uno de esos convenios, quedando habilitada la vía para continuar con el reclamo. Esto último, sin embargo, hasta ahora no ha ocurrido.
Retomando, entonces, la lista de reclamos, en estado inicial del proceso se encuentran Abaclat, Giovanni Alemanni, Hochtief Aktiengesellschaft, Ambient Ufficio S.p.A., Teinver S.A., Transportes de Cercanías S.A. y Autobuses Urbanos del Sur S.A., y Repsol S.A. y Repsol Butano S.A., presentado el 18 de diciembre de 2012.
En términos generales, la mayoría de los reclamos que se plantean ante el Ciadi son por compensaciones por los daños causados por las medidas de emergencia y pesificación adoptadas en 2002, aunque también los hay más recientes por situa-ciones de expropiaciones o nacionalizaciones, y dos vinculados a los holdouts.
En este punto, del total de casos presentados (más de 50 entre Ciadi y Uncitral) 21 están pendientes de resolución o temporariamente suspendidos por acuerdos de parte, y 31 están concluidos con:
* 1 rechazo del reclamo del inversor;
* 14 transados / renunciados;
* 4 declaraciones de incompetencia;
* 12 hicieron lugar al reclamo del inversor total o parcialmente.
Sometidos a proceso de nulidad, en tanto, se cuentan:
* 4 nulidades rechazadas;
* 4 total o parcialmente anulados (2 iniciaron nueva demanda);
* 3 pendientes;
* 1 transado.En la OMCPuestos a discutir ya no inversor contra país, sino estado contra estado, en la Organización Mundial de Comercio (OMC) se encuentra el grueso de reclamaciones, generalmente por cuestiones de dumping o trabas a las importaciones. Recientemente, se supo que se unificarían en un solo panel los reclamos de la Unión Europea (UE), los Estados Unidos, Japón, México, Australia y otros tantos países contra la Argentina, por la restricción a las importaciones.
Específicamente, estos estados impugnan la declaración exigida como condición para autorizar las importaciones; los diversos tipos de licencias exigidos para importar determinadas mercancías, y la supuesta demora sistemática en la concesión de la autorización de importación, la no concesión de dicha autorización o la supeditación de la misma a que los importadores asuman determinados compromisos que supuestamente restringen el comercio".
La Argentina, en tanto, señala que buena parte de estas cuestiones ya no están vigentes y, por lo tanto, la cuestión se ha vuelto abstracta. Repasando el listado que ofrece la OMC, la Argentina aparece, como reclamante, en 18 casos y, como demandado, en 22 (algunos terminados). En el ranking por país, los Estados Unidos baten el récord de reclamos en su contra (119), seguido por la UE (73), China (30), India y la Argentina (22 cada uno). En la región, Brasil tiene 14 reclamos en su contra; Colombia, 3; Venezuela, 2, y Uruguay, 1.
En otros foros, el Club de Paris le reclama a la Argentina una deuda por u$s 6.667 millones, mientras que, al cierre de esta edición, en Nueva York se debatía el pago de los u$s 1.330 millones a los holdouts. Sobre este reclamo, no se descarta que los demandantes recurran ante el Ciadi si una sentencia de la Cámara de Apelaciones del Segundo Distrito de Nueva York le ordenara a la Argentina pagar y el país decidiera no hacerlo.
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