Correos: un mundo entre cartas y paquetes

Además de provocar un aluvión de críticas, el acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino dejó un tendal de off the records a la hora de analizar los principales desafíos legales del sector. Cuatro fuentes consultadas en esta nota pasaron del on al off entre el antes y el después del affaire, y otras dos cancelaron directamente su participación.

"La normativa que rige el mercado postal regula las condiciones para brindar los servicios de correo y mensajería urbana. Con el fin de lograr un efectivo control y promover la competencia leal, se creó el Registro Nacional de Prestadores de Servicios Postales y, posteriormente, el Subregistro de Prestadores de Servicios de Mensajería", se lee en la página del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom).

Uno de los principales abogados de la industria está trabajando activamente en "una revisión integral" de esa normativa. Se trata, originariamente, del decreto 1187 de 1993, una norma "incompleta" que se encuentra "estructuralmente obsoleta, considerando que, en estos más de 20 años, el sector ha sido impactado por la irrupción y la difusión de las tecnologías de la información y las comunicaciones", señala.

Según Infoleg, agencia de información legislativa del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, el decreto en observación modifica cuatro normas y es, a su vez, modificado o complementado por otras 48 resoluciones y decretos.

El mayor problema, sin embargo, no es estrictamente propio del sector y subsector, sino mucho más general. Tiene, coinciden dos de las fuentes consultadas, nombre y apellido: sindicato de choferes de camiones. "El sindicato hace que los costos del sector aumenten considerablemente. Las empresas, para evitarlos, tercerizan buena parte de su trabajo en fleteros no afiliados (ni identificados)", indicó el abogado de un usuario más que intensivo de estos servicios.

Los grandes players locales, afirmaron las mismas fuentes, se manejan con estos criterios de "outsourcing" para evitar los mayores costos. Así, si bien tienen a su personal sindicalizado, al momento de encargar los transportes trabajan con otras firmas. De allí la puja sindicatos-empresas.

Entran en juego, entonces, los mencionados registro y subregistro, y la necesidad de actualizar el sistema.
Sucede que, en materia de regulación, "el gran tema es la distinción entre servicios postales, contemplada en la Ley de Correos y una serie de decretos reglamentarios, versus la actividad logística, a la que se le aplica la normativa general del Código Civil y Comercial", dice el abogado del heavy user. Los costos y las obligaciones para una y otra actividad son bien distintos, pero en la normativa vigente "no existe una pauta clara sobre qué es servicio postal y qué es servicio logístico", agrega. Tampoco, dice, hay sanción para la empresa de logística que preste un servicio postal.

Para este último, rige la inviolabilidad de la correspondencia, prevista en la Constitución Nacional.
La empresa postal, entonces, no tiene obligación ni posibilidad legal de saber qué transporta. Esto, en principio, no aplica cuando el traslado lo hace una de logística.

Otro frente, en este sentido, es lo que algunos denominan "competencia desleal" por parte de los micros de media y larga distancia, a través del servicio de encomiendas.

"Hay proyectos de modificación a la normativa vigente, pero no tiene una agenda de aprobación en el corto plazo", reconoce la propia fuente. Avanza la misma voz al decir que también se advierte una "cartelización entre las empresas postales, al menos en lo que refiere a la distribución del mercado y el establecimiento de barreras para evitar el ingreso de otros competidores". Así, en distintas jurisdicciones los envíos de unos los hacen otros.

Más voces

Un abogado de una importante empresa del sector reconoce que la disminución del volumen de operaciones postales y el crecimiento exponencial de la paquetería liviana es uno de los principales desafíos que enfrentan.
"En la última década, fuimos realizando los ajustes correspondientes para enfrentar un cambio paulatino, pero la Comunicación A5886 del Banco Central, que puso en cabeza de los bancos la elección del modo de envío de los resúmenes de cuenta, aceleró el mencionado proceso. Esa decisión hizo que lo que era una curva previsible de caída en el volumen de piezas postales se hiciera abrupta, dejando a las empresas sin capacidad de reacción", lamenta.

Luego, con la modificación de la Ley de Defensa del Consumidor mediante la Ley 27.250, la decisión de cambio quedó en mano de los consumidores, previendo que son ellos quienes deben elegir el modo de envío de los resúmenes de cuenta.

En ese contexto, "la revisión del marco normativo que regula la actividad sería saludable, de modo tal de abordar los desafíos que presenta el crecimiento del e-commerce, protegiendo adecuadamente a los consumidores y evitando la competencia desleal que enfrentan las empresas del sector", dice.

Retomando la distinción entre servicios postales y de logística, este abogado apunta que en las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, La Rioja, Mendoza y Tucumán, las alícuotas de ingresos brutos para la actividad de correo superan las previstas para las de transporte o logística, llegando hasta a triplicarlas.

Un cuarto abogado, que estuvo a cargo del área legal de uno de los grandes players en el país y que sigue sumamente vinculado al sector, señaló que los tres desafíos legales de la actividad son el marco regulatorio, "sin más pretensiones en una primera etapa que cierta claridad en los tipos de servicios y de los requisitos de los prestadores; la cuestión vinculada al reconocimiento normativo de la figura del fletero o trasportista independiente, que zanje la discusión sobre la naturaleza de dicho vinculo, y moldear los nuevos perfiles contractuales a todo lo vinculado al mundo digital".

En medio de este escenario, según datos oficiales, la facturación total del mercado postal, telegráfico, monetario, mensajerías y otros del tercer trimestre de 2016 fue de $ 5.562,06 millones. El Correo oficial contribuyó con el 39% y los operadores privados inscriptos con un 61%.