San Pablo y Río de Janeiro, las dos mayores ciudades de Brasil, anunciaron ayer una reducción del precio de los pasajes de colectivos tras la ola de protestas que viene sacudiendo en los últimos días al país y que tomó por sorpresa a todo el arco político brasileño, especialmente al gobierno.
Tras siete días de protestas en la mayor ciudad del país, el alcalde de San Pablo, Fernando Haddad, anunció su decisión de revocar el aumento del valor del pasaje de colectivo desde 3,00 reales (unos u$s 1,36) hasta 3,20 reales (unos u$s 1,45), que había entrado en vigor a principios de este mes. También el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes, anunció una reducción de 20 centavos de real, con lo que las tarifas regresarán a los 2,75 reales (u$s 1,25) que regían antes del aumento.
A su vez, los gobernadores de esos dos estados anunciaron que la reducción se extenderá a los pasajes de metro y de trenes urbanos, (que son concesión de las provincias), aunque hicieron la salvedad de que para poder reducir las tarifas se elevará el subsidio al transporte público, lo que implicará recortes de inversiones y de gastos en otras áreas.
El martes, los alcaldes de al menos seis ciudades brasileñas, entre ellas capitales importantes como Recife y Porto Alegre, ya habían anunciado la reducción de las tarifas o la revocación de los decretos que reajustaron los pasajes.
Pese a que la suba del transporte fue el motivo que originó en un principio la ola de protestas en todo el país a eso luego se sumó el reclamo por el excesivo gasto público en el fútbol, la corrupción, la represión policial y deficiencias en salud y educación el anuncio de marcha atrás con el tarifazo no aplacó el enojo de los manifestantes. De hecho anoche, tras el anuncio, unos 5 mil manifestantes se concentraron en Niterói, una localidad en el área metropolitana de Río de Janeiro, y paralizaron el tránsito por el principal puente de la región reclamando mejores servicios públicos. En respuesta a las protestas, el Senado desempolvó ayer un proyecto de ley que analiza desde hace cinco años para reducir los impuestos sobre el transporte público. Según el senador Lindbergh Farias, del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), el plan fue analizado ayer mismo con el ministro de Hacienda, Guido Mantega, y podría ser aprobado en breve.
Las manifestaciones que no dieron tregua en estos últimos 10 días tomaron por sorpresa al gobierno y a los partidos políticos de Brasil. El país contempla atónito el surgimiento de un amplio proceso de masas, de movilización y de lucha y los políticos deben tener la generosidad de saber oír, declaró ayer el ministro de la Secretaría de la Presidencia, Gilberto Carvalho, quien el sábado pasado había tildado de infantiles las protestas. Inicialmente fueron convocadas por el movimiento Pase Libre de San Pablo, que no tiene líderes visibles, se dice ajeno a los partidos políticos, los repudia y sostiene que no representan a la sociedad civil. El inesperado enojo amenaza con golpear la popularidad de la presidenta, Dilma Rousseff, que según un sondeo divulgado ayer ha comenzado a ser minada sobre todo por la inflación, que acumuló 2,88 % entre enero y mayo pasados (ver aparte).
En medio de la Copa Confederaciones de fútbol, las protestas se han extendido al gasto público en ese torneo y el Mundial de 2014, que el Gobierno ha revisado al alza y situado en unos u$s 12.325 millones.
Las fuentes del PT consultadas por Efe dijeron que esas protestas también inquietan al partido porque temen que puedan repetirse en 2014, en pleno Mundial. El torneo coincidirá con el inicio de la campaña para las elecciones de octubre de ese mismo año y, aunque Rousseff aún no lo confirma, todo indica que se postulará a la reelección. Los temores del PT radican en que si la economía no reacciona para entonces, las protestas contra el Mundial puedan contaminar la campaña y complicar la posibilidad de que ese partido continúe en el poder otros cuatro años.
