Hartos de tener que pagar el costo de la crisis, miles de personas tomaron ayer las calles en toda España para protestar contra las nuevas medidas de ajuste aprobadas por el gobierno de Mariano Rajoy para cumplir con la meta de reducir el abultado déficit público del país, en la primera gran movilización nacional de un verano que los sindicatos auguran cargado de tensión social.
La protesta, convocada el mismo día en que el Congreso convalidó los ajustes fiscales y de la función pública por un total de 65.000 millones de euros en dos años y medio, se produce al final de una semana marcada por las manifestaciones espontáneas, sobre todo de los empleados públicos, uno de los colectivos más afectados por los ajustes.
Es una auténtica agresión contra trabajadores desocupados, de la función pública, autónomos, profesionales, contra las capas medias que se van a ver empobrecidas directamente por la aplicación de este plan, dijo el líder de Comisiones Obreras, Ignacio Fernández Toxo, en una rueda de prensa en Madrid antes del inicio de la manifestación en la capital.
Las medidas de austeridad dictadas por la Unión Europea y el FMI a cambio del rescate a la banca española por 100.000 millones de euros, que precisamente ayer obtuvo la luz verde del Parlamento alemán incluyen entre otras cosas la suba del IVA del 18 al 21% así como la aplicación de esa tasa a servicios que hasta ahora tenían un IVA reducido (como cine, peluquería, asistencia sanitaria o dental, entre otros). También se recortan los subsidios por desempleo, se elimina el pago del bono de Navidad al sector público y se amplían las privatizaciones de servicios públicos (puertos, trenes y aeropuertos). Se trata del ajuste más duro de la era democrática.
Con esos recortes, el gobierno de Rajoy espera cumplir los objetivos de déficit público pactados con la UE, que supondrán pasar de un déficit del 8,9% del PBI en 2011 al 2,8% en 2014.
Las protestas han ido en aumento desde la semana pasada y los sindicatos ya advirtieron que se extenderían al mes de agosto, pese a ser un periodo tradicionalmente vacacional.
Como ya han advertido economistas como el premio Nobel Paul Krugman, los sindicatos consideran que este ajuste, sumado a la reforma de flexibilización laboral que Rajoy aprobó apenas llegó al poder, plantean un panorama desolador que sólo destruirá empleo (el paro está en 25%) y profundizará la crisis. Los sindicatos han convocado una huelga del sector público para septiembre, en lo que podría ser preludio de otro gran paro a nivel nacional, luego del realizado a fines de marzo en rechazo a la reforma laboral.
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