Las protestas y los piquetes a favor y en contra de la actividad minera, que se han realizado en distintas localidades de Catamarca y otras provincias, instalaron un debate en la ciudadanía de todo el país.

Periodistas que cubrían estas manifestaciones fueron víctimas de agresiones, amenazas o debieron enfrentar obstáculos para difundir los hechos.

Un equipo periodístico de canal 10, de Catamarca, fue agredido físicamente y sufrió el robo de equipos. La locutora María Márquez, de FM La Perla, recibió una amenaza de muerte anónima al aire. Los miembros de la Asamblea El Algarrobo, de Andalgalá, denunciaron que la emisora La Voz del Algarrobo, que se transmite por FM 105.3, fue interferida durante 10 horas. El periodista Julio Bazán, de Canal 13, de la Capital Federal, fue hostigado y denunciado por ‘intimidación pública‘ por parte de un grupo de activistas promineros.

La libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole está consagrada en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) solicita a las autoridades que garanticen el libre ejercicio de la función periodística y, por extensión, el derecho ciudadano a la información.