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Los aumentos de salarios por decreto amplían la desigualdad

El salario real de los trabajadores formales retornó a los niveles predevaluación. Sin embargo, el de los empleados en negro continúa 30% por debajo

Los sucesivos aumentos salariales que decretó el Gobierno, si bien incentivan en consumo, no logran reducir la creciente desigualdad en la distribución del ingreso. Más aún, al ampliar la brecha de costo laboral entre un trabajador formal y otro no registrado, esta política de intervención en el mercado de trabajo también desalienta la creación de empleos formales.

Estas son las conclusiones de un informe dado a conocer ayer por la Sociedad de Estudios Laborales (SEL) que comanda el economista Ernesto Kritz. En el documento se estima que el aumento de sueldos (no remunerativo) de $ 50, que entrará en vigencia a partir de enero, generará un incremento en el consumo del 1,8%, lo cual a su vez podría desatar un alza del 1,1% en el PIB. “Desde un punto de vista macroeconómico, este es un resultado significativo. Con un arrastre estadístico cercano al 3%, la política salarial ayudará a que en 2004 el PIB crezca por encima de lo pautado en el presupuesto nacional y en el acuerdo con el FMI”, explicó Kritz.

Sin embargo, no todas son buenas, ya que según el especialista “lo que esta política no toma en cuenta, sino que más bien puede acentuar, son las disparidades entre sectores y empresas, como tampoco contempla la lógica microeconómica de las escalas salariales”.

En rigor, con el incremento de $ 50 los trabajadores privados registrados estarán cerca de recuperar la totalidad del poder adquisitivo que perdieron a partir de la devaluación y el alza en el nivel de precios que este proceso generó. Un ejercicio que realizó la SEL brinda los siguientes datos: a mediados del año pasado (antes del primer decreto de aumento) el salario real de los trabajadores había caído 23%. Pero en octubre de este año, tras los sucesivos incrementos de haberes decretados por el Gobierno, la caída en términos reales (frente a los niveles de diciembre de 2001) se redujo a tan solo 8%.

“Si bien la emergencia parece en vías de superación en el sector formal, no ocurre lo mismo con el sector informal”, advirtió Kritz. En sentido, vale destacar que el salario real de los trabajadores informales -que constituyen más del 40% del total de la masa salarial- no muestra signos de recuperación. De hecho, según los datos de la SEL, continúan padeciendo una caída real de sus haberes del casi 30% frente a los niveles de diciembre de 2001. Precisamente por ello, la brecha de remuneraciones entre el empleo formal y el informal aumentó 25% desde el primer decreto de aumento.

“El incremento de la brecha salarial incentiva la informalidad laboral. La brecha de costo laboral entre un puesto formal -que además de la remuneración incluye las cargas sociales y los costos regulatorios- y uno informal, aumentó desde 42% en el momento que se dictó el primer decreto de aumento hasta 77% en la actualidad”, remarcó Kritz.

Según el documento de la SEL, el resultado menos deseado de la política del Gobierno es que indirectamente tiende a aumentar la desigualdad. Esto es así porque el 75% de los beneficiarios de decretos de aumento pertenecen a la mitad no pobre de la población. De la población que está debajo de la línea de pobreza, solo 12% de las personas económicamente activas tiene un empleo formal. Y entre los indigentes esa proporción es de apenas 4,3%.

Cuando los datos anteriores se combinan con la estructura demográfica (los hogares pobres nos más numerosos que los de clase media o alta) esta distribución de los trabajadores registrados hace que el impacto de los $ 50 sobre el ingreso sea muy desigual. En el total de la población por debajo de la línea de pobreza el ingreso mensual per cápita aumenta menos de $ 2 y apenas $ 0,80 en el caso de los indigentes. En tanto, entre la población no pobre el incremento es de casi $ 8. “Esto sugiere que la distancia de ingresos ha aumentado como consecuencia de la política salarial del Gobierno”, sentenció Kritz. “Es difícil que por la vía de la intervención salarial, el Gobierno pueda desplegar una estrategia redistributiva efectiva”, concluyó el analista.