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Las terminales portuarias se quedan sin nuevo contrato

La comisión que revisa lo renegociado con las concesionarias pidió el retiro de las cartas de entendimiento firmadas. No acepta la dolarización de la tarifa internacional

La aprobación de las cartas de entendimiento firmadas por el Gobierno con los tres concesionarios de las terminales portuarias de Buenos Aires no viene fácil. El Congreso teme que la acordada dolarización de las tarifas de comercio internacional siente un precedente negativo en el reclamo judicial de “trato discriminatorio” ante el Ciadi de algunas privatizadas, y ayer pidieron que el Ejecutivo retire lo negociado, para ahorrarse un rechazo parlamentario.

Los legisladores peronistas de la Comisión Bicameral que se encarga de seguir la renegociación de los contratos hacen mayoría, pero están muy divididos. Mabel Muller, Graciela Camaño y Marcelo López Arias son los más contrarios a la dolarización. En la reunión de ayer, este último pidió incluso suspender el tratamiento de estas cartas de entendimiento por 60 días, hasta que la Procuración del Tesoro se expida sobre el problema en cuestión. Pero eso imposible según el procedimiento normativo establecido para la renegociación de los contratos.

Los legisladores radicales de la comisión y María América González, del ARI, ya dijeron que su dictamen será en contra de lo negociado por la Unidad de Renegociación y Análisis de contratos de servicios públicos (Uniren), conformada por representantes de Economía y Planificación.

La idea es que los dictámenes salgan mañana de la comisión bicameral pero los justicialistas quieren primero la luz verde de la Procuración, que defiende a la Argentina en los reclamos internacionales ante el Ciadi.

“No queremos autorizar una dolarización tarifaria que fortalezca el argumento de las privatizadas ante el Ciadi sobre trato discriminatorio, favoreciendo a unas empresas sobre otras tras en la pesificación de tarifas”, señaló un legislador.

Por otra parte, es muy probable que el dictamen del procurador no llegue a tiempo y el tratamiento de las cartas de entendimiento de las terminales portuarias pase a la próxima semana o, peor aún, al 31 de mayo, cuando se esperaba el dictamen sobre lo renegociado con Autopistas del Sol y Autopista del Oeste.

Mientras, el reloj parlamentario presiona. El 10 de junio vencen los 60 días que el Congreso tiene por ley para aprobar o rechazar lo negociado por la Uniren. Si expira este plazo, queda aprobado de hecho, pero la idea de los legisladores es no permitir esto. Cabe recordar que luego del dictamen de la comisión bicameral, las dos cámaras deben expedirse.

La dolarización de la tarifa portuaria para comercio internacional, a pesar de que incluye una rebaja del 20% con respecto a la tarifa internacional de la época convertibilidad y que la tarifa de comercio nacional se mantuvo en pesos, también es resistida porque se da de patadas con la ley de Emergencia Económica que pesificó todas las tarifas de servicios públicos.

El Gobierno la sostiene, porque dice que el dólar es históricamente la moneda de cambio en este tipo de transacciones. Pero exportadores e importadores también la resisten, con el argumento que sus costos son en pesos y no pueden soportar tarifas dolarizadas.

Aluar hasta recurrió a la Justicia en contra de la dolarización –autorizada por dos resoluciones de Administración General de Puertos en 2002– y ganó en primera y segunda instancia.

“Hay una cierta racionalidad en la postura de cada sector en cómo debe ser esto”, dijo Jesús González, ex subsecretario de puertos y vías navegables.

Lo cierto es que un legislador oficialista fue el encargado de aconsejarle al Ejecutivo que retire la carta de entendimiento con las terminales portuarias o se revise el punto de la dolarización de la tarifa para el comercio internacional, antes de que el Congreso rechace por primera vez una renegociación acordada con una privatizada. Esto es, si quiere evitar un duro revés en un frente conflictivo.