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Reseña de jurisprudencia tributaria

JURISPRUDENCIA DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

1. Ganancias. Procedimiento. Incremento patrimonial no justificado. Préstamo acordado con una sociedad vinculada domiciliada en el extranjero. Falta de acreditación suficiente. Procedencia de la pretensión fiscal.

Causa: "Club Vacacional S.A. C/DGI", Sala IV, 14.4.16.

El Tribunal Fiscal revocó la resolución de la AFIP por la cual se había determinado de oficio la obligación tributaria de la actora en el Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2001.

Para resolver así, dicho Tribunal expuso que: a) A fin de realizar la determinación de oficio, el Fisco había invocado la presunción del artículo 18 inciso "f" de la Ley N° 11.683 e impugnado un pasivo de la actora; b) La hipótesis de simulación del préstamo que esgrimía la AFIP no pasaba de ser una sospecha, probablemente vinculada a la aparición de entidades radicadas en zonas de baja o nula presión fiscal, lo cual no hallaba sustento en la plataforma fáctica evidenciada en las actuaciones; y c) En función de que se había probado la identidad, la capacidad económica del titular del crédito, el ingreso de los fondos y su devolución, correspondía revocar el acto apelado.

La representación fiscal apeló ese decisorio y, por su parte, la Cámara manifestó en su sentencia que: a) Cuando se estaba frente a operaciones de alcance internacional, se debía examinar la proyección en el ordenamiento tributario interno de aquella relación mediante un particularizado y exhaustivo análisis de las probanzas, a fin de que la operación invocada se correspondiera con el mecanismo acordado por las partes; b) En tal sentido, la prueba tendiente a comprobar la realidad de un pasivo debía ser en casos como el presente particularmente indudable; c) Para ello, resultaba necesaria la demostración de la secuencia completa de la operatoria llevada a cabo, en especial la acreditación de la titularidad de los fondos en cabeza de quien prestaba, su entrega al deudor, la aplicación del préstamo a la actividad comercial de éste, y su posterior restitución; d) Pues la exigencia de esa actividad probatoria resultaba imperiosa para demostrar que los capitales no habían sido sustraídos del poder fiscal argentino para luego retornar al país por medio de préstamos o capitalizaciones, incumbiendo a la contribuyente la carga de la prueba que permitiera destruir la presunción de la norma en cuestión; e) Máxime, si se invocaba un préstamo acordado con una sociedad vinculada domiciliada en el extranjero, particularmente en un país con ventajas fiscales para la operatoria "off shore"; f) Cabía señalar que la salida de fondos no se encontraba suficientemente acreditada ya que la actora no había aportado ninguna prueba fehaciente que demostrara su movimiento real; g) En efecto, no había quedado probada la remesa de fondos al exterior ni el pago de los intereses adeudados por el préstamo, en especial si se tenía en cuenta que supuestamente habían sido cancelados con posterioridad a la fecha estipulada en el contrato de prenda careciendo de justificación suficiente; h) La importancia de la comprobación fehaciente del ingreso y origen de los fondos provenientes del exterior, así como su remesa, resultaba imperiosa para demostrar que los capitales no habían sido sustraídos del poder fiscal argentino para luego retornar al país por medio de "préstamos y/o capitalizaciones", incumbiendo a la contribuyente la carga de la prueba que permitiera destruir la presunción contenida en el artículo 18 inciso "f" de la Ley N° 11.683; e i) En consecuencia, la prueba aportada por la actora no resultaba suficiente para tener por acreditada la realización efectiva de la operación impugnada por el organismo recaudador toda vez que, más allá de las irregularidades respecto del contrato, no se había acreditado mediante prueba fehaciente la efectiva salida de los fondos.

Por lo expuesto, la Cámara revocó la sentencia apelada y, por ende, se convalidó el ajuste del Fisco relativo al impuesto a las ganancias y sus intereses.

2. Procedimiento. Dictado de sentencias contradictorias sobre los mismos hechos. Necesidad de acumulación de causas. Nulidad de sentencias y devolución de expedientes al Tribunal Fiscal para el dictado de un pronunciamiento único.

Causas: "Somel S.A. (TF 25447-I) C/DGI" y "Somel S.A. (TF 25448-I) C/DGI", Sala V, 7.6.16.

La Sala "B" del Tribunal Fiscal confirmó la resolución de la AFIP por la cual se había determinado de oficio la obligación tributaria de la actora en el Impuesto a las Ganancias correspondiente al período 2002, con más intereses resarcitorios.

A su vez, la Sala "D" de dicho Tribunal confirmó parcialmente la resolución fiscal mediante la cual se había determinado de oficio la obligación tributaria de la accionante en el IVA de los períodos marzo de 2000 a febrero de 2001, enero a marzo de 2002, junio a diciembre de 2002 y marzo de 2003, como así también se había aplicado multa en los términos del artículo 45 de la Ley N° 11.683, con más los intereses resarcitorios.

Arribadas ambas causas a la Cámara, ésta determinó en su fallo que: a) La acumulación de procesos procedía cuando dos o más pretensiones o peticiones tuvieran en común alguno de sus elementos o se hallaran vinculadas por la naturaleza de las cuestiones involucradas; b) Pues se trataba de procurar la aplicación de un mismo criterio decisorio en asuntos que tuvieran origen en los mismos hechos y fueran objeto de planteos jurídicos similares; c) Así las cosas, se advertía que el trámite seguido por el Tribunal inferior no resultaba ajustado a derecho, ya que se había apartado de las disposiciones del artículo 8° del Reglamento de Procedimientos del Tribunal Fiscal de la Nación (según el texto de la Acordada Nº 840 del 22.12.93); d) Ello así en tanto que las partes intervinientes eran idénticas y las circunstancias fácticas que originaban las pretensiones eran similares; e) En tal sentido, las dos resoluciones dictadas en la instancia anterior eran contradictorias ya que confirmaban la determinación tributaria en el Impuesto a las Ganancias y revocaban parcialmente lo decidido por el organismo recaudador en relación con el IVA pese a que, en lo relativo a los períodos fiscales comprendidos en el año 2002, ambos impuestos habían sido determinados con base en el cuestionamiento de una serie de compras y gastos que incidían en la fijación de aquéllos; f) En efecto, las cuestiones involucradas en cada expediente poseían una relación, aunque parcial, de interdependencia, en tanto la decisión tomada respecto de uno de los impuestos debía ser necesariamente concordante con el otro en la medida en que hubieran sido determinados con base en los mismos hechos; y g) Asimismo, existían razones de economía procesal que justificaban el tratamiento conjunto de los asuntos en debate.

De esta manera, la Cámara declaró la nulidad de las resoluciones involucradas y ordenó la devolución de las actuaciones al Tribunal Fiscal a fin de que, por intermedio de quien correspondiese, se dictara un pronunciamiento único.

3. Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. Exención de este gravamen por complementariedad con el Impuesto a las Ganancias del cual la actora se encuentra exenta.

Causa: "COVIARES S.A. C/DGI", Sala IV, 9.6.16.

El Tribunal administrativo revocó las resoluciones de la AFIP por las que se había determinado de oficio el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta de los períodos 1999 a 2001, con más intereses y multa.

Para así resolver, el Tribunal Fiscal efectuó las siguientes consideraciones: a) La cuestión de fondo radicaba en el tratamiento que la actora había dispensado a los costos incurridos para efectuar la construcción de una autopista al considerar dichas inversiones integrantes del rubro bienes de cambio, no computables en el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta por estar afectadas a ganancias que, a su criterio, se hallaban exentas en virtud de dicha normativa, en contraposición al criterio sustentado por el Fisco de atribuir a las referidas inversiones el carácter de bienes de uso y, por lo tanto, computables en el gravamen bajo análisis; y b) Teniendo en cuenta lo previsto por la Instrucción General (DGI) 9/99, que reconocía la extensión de las franquicias del Impuesto a las Ganancias al Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta y el Decreto 497/81, mediante el cual el Poder Ejecutivo había otorgado a la actora una exención en el primero, correspondía concluir que se encontraba exenta de este último atento a la complementariedad de ambos gravámenes.

La representación fiscal apeló tal decisorio y, por su parte, la Cámara estableció en su sentencia que: a) La cuestión a resolver se circunscribía a determinar si el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta era complementario del Impuesto a las Ganancias y, en consecuencia, si resultaba correcto el tratamiento que la contribuyente había dispensado a los costos incurridos para efectuar la construcción de la autopista en cuestión; b) Mediante el Decreto 497/81, el Poder Ejecutivo había aprobado la adjudicación de la concesión de la autopista involucrada a favor de la actora y le había otorgado la exención del Impuesto a las Ganancias producidas por la explotación de la obra, por un plazo igual al período de explotación; c) Para que existiera complementación se debían dar los siguientes requisitos: (i) se debía tratar de un tributo subsidiario que dependiera de otro principal con el que coincidiera en el hecho imponible total o parcialmente en el objeto y la base de imposición, (ii) ese tributo debía compartir temporalmente la vigencia del que dependía y (iii) se verificaba en los casos de impuestos principales de ejercicio; d) Se podía afirmar que el Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta era complementario con respecto al Impuesto a las Ganancias teniendo en cuenta su calificación como tributo que afectaba a la renta presunta, existiendo entre ambos una interrelación tal que aquél se computaba como pago a cuenta de este último; e) Así lo había reconocido el propio Fisco en la Instrucción General (DGI) 9/99; y f) Consecuentemente, resultaba contradictoria la postura fiscal al desconocer las disposiciones precitadas, pues más allá de que en el caso de autos no se trataba de una empresa promovida, lo cierto era que el carácter complementario del impuesto a la ganancia mínima presunta -cuestión debatida en los presentes autos- había sido reconocido expresamente.

En definitiva, la Cámara confirmó la sentencia recurrida y, ergo, se rechazó la pretensión fiscal.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN.

1. Ganancias. Improcedencia de la deducción de gastos en concepto de marcas y regalías por falta de registración.

Causa: "Unibike SA C/AFIP-DGI", Sala "B", 28.4.16.

El mentado contribuyente recurrió una resolución emitida por la AFIP que determinó de oficio la obligación concerniente al Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2006 a 2008 inclusive junto con sus intereses con más la aplicación de una multa por omisión prevista en el artículo 45 de la ley ritual.

En este caso, el organismo recaudador, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, cuestionó la deducción en el Impuesto a las Ganancias por las retribuciones abonadas por la recurrente, en concepto de marcas y patentes o regalías por transferencia de tecnología, a sujetos del exterior.

En lo que aquí interesa, el Fisco principalmente sostuvo la improcedencia de la citada deducción por no haberse obtenido la aprobación respectiva por la autoridad de contralor (INPI) a tenor del artículo 9° de la Ley N° 22.426 y, naturalmente, el apelante no estuvo de acuerdo con dicha postura.

Es susceptible de mención que los pagos controvertidos se originaron en los contratos de uso de licencia celebrados, en su hora, por la recurrente, en su rol de licenciataria, con las firmas Disney Consumer Products Latin America INC y Mattel Europa BV, en su carácter de licenciantes y ambas beneficiarias del exterior.

El Tribunal competente, con el voto de los Dres. Magallón y Pérez, en su pronunciamiento hizo lo siguiente: 1) Analizó la normativa aplicable, a saber, la Ley del gravamen y la Ley N° 22.426 y demás normativa reglamentaria; 2) Expresó que, si bien los pagos en cuestión -que originaron la respectiva deducción- se realizaron a través de empresas radicadas en el país, lo cierto es que beneficiarios de los mismos fueron las entidades del exterior anteriormente mencionadas; 3) Precisó que era desatinado considerar que los beneficiarios de los pagos generadas en los contratos de licencia fueran los entes societarios locales siendo ellas las sociedades extranjeras desvirtuándose, de este modo, la tesitura del recurrente; 4) Dejó de lado la impugnación constitucional formulada por la apelante dirigida contra la Ley N° 22.426 por la veda existente en el artículo 185 de la Ley N° 11.683; 5) Citó el precedente "Coca Cola Polar Argentina SA C/AFIP" del 9.9.05 para avalar su criterio; 6) Examinó cuidadosamente los antecedentes del pleito; y 7) Concluyó que el apelante, al momento de efectuar los pagos a los beneficiarios del exterior en los ciclos fiscales discutidos, no había registrado los contratos de licencia respectivos ante la autoridad de aplicación correspondiente y ello invalidaba la deducción de los gastos en controversia.

Las razones invocadas llevaron al Tribunal actuante a confirmar el acto administrativo objetado y, por añadidura, se desestimó la posición del contribuyente.

2. Procedimiento. Nulidad por falta de precisión de los tributos y de los períodos sujetos a fiscalización en la orden de intervención.

Causa: "Baumgartner, Mario César C/AFIP-DGI", Sala "C", 9.5.16.

El particular dedujo sendos recursos de apelación contra dos actos administrativos emitidos por la AFIP. En uno de ellos, se determinó de oficio la obligación tributaria en el Impuesto a las Ganancias por los períodos fiscales 2009 y 2010 junto con sus intereses con más la aplicación de la multa por defraudación prevista en el artículo 46 de la ley ritual. En el otro, se determinó de oficio el Impuesto al Valor Agregado (IVA) relativo a las posiciones mensuales enero de 2009 a junio de 2012 inclusive junto con sus accesorios y más la aplicación de una multa.

El recurrente planteó la nulidad de los actos administrativos por haberse omitido en la orden de intervención respectiva el número de legajo de los funcionarios a cargo de la verificación y la ausencia de determinación específica de qué impuestos y qué períodos quedaban sujetos a la misma. Y tal circunstancia, a criterio del apelante, infringía el derecho de defensa del contribuyente.

El Tribunal competente, con el voto de los Dres. Urresti y Vicchi, en su decisión hizo lo siguiente: 1) Examinó minuciosamente el expediente administrativo y, en particular, la orden de intervención N° 728473 del 26.4.12 (Formulario N° 8107) que dio inicio a la inspección por parte de la AFIP; 2) Citó el precedente "Paravati, Norberto José C/AFIP-DGI" del 22.2.05 del Tribunal Fiscal de la Nación donde se puntualizó que "…conocer la fecha cierta de inicio de inspecciones de fundamental importancia atento a que determina el período base sobre el cual el Fisco puede determinar la materia imponible sin la necesidad de su previa impugnación. Que no en vano la instrucción general 136/98 de la DGI, reglamenta que la inspección como cabeza de un proceso de fiscalización pasible de concluir en una determinación de oficio se inicia formalmente mediante la emisión de un aviso suscripto por la Jefatura de Fiscalización Externa donde se le debe informar al contribuyente que está sometido a ella, cuál será el inspector a cargo y supervisor actuante…"; 3) Invocó doctrina para fundar su postura; 4) Precisó que se le debía dar la posibilidad al contribuyente y/o responsable de poder ejercitar sus derechos dado que las facultades fiscalizadoras de la AFIP debían ser llevadas a cabo en el marco otorgado por la ley para evitar que la discrecionalidad estatal se convirtiera en arbitrariedad; 5) Concluyó que la orden de intervención bajo estudio no respetó las directrices de la Instrucción General (AFIP) N° 136/1998, de carácter obligatorio para los funcionarios fiscales, y, por ello, tal situación viabilizó la nulidad planteada.

De este modo, el pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación, al hacer lugar a la nulidad promovida, fue adverso a los intereses del organismo recaudador.

3. Procedimiento. Procedencia parcial de la excepción de prescripción en el caso de multas aplicadas por la AFIP.

Causa: "Gráfica San Telmo S.A. C/AFIP-DGI", Sala "B", 9.5.16.

El citado contribuyente apeló ante el Tribunal Fiscal de la Nación una resolución emanada del ente recaudador que le aplicó al particular una multa consistente en una suma determinada, equivalente a dos veces el Impuesto a las Ganancias omitido, por los períodos fiscales 1998, 1999 y 2000 de conformidad con los artículos 46 y 47, inciso a), de la Ley N° 11.683.

En el marco de esta discusión, y en lo que aquí interesa, el apelante promovió una excepción de prescripción basada en haberse vencido, en cada caso en particular, el plazo quinquenal fijado por la normativa fiscal no materializándose en la especie las causales de interrupción y/o suspensión establecidos por la normativa en juego derivando ello en una desacertada aplicación de los artículos 56 y 65, inciso d), de la ley ritual.

El Tribunal actuante no tuvo una opinión una unánime en cuanto al planteo de prescripción formulado por la recurrente.

El Dr. Magallón, en su voto, hizo lo siguiente: a) Examinó los artículos 56, 58 y 65 de la Ley N° 11.683; b) Emitió consideraciones inherentes a la interrupción de la prescripción de la acción para aplicar multas y clausuras; c) Expresó que la interrupción de la prescripción está dado por la comisión de nuevas infracciones y ello sólo ocurriría en la medida en que se hubiera juzgado el hecho al que se le atribuye aquel efecto y en tanto hubiera una condena firme al imputado; d) Citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Fallos 312:1351) y de la Cámara Nacional de Casación Penal (Sala 1, "Raso, Eugenio" del 30.6.05; Sala 2 "Reyes, Dalmira" del 27.8.97; "Alarez, Sandro" del 28.10.05; Sala 3 "Aleart, Guillermo" del 6.2.07; y Sala 4, "Gorali, Diego" del 2.6.06) para avalar su postura; e) Interpretó que no se verificaron en el caso ninguna de las causales interruptivas (v.g.: nuevas infracciones; actos procesales tendientes al cumplimiento de una sanción y/o la renuncia al término de prescripción transcurrido); f) Consideró que tampoco era viable la causal de suspensión del artículo 65, inciso d), de la ley ritual -consistente en la suspensión del plazo de prescripción para aplicar sanciones desde que se formula la denuncia en los términos de la Ley N° 24.769 hasta los 180 días posteriores al momento en que se encuentre firme la sentencia judicial que recaiga en dicha proceso- porque dicha causal de suspensión, incorporada por la Ley N° 25.795 (B.O. 23.11.03) era más gravosa para el particular; g) Sostuvo que una hipotética tesis contraria vulneraba el principio de irretroactividad de la ley penal previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional y el artículo 2° del Código Penal; h) Esgrimió que el artículo 65, inciso d), de la Ley N° 11.683, al ser incorporada como causal de suspensión de la prescripción a través de la Ley N° 25.795, entró en vigencia cuando se encontraba iniciado el curso del plazo de prescripción inherente a las multas aplicadas con respecto al Impuesto a las Ganancias por los años fiscales 1998, 1999 y 2000; i) Afirmó que no se le pasaba por alto el hecho de que la normativa de fondo (el Código Penal) no reconocía causales de suspensión pero no ello no entrañaba reconocer que las disposiciones de la Ley N° 24.769, de jerarquía idéntica al Código Penal, pudiera establecer nuevas causales de suspensión; j) Coligió que la multa en cuestión fue aplicada el 21.11.08 y, por ello, los períodos 1998, 1999 y 2000 prescribieron el 27.9.07, 27.9.08 y 27.9.09 respectivamente; k) Analizó cada caso en especial y concluyó, entonces, admitió la excepción de prescripción para las multas relativas a los años fiscales 1998 y 1999 y rechazó la mencionada excepción para la multa correspondiente al ciclo fiscal 2000.

El Dr. Pérez, en su voto, hizo lo siguiente: a) Analizó la normativa en juego junto con los antecedentes del conflicto; b) Enfatizó que el artículo 68, inciso a), de la Ley N° 11.683 establece la prescripción para aplicar multas por la comisión de nuevas infracciones, en cuyo caso, el nuevo término de prescripción comenzará a correr desde el 1° de enero siguiente al año que tuvo lugar el hecho u omisión punible; c) Citó antecedentes del TFN ("Newell´s Old Boys" del 24.4.03) y de la CNACAF ("Parque Interama S.A." del 4.9.02) donde se afirmó que "…el efecto interruptivo deriva del acto ilícito en sí mismo, de su comisión, y no de la decisión judicial acerca de su punibilidad…"; d) Señaló que, en esta hipótesis, la causal interruptiva está dada por la comisión de infracciones sucesivas en el tributo objeto de la disputa correspondiendo la última al período fiscal 2000 y, por ello, el término de la prescripción comenzó a correr a partir del 1.1.02; e) En cuanto a la suspensión de la prescripción y su conexión con la irrectroactividad de la ley para el transcurso corrido de prescripción, no compartió la opinión anterior porque dicho lapso conformaba un derecho en expectativa, es decir, era una situación jurídica no concluida al momento de la entrada en vigor de la citada ley y, consecuentemente, "…el curso de circunstancias precedentes que no hubieran generado efectos jurídicos fueron alcanzados por la suspensión dispuesta por dicha norma, como no puede ser de otro modo pues únicamente se puede suspender un plazo que ya se encuentra corriendo…"; f) Precisó que el término de la prescripción en la especie se suspendió con la denuncia penal (29.12.04), esto es, cuando restaba aún dos años para que operara la misma y, a partir de quedar firme la sentencia penal (24.9.07), quedaba por cumplirse ese plazo más los 180 días previstos por el artículo 65, inciso d), de la ley ritual; g) Aseveró que "…teniendo en cuenta que el plazo de prescripción quedó suspendido entre la fecha en que el Fisco Nacional formuló la denuncia penal (29.12.04) y la fecha en que la sentencia penal quedó firme (24.9.07) más los ciento ochenta días previstos en el artículo 65, inciso d), de la ley de rito, y teniendo en consideración la fecha de la resolución apelada (21.11.08), cabe concluir que a dicha fecha, las acciones y poderes del Fisco no se encontraban prescriptas para la aplicación de la multa cuestionada en autos respecto de los períodos 1998, 1999 y 2000…".

Por último, el Dr. Vicchi, en su decisión, hizo lo siguiente: a) Estimó que la comisión de nuevas infracciones como causal interruptiva de la prescripción resulta procedente cuando dicha infracción es declarada como tal por un pronunciamiento firme retrotrayéndose la interrupción a la fecha de la comisión de la misma en virtud del principio de inocencia de reconocimiento constitucional y en los tratados internacionales y, por ello, no se verificaba la interrupción establecida en el artículo 68, inciso a), de la Ley N° 11.683; b) Examinó el artículo 65, inciso d), de la ley ritual para ver si era procedente (o no) la causal de suspensión allí prevista; c) Entendió que la prescripción se rige por las leyes en vigor al momento en que se cumplen si no se consumió el lapso con anterioridad y, por ello, el legislador podría modificar las condiciones en las cuales la prescripción puede generar un derecho adquirido; d) Apuntó que la multa aplicada para el año fiscal 1998 comenzó a correr el 1.1.00 y finalizó el 31.12.04, la sanción aplicada para el año fiscal 1999 empezó a correr el 1.1.01 y concluyó el 31.12.05 y la multa aplicada para el período fiscal 2000 comenzó a correr el 1.1.02 y terminó el 31.12.06; e) Destacó que el artículo 65, inciso d), de la Ley N° 11.683 estableció una suspensión desde el momento en que la AFIP formuló la denuncia (29.12.04) hasta los 180 días posteriores al momento en que se encontraba firme la sentencia judicial que se dictase en la causa penal respectiva (24.9.07); y f) De lo dicho se concluyó que, al haberse dictado el acto administrativo el 21.11.08 y ponderándose la suspensión fijada en el artículo 65, inciso d), de la ley ritual, se encontraban prescriptas las facultades del Fisco para aplicar la multa relativa al año fiscal 1998 pero no así para las sanciones concernientes a los ciclos fiscales 1999 y 2000.

Las causas expuestas llevaron al Tribunal competente, con diversas opiniones, a admitir la excepción de prescripción para la aplicación de la multa por el ciclo fiscal 1998 y a desestimarla por las posiciones anuales 1999 y 2000.

(*) El Dr. José Daniel Barbato, a cargo de la columna del TFN es abogado, consultor tributario y su e-mail es: daniel_barbato@hotmail.com y su página Web es www.jdbconsultores.com; y el Dr. José Luis Jáuregui a cargo de la columna de la CNACA es Gerente del Departamento Contencioso Tributario del Estudio RSM Torrent Razzetto SRL, domiciliado en la calle Uruguay 1037, Piso 7º, Bs.As., y su e-mail es: jose.jauregui@rsmargentina.com.ar y su Web es: www.rsm.global/argentina

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