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Reseña de Jurisprudencia Tributaria

JURISPRUDENCIA DE LA CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL

1. Procedimiento. Vinculación entre sentencia del fuero penal y pronunciamiento del Tribunal Fiscal de la Nación.
Causa: "Grey Argentina S.A. C/DGI", Sala IV, 14.6.16.

El organismo jurisdiccional confirmó la resolución fiscal determinativa correspondiente al Impuesto a las Ganancias del ejercicio 1997.
Para así resolver, el Tribunal Fiscal efectuó, en cuanto aquí interesa, las siguientes consideraciones: a) El Fisco había constatado que la actora declaró una operación de préstamo mediante un contrato de mutuo contraído con una empresa del exterior; b) Debía acreditarse la secuencia completa de la operatoria llevada a cabo, valía decir, la existencia y titularidad de los fondos en cabeza de quien realizaba el aporte, su movimiento y entrega, la aplicación de los mismos por parte de éste y, si fuera el caso, su posterior restitución; c) En el marco de la causa penal iniciada en orden a la presunta evasión del ajuste aquí discutido, se había sobreseído a los responsables involucrados en el entendimiento de que el préstamo cuya existencia era puesta en duda por el Fisco, en realidad, sí había tenido lugar por lo que se tuvo por acreditada en sede penal la existencia y titularidad de los fondos en cabeza de quien realizó el aporte; y d) Sin embargo, a los fines estrictamente tributarios, era menester demostrar, además, el ingreso de los fondos a la actora a efectos de desvirtuar la presunción de incremento patrimonial no justificado, extremo que no había sido acreditado en autos.
La parte actora apeló tal decisorio y, por su parte, la Cámara estableció en su sentencia que: a) Ante todo era oportuno señalar que el Juzgado Penal Tributario actuante había sobreseído totalmente a los responsables involucrados en orden a la presunta evasión del Impuesto a las Ganancias correspondiente a la actora por cuanto entendía que no se había cometido; b) Si el sobreseimiento se disponía por una causal objetiva, valía decir, porque el hecho no se había cometido o porque era atípico tenía que referirse esencialmente a lo fáctico por lo que la resolución administrativa -y en su hora- los decisorios consiguientes no podrían alterar tal declaración sobre los hechos; c) El juez penal se había pronunciado respecto a los hechos y había entendido que se encontraba acreditada la existencia del pasivo impugnado; d) Dicha circunstancia condicionaba y limitaba el pronunciamiento que debía dictar el Tribunal Fiscal toda vez que era imperiosa la consideración del resultado de la valoración de los extremos de hecho expuestos en la resolución penal; e) En este contexto, y teniendo en cuenta que el carácter firme de la sentencia penal no comportaba una cuestión discutida, correspondía dejar sin efecto el pronunciamiento apelado en cuanto se apartaba de las conclusiones a las que había arribado el juez penal; f) Con relación a este punto, cabía destacar que el Tribunal Fiscal tenía por válida la existencia de los fondos en cabeza de la prestamista y su transferencia bancaria a los accionistas de una tercera empresa a quien la actora debía abonarle la compraventa del paquete accionario; g) No obstante, el Tribunal inferior entendía que las pruebas valoradas por el juez penal no acreditaban la supuesta entrega de los fondos a la actora; y h) Ello así no había discordancia en la calificación jurídica de los hechos sino en la suficiencia de las pruebas para tener por demostrado el pasivo impugnado, circunstancia que no permitía validar el apartamiento del Tribunal administrativo respecto de la sentencia penal.
En definitiva, la Cámara revocó el pronunciamiento recurrido y, ergo, se rechazó la pretensión fiscal.

2. Procedimiento. Competencia del Tribunal Fiscal de la Nación en relación al monto discutido. Corresponde adicionar los intereses resarcitorios cuestionados aún cuando la AFIP no hubiera consignado su importe en el acto apelado.
Causa: "Ferreti, Ricardo José C/DGI", Sala IV, 29.9.16.

El Tribunal inferior declaró su incompetencia para entender en el recurso de apelación interpuesto contra la resolución fiscal que había determinado de oficio el Impuesto sobre los Bienes Personales del período 2006 por la suma de $ 12.288,58, en concepto de capital, con más sus intereses resarcitorios.
Para resolver de ese modo, el Tribunal Fiscal sostuvo que el acto apelado no superaba el monto mínimo establecido en el inciso "a" del artículo 159 de la Ley N° 11.683 -modificado por el artículo 74 de la Ley N° 26.784-, para habilitar el conocimiento de ese organismo.
La parte actora apeló el aludido pronunciamiento por considerar que: a) El funcionario actuante debió haber consignado los intereses resarcitorios correspondientes en el acto administrativo apelado, toda vez que así se encontraba establecido en la normativa vigente (conf. artículos 17 y 37 de la Ley N° 11.683, t.o. 1998 y sus modif.), caso contrario se habilitaría a que la Administración impidiera al administrado el uso del recurso previsto en el artículo 76 inciso "b" de la ley de rito; b) En el caso, no se habían cumplido los requisitos liminares que hacían a la validez intrínseca del acto administrativo en crisis; c) La consecuencia jurídica de la pretensión fiscal era muy superior al valor nominal incorporado en la resolución impugnada; y d) Ello así, resultaba totalmente ilógico concluir que la cifra allí consignada fuera inferior a la establecida en la ley procedimental.
La Cámara, a su vez, manifestó en su sentencia que: a) Obraba agregado en autos el importe de los intereses resarcitorios presuntamente adeudado (esto era, $ 30.590,37), calculados a través de la página web del Fisco Nacional e incorporados en el formulario F.4 como parte integrante del "Monto Cuestionado"; b) Ello así, y teniendo en cuenta lo dispuesto en los artículos 3º y 4º de la resolución impugnada, no cabía duda alguna de que la suma cuestionada por el actor incluía los intereses resarcitorios correspondientes al capital reclamado; c) El artículo 17 de la Ley N° 11.683 disponía que "…la determinación deberá contener lo adeudado en concepto de tributos y, en su caso, multa, con el interés resarcitorio y la actualización, cuando correspondiesen, calculados hasta la fecha que se indique en la misma, sin perjuicio de la prosecución del curso de los mismos, con arreglo a las normas legales y reglamentarias pertinentes…"; y d) Finalmente, el artículo 159 inciso "a" de dicha ley establecía que "El TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN será competente para conocer: a) De los recursos de apelación contra las resoluciones de la AFIP que determinen tributos y sus accesorios, en forma cierta o presuntiva, o ajusten quebrantos, por un importe superior a PESOS VEINTICINCO MIL ($ 25.000) o PESOS CINCUENTA MIL ($ 50.000), respectivamente".
Por lo expuesto, la Cámara dejó sin efecto el pronunciamiento apelado ordenando reenviar los autos al Tribunal Fiscal para que, una vez cuantificados los intereses resarcitorios por parte del Fisco Nacional, se expidiera con relación a su competencia.

JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA NACIÓN

1. Procedimiento. Repetición de distintos conceptos frente al pago de un tributo mediante títulos públicos.
Causa: "San Cristóbal Sociedad Mutual de Seguros Generales C/AFIP-DGI", Sala "D", 22.6.16.

El contribuyente de marras promovió una demanda de repetición del pago realizado a requerimiento y sin causa cumplido el 19.10.04 por un importe determinado en moneda extranjera en títulos públicos (Boden 2013) para cumplir con la obligación fiscal inherente al Impuesto al Valor Agregado por los períodos julio de 1998 a marzo de 1999 inclusive que habían sido determinados por la AFIP mediante el dictado de una resolución determinativa.
Dicha resolución, en su momento, fue confirmada por el Tribunal Fiscal de la Nación mediante pronunciamiento del 21.8.02 pero revocó lo atinente a los intereses y la multa. Posteriormente, el 27.10.04 la Sala 5 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal revocó la pretensión del Fisco en cuanto al tributo y desestimó su posición con relación a los accesorios. Finalmente, el 11.9.07 la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó el pronunciamiento de la citada Cámara de Apelaciones habiendo concluido judicialmente la contienda.
Frente a ello, el recurrente solicitó la restitución de estos conceptos: a) Las rentas y amortizaciones abonadas por el Estado Nacional respecto de los títulos públicos (Boden 2013) desde la fecha de su transferencia al ente fiscal hasta su efectiva restitución; b) Las sumas efectivamente abonadas; y c) Los importes pagados en concepto de tasa de actuación ante el Tribunal Fiscal (Ley N° 25.964) y tasa judicial (Ley N° 23.898).
El Tribunal actuante, con el voto de los Dres. Gómez y Magallón, hizo lo siguiente: 1) Analizó los antecedentes del caso; 2) Resaltó que el objeto del reclamo fue el pago del gravamen realizado a través de títulos públicos (Boden 2013) como consecuencia de los pronunciamientos emitidos por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación; 3) Señaló que el foco de la controversia fue por el IVA relativo a los recargos financieros en operaciones de seguros en línea con el Decreto N° 692/98 del PEN; 4) Examinó la normativa en juego, a saber los Decretos N° 214/2002, 905/2002 y 1836/2002 del PEN y la Resolución N° 303/2002 del Ministerio de Economía en consonancia con la legislación tributaria propiamente dicha y la Ley N° 25.827.
En cuanto al primer reclamo, el Tribunal competente hizo lo siguiente: a) Interpretó que la normativa aplicable buscaba lograr el "rescate anticipado" de los mencionados títulos públicos; b) Señaló que la normativa referente a los títulos públicos, sin bien era compleja y de difícil aprehensión, no permitía colegir su ilegitimidad ni que haya aniquilado el derecho de propiedad de los particulares máxime que se debía anteponer el bienestar general por sobre los intereses individuales; c) Se citaron diversos fallos del Alto Tribunal (Fallos 311:2453; 315:1820; 318:676 y "Bustos, Alberto Roque C/Estado Nacional y otros" del 26.10.04) tendientes a convalidar su tesitura; d) Dijo que "….los bonos depositados en custodia en la Caja de Valores una vez que fue cedida al ente fiscal pasa al Estado en virtud del "rescate" fijado por las normas antes reseñadas, lo que implica que la AFIP no tuvo usufructo ni la amortización ni las rentas derivadas de ellos, limitándose a la obligación del Fisco a devolver una cantidad de dinero igual a la recibida y no "ídem corpus"…"; d) Afirmó que el pago de la suma debida por el tributo era el objeto de la repetición intentada y no así la renta y/o amortización de un título público que, por decisión propia y a tenor de las normas vigentes en ese momento, el recurrente optó por transferirlas/cederlas a la AFIP con el fin de dar cumplimiento con un mandato judicial para cancelar la obligación tributaria que, luego, por decisión judicial dicho pago se tornó incausado; e) Enfatizó que el particular, al optar por pagar su gravamen con los citados títulos públicos, se sometió voluntariamente a un determinado régimen jurídico que implicó la improcedencia de su impugnación ulterior (conf. CNACAF, "Kursaal S.A. C/ANA" del 9.3.98). En suma, el Tribunal consideró que la pretensión del contribuyente de que medie un reintegro de los títulos públicos a su valor nominal residual con más la renta y la amortización correspondiente era improcedente desestimándose la repetición promovida.
En cuanto al segundo reclamo, el Tribunal hizo lo siguiente: a) Evaluó la prueba producida en la causa; b) Examinó las manifestaciones de las partes, en particular, el rechazo del particular al allanamiento parcial del Fisco; c) Expresó que dicho rechazo impedía la homologación del allanamiento pero, lo concreto, era que el pago de la deuda tributaria a través de los títulos públicos se tornó incausado en razón de lo decidido por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal y la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En síntesis, el Tribunal competente hizo lugar a la repetición intentada.
Finalmente, en cuanto a los pagos efectuados en concepto de tasa de actuación y judicial, el mismo fue desestimado por el Tribunal competente dado que "…el pedido de reintegro debió ser tramitado en el mismo expediente que las originó puesto que a lo que se agrega que en el caso de la tasa de justicia es una cuestión que debe ser decidida por la Alzada y no este Tribunal por exceder el marco de su competencia…". En definitiva, este reclamo también fue rechazado por el Tribunal competente.

2. Impuesto a las Ganancias. Operación entre empresas vinculadas. Impugnación de precios de transferencia.
Causa: "ADM Argentina S.A. C/AFIP-DGI", Sala "A", 5.7.16.

El particular articuló sendos recursos de apelación contra los actos administrativos emitidos por la AFIP. En uno de ellos se determinó de oficio la obligación tributaria en el Impuesto a las Ganancias por el período fiscal 2005 junto con sus intereses resarcitorios y en el restante la aplicación de una multa con sustento en el artículo 45 de la Ley N° 11.683.
En este supuesto, el ente recaudador consideró que los precios facturados en las operaciones de venta entre la recurrente y su sociedad vinculada en el exterior (ADM International Co.) eran inferiores a los valores de referencia entre partes independientes en operaciones similares y ello fue en desmedro de una recta aplicación de la normativa del Impuesto a las Ganancias.
Al respecto, el Fisco Nacional estimó que la metodología de cálculo correcta para los precios de transferencia en la operación descripta era efectuar una comparación con otras sociedades habiendo seleccionado a Nidera S.A. y Oleaginosa Moreno Hermanos S.A. por tratarse de transacciones relativas al mismo período fiscal y de los mismos commodities tomando como pauta de referencia el precio de la fecha de embarque o carga de la mercadería.
A su vez, el apelante precisó que el método de cálculo idóneo para los precios de transferencia en la transacción señalada era utilizar como referencia el valor fijado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos (SAGPyA-actualmente Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación) tomando como parámetro el precio de la fecha de venta o concertación de dicha negociación.
En suma, el foco del conflicto estuvo dado en que el ente impositor evaluó que el método de valuación, utilizado por el apelante, para las operaciones realizadas entre entes vinculados no se ajustaba a la normativa del gravamen. Naturalmente, el recurrente no compartió dicha posición.
El Tribunal actuante, con el voto en mayoría de los Dres. Buitrago y Vicchi, hizo lo siguiente: 1) Examinó cada una de las posturas esgrimidas; 2) Evaluó los distintos métodos utilizables para este tipo de transacción previstas en la Ley del Impuesto a las Ganancias haciendo referencia, en particular, al precio comparable entre partes independientes y al "sexto método"; 3) Precisó que el mentado "sexto método" fue incorporado normativamente mediante la Ley N° 25.784 (B.O. 22.10.03) pero éste no fue ponderado por el Fisco en su proceso determinativo sino, contrariamente, se basó exclusivamente en el parámetro de los precios comparables entre partes independientes utilizado originalmente por el recurrente; 4) Señaló que la utilización del método entre partes independientes no vedaba la posibilidad de utilizar como pauta los precios determinados a la fecha de embarque de la mercadería; 5) Analizó la prueba pericial producida y coligió que su razonamiento carecía de uniformidad y de razonabilidad, condiciones a las que debían inexorablemente adecuarse los actos de la Administración desvirtuando su tesitura; y 6) Ponderó que el mismo Fisco había dejado sin efecto el ajuste del año fiscal 2006 y cerró las inspecciones por los años 2007 a 2009 que reconoció que la apelante cumplía con las exigencias legales respectivas y estas circunstancias evidenciaban el desacierto del criterio estatal máxime que el recurrente utilizó siempre la misma metodología y la normativa aplicable no fue modificada en dicho lapso.
A su vez, el voto minoritario del citado Tribunal (Dr. Pérez), hizo lo siguiente: 1) Precisó que las comparaciones efectuadas por la AFIP no eran lógicas puesto que la mayoría de los productos exportados por Nidera S.A. y Oleoginosa Moreno Hermanos S.A. no eran exactamente las mismas que los mismos que llevaba a cabo el recurrente; 2) Tampoco eran comparables dado que el destino de las exportaciones también eran disímiles; 3) Ponderó que el perito contador de la AFIP no cumplió cabalmente con la labor encomendada al desechar las conclusiones del perito del apelante máxime que no opuso objeción alguna a los guarismos expuestos en sus respuestas; 4) Citó jurisprudencia para avalar su tesitura (CNACAF, Sala 2, "Oleaginosa Moreno Hermanos" del 5.9.13; CNACAF, Sala 2, "Daimlerchrysler Argentina SA C/DGI" del 13.11.12, entre otros); y 5) Resaltó la incorrección de la metodología estatal.
Las causas apuntadas llevaron al Tribunal, con distintos fundamentos, a revocar las resoluciones apeladas y, por consiguiente, se rechazó la pretensión de la AFIP.

3. Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta. Improcedencia del gravamen por no mediar rédito alguno.
Causa: "Transporte Bragado S.A. C/AFIP-DGI", Sala "A", 17.8.16.

El mentado contribuyente apeló una resolución emitida por la AFIP que determinó de oficio la obligación concerniente al Impuesto a la Ganancia Mínima Presunta (IGMP) por el período fiscal 2001 junto con sus intereses con más la aplicación de una multa por omisión prevista en el artículo 45 de la ley ritual.
En este caso, el organismo recaudador, en ejercicio de sus facultades de fiscalización, advirtió que el apelante no había presentado ninguna declaración jurada atinente al IGMP máxime que su actividad era el transporte aéreo de pasajeros en forma no regular ("taxi aéreo") habiéndose llevado a adelante dicha actividad con diversos aviones.
En lo que aquí interesa, el avión de tratas -marca Beech King, modelo AIR C90A, matrícula LV-ZNS- fabricado en 1998- fue objeto de una dación en pago por incumplimiento de un préstamo con garantía hipotecaria al acreedor (Raytheon Aircraft).
En este caso, el apelante interpretó que no le era aplicable el IGMP a la tenencia de dicha aeronave porque en el curso del 2001 dio en pago la misma al acreedor hipotecario (Raytheon Aircraft) habiendo suministrado documentación de respaldo (Libro de Actas de Asamblea N° 1, rúbrica A N° 26006, Folios 62 a 66 y el respectivo contrato de dación en pago y transferencia de propiedad). Lógicamente, este criterio no fue compartido por la AFIP.
El Tribunal competente, con el voto de los Dres. Pérez, Vicchi y Buitrago, en su pronunciamiento hizo lo siguiente: 1) Analizó la normativa aplicable, a saber, la Ley del gravamen (Ley N° 25.063) y demás antecedentes del caso; 2) Manifestó que la relación jurídica entre el recurrente y Raytheon Aircraft fue una dación en pago y el primero le transfirió la titularidad del avión al segundo como consecuencia del incumplimiento del préstamo garantizado habiendo sido ejecutada la fianza pertinente en fecha 9.10.01; 3) Ponderó la prueba documental acompañada y, particularmente, el contrato de dación en pago del referido avión; 4) Precisó que el 9.10.01, mediante la fecha de suscripción del instrumento de dación en pago y de la liberación de la hipoteca- es el momento en que el apelante le transfirió la propiedad y posesión del mentado avión a su acreedor (Raytheon Aircraf) y, por ende, el mismo estaba dentro del patrimonio de la sociedad recurrente al cierre del ejercicio 2001; 5) Analizó los precedentes "Hermitage SA C/PEN" y "Diario Perfil C/AFIP" del 15.6.06 y 11.2.14 respectivamente del Alto Tribunal Federal coligiendo que el particular debía demostrar fehacientemente que la renta legalmente presumida no ha existido; 6) Evaluó la pericia contable producida demostrándose que la recurrente registró quebrantos durante varios ejercicios fiscales no obteniendo renta alguna.
Las razones invocadas llevaron al Tribunal actuante a revocar el acto administrativo objetado y, en consecuencia, se aceptó la posición del contribuyente.


(*) El Dr. José Daniel Barbato, a cargo de la columna del TFN es abogado, consultor tributario y su e-mail es: daniel_barbato@hotmail.com y su página Web es www.jdbconsultores.com; y el Dr. José Luis Jáuregui a cargo de la columna de la CNACA es Gerente del Departamento Contencioso Tributario del Estudio RSM Torrent Razzetto SRL, domiciliado en la calle Uruguay 1037, Piso 7º, Bs.As., y su e-mail es: jose.jauregui@rsmargentina.com.ar y su Web es: www.rsm.global/argentina