La prohibición más reciente y novedosa de la AFIP, impuesta este lunes sobre la facturación electrónica en dólares, apuró a las áreas financieras de las empresas para pensar y preparar artilugios que les permitieran ajustar sus ventas con la evolución del tipo de cambio. Y sortear además, de este modo, las dos leyes –hasta hoy vigentes– que prohíben la indexación de los contratos en la Argentina: la de la Convertibilidad, de 1991, y la Ley de Emergencia Económica, de 2002 (renovada todos los años hasta hoy).
Sucede que el impedimento oficial amenaza con crear grandes complicaciones entre las empresas, los proveedores y sus clientes, por el descalce de monedas que empezaría a existir en las facturas que se emiten con plazos de 30, 60 y 90 días.
Con una devaluación sostenida como la actual, la obligación de hacerlas en pesos terminaría por generar un perjuicio para los vendedores por la diferencia cambiaria. “La cláusula de ajuste está prohibida por la ley. Pero empezará a ser implementada con la emisión de notas de débito y crédito, que pretenderán compensar la diferencia cambiaria al momento del pago”, comentó a este diario el abogado de un estudio que asesora a grandes empresas locales. Y adelantó que la instrumentación “terminará generando una maraña de notas de débito y crédito que muy seguramente favorecerá a las grandes empresas, porque en general son las que pueden imponer condiciones en el mercado más fácilmente”.
La segunda opción que evaluaban en otras empresas era la facturación en pesos al precio de contado, pero con una condición comercial: la incorporación de una tasa de interés que se deberá estimar de acuerdo al plazo del pago y que buscará, del mismo modo, compensar de antemano al vendedor por la expectativa de devaluación.
El sistema de las facturas electrónicas era, hasta el último lunes, “bimonetario”. Es decir, permitía emitir facturas en dos monedas: corriente y extranjera (por ejemplo, pesos y dólares). Para los efectos fiscales se consignaba el valor del dólar al momento de la emisión. Pero para el cobro aplicaba el tipo de cambio de esa fecha. Eso hacía que las empresas buscaran protegerse de la posibilidad de que ocurriera una devaluación de la moneda entre el momento de emisión y el de cobro de la factura con la utilización de facturas electrónicas en dólares.
Un empresario ya había señalado en estos días a este diario que habría alteraciones en la facturación: “Lo que comenzará a suceder es que se sobrefacturará con un margen del 15% para protegernos de la inflación”, precisó.
Con los nuevos artilugios, las compañías podrán sortear los obstáculos legales que hoy están vigentes en la Argentina tanto para los contratos como para los precios, la deudas, las tarifas y los impuestos. Estos son, concretamente, los artículos 7 y 10 de la ley de Convertibilidad, y las prohibiciones que decretó el Poder Ejecutivo (por facultades delegadas desde el Legislativo, por la ley de Emergencia Económica) para mantener prohibidas las cláusulas de ajuste automático en contratos (así como los ajustes por inflación en balances de empresas).