El Gobierno español quiere que la reestructuración del sector financiero se complete este mismo año. En esta línea, ha dado cuatro meses a las entidades bancarias para anunciar eventuales fusiones y un año para sanear sus activos inmobiliarios con 50.000 millones de euros.
El objetivo de la nueva reforma financiera, que aprobará hoy el Consejo de Ministros, es lograr en poco tiempo un “sector más saneado y mejor dimensionado” que pueda volver a dar crédito, según anunció el ministro de Economía, Luis de Guindos. El funcionario destacó que el punto de partida no es fácil, debido a que el sector cuenta en su balance con una cartera de activos inmobiliarios en problemas de 175.000 millones de euros, y unos 148.000 millones de créditos que hasta el momento se presenta sana, pero con cierta vulnerabilidad hacia el futuro. La iniciativa, de esta manera, es actuar sobre las dos carteras.
La reforma financiera establece que las provisiones para cubrir eventuales pérdidas en activos inmobiliarios problemáticos se elevarán hasta el 80%, en el caso piso, porcentaje que contrasta con el 31% actual. En el caso de las promociones en curso, subirán del 27% al 65%, y en el caso de la promoción terminada y de la vivienda, se elevarán del 25% al 35%. Por otro lado, la banca deberá constituir una provisión genérica del 7% en los créditos inmobiliarios saneados, aquellos que no registran incidencias de pago, como fórmula preventiva ante posibles deterioros futuros. Todos estos saneamientos se realizarán sobre el valor en libros de los activos inmobiliarios y la fecha límite para realizarlos será el 31 de diciembre de 2012. Con la excepción de aquellas entidades que entren en un proceso de fusión o lo hayan iniciado en los últimos cinco meses, en cuyo caso tendrán de plazo dos ejercicios.
Con esta regulación financiera, según indicó el ministro, se esperan dos efectos claros. El primero es que facilitará que la banca saque al mercado las viviendas que posee a precios más baratos tras haber realizado las provisiones. El segundo efecto, muy deseado por el Gobierno de Mariano Rajoy, es que las entidades que no puedan soportar el nuevo esfuerzo de saneamiento tendrán que fusionarse. “Lo que se pretende es mejorar la confianza y la credibilidad del sistema bancario español, a través del saneamiento de los activos inmobiliarios, la consolidación de las entidades no viables, y la incorporación de un mejor gobierno corporativo”, señaló De Guindos. El Gobierno impulsará con ayudas las fusiones, aunque las operaciones tendrán que hacerse con rapidez. Deberán anunciarse antes del 31 de mayo, y el Ejecutivo deberá dar su visto bueno antes de un mes. Para lograr su aprobación, las entidad fusionada deberá aumentar al menos un 20% su tamaño y comprometerse a incrementar la concesión de créditos.