Ha pasado tanta agua bajo el puente que parece fútil reivindicar la remanida idea sobre lo necesario que es discutir formas de acotar la inflación. Gobierno y sindicalismo lo han rechazado de plano. Incluso también quedaría naif una mención sobre lo ausente que estuvo el reclamo inflacionario en el discurso que dio ayer el líder de los camioneros, Hugo Moyano. En rigor, la esencia del paro y la marcha a Plaza de Mayo se armó sobre el reclamo para ajustar el impuesto a las Ganancias, requerimiento que deriva de las innumerables y perjudiciales distorsiones que genera periódicamente una economía con inflación.

El líder sindical prefiere –ahora– demandar una actualización impositiva, pero omite señalar que el retraso de estas escalas y límites ha conformado, en los últimos años, parte básica de la negociación salarial que han llevado adelante los sindicatos, ya que una parte de los incrementos asignados –empujados por el Ministerio de Trabajo– se complementaba con la llegada de una mayor recaudación impositiva a las arcas del Estado.

Por otro lado, habrá que admitir que el Gobierno busca cristalizar una política de inflación administrada que, huelga decirlo, en los últimos años, es cada vez más difícil de administrar. Esa política, junto a una emisión monetaria que ajusta por la inflación real (no Indec) y un sindicalismo activo –pero no desafiante con el poder– es también parte del modelo económico. En ello radica la suerte del sostenimiento de los incrementos salariales de hasta 25% por año y, en esa porfía, no sólo la búsqueda de la recuperación del impacto de la inflación en los salarios, sino también un “empujón” en términos reales cuando esos aumentos han trepado por encima de la marca inflacionaria.

Si un frente sindical fuerte pero afín al Gobierno es parte fundacional del modelo... ¿qué pasa cuando ese cuerpo de “gerengados” –un término que inventó el propio Moyano para caracterizar despectivamente al líder de la UOM y candidato a la CGT, Antonio Caló, en la sumatoria de “gerente” y “delegado”– se rebela o deja de ubicarse en una posición funcional a los intereses del Ejecutivo? Otra: si la inflación funciona siempre que vaya asociada a la discusión salarial –pero que en ningún caso involucra la ‘puja impositiva’– ¿qué pasa cuando los márgenes del reclamo se embanderan políticamente en una disputa de poder y amenazan la recaudación fiscal que hasta ahora era necesaria para esterilizar los efectos inflacionarios en el poder adquisitivo de las familias de menores ingresos?

Mientras la economía crece, mientras los empresarios conceden aumentos porque prefieren hacer lobby devaluatorio o maniobrar para liberar importaciones antes que trabarse en una pelea con empleados y sindicatos, y mientras el Gobierno avala ese escenario porque está seguro de empujar la recaudación un poco más, entonces pocos son los sectores que presionan para que algo cambie. El problema aparece cuando comienzan las bajas del salario real por efecto del aumento de precios y cuando, como es el caso, el retraso en los ajustes impositivos genera que cada vez menos personas perciban asignaciones familiares y que cada vez más paguen el impuesto a las Ganancias. Con una utilización del gasto público al límite, y una recaudación que depende del nivel de actividad de la economía, y máxime cuando el superávit comercial deja pocos dólares para abastecer una demanda ilimitada (que ha redundado en un parate de las importaciones), sobrevuela la idea de que la mayor presión impositiva es, ahora, parte indispensable del modelo.