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Martes 23.09.2014 | 03:18
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Finanzas y mercados
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El fallo que dictó el juez estadounidense Thomas Griesa, a favor de los fondos buitre que reclaman contra la Argentina, ya empezó a tener sus efectos sobre los ingresos de los futuros jubilados en el país: la Anses perdió en los últimos veinte días más de $ 1.900 millones sólo por la tenencia de bonos argentinos en su cartera de inversiones. La razón: el desplome que sufrió toda la renta fija local a partir de la decisión judicial que puso en jaque el Gobierno, y que llegó a arrastrar, incluso, a aquellos activos que poco tienen que ver con el alcance de este fallo, como los títulos en pesos bajo legislación local.


La estimación fue realizada para este diario por los técnicos del área de estudios económicos del Banco Ciudad, que dirige Luciano Laspina, a partir de la información parcial que brinda trimestralmente la Anses.
El Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) había alcanzado, a fines de septiembre pasado, $126.000 millones. De estos, casi un 60% estaba invertido en títulos públicos nacionales, un 9% está colocado a plazo fijo y casi un 7% en acciones. El resto (25,7%) está destinado por el organismo a proyectos productivos o de infraestructura.


En el Banco Ciudad calcularon que, sólo por la caída que sufrió en estos días el Discount en dólares bajo legislación local (de un 25%), el fondo del organismo se desvalorizó en $1.200 millones; y que por la caída del cuasipar en pesos, éste terminó por perder otros $700 millones. A eso se le debe sumar una caída marginal del Bonar 14, que le restó otros $9 millones.


Así y todo, la suma por estos tres conceptos –de unos $1.900 millones en total– no alcanza a reflejar el impacto total que tuvo el fallo de Griesa sobre los fondos de los jubilados porque el FGS suele dar información parcial sobre la tenencia de sus activos, para evitar “especulaciones” en el mercado.


El golpe sobre los títulos públicos argentinos y, por lo tanto, sobre estos fondos jubilatorios, podría no haber terminado. En la consultora ACM, del economista Javier Alvaredo, consideran que “podría extenderse por un buen tiempo más”, y que “la situación legal puede afectar potencialmente el normal pago de los bonos reestructurados”.


El mejor reflejo de este gran temor que se exacerbó en el mercado fue la rápida suba que mostraron en estos días los seguros que pagan los inversores para resguardarse de un posible default de la Argentina. El llamado Credit Default Swap (CDS) a 5 años se disparó la semana pasada en 546 puntos básicos hasta alcanzar 2.611, un nuevo récord de los últimos cuatro años. Pero el más castigado fue, curiosamente, el CDS de 1 año, que es el que debería aplicarse en caso de que ocurriera un default técnico: “El spread cercano a los 7000 puntos básicos (70%) asume que Argentina fracasará en su estrategia judicial casi con certeza”, comentaron en la consultora Elypsis, del economista Eduardo Levy Yeyati. “El incremento de este brecha refleja la percepción de voluntad de pago independientemente de la decisión legal y el rating”, agregaron.


Los títulos que más sufrieron por la embestida legal de los fondos buitres fueron el Global 17 y el Dicount en dólares que están bajo legislación extranjera, y que desde el 25 de octubre hasta hoy retrocedieron ya un 28%. También el Par en dólares, que retrocedió en el mismo tiempo un 15%.


“Independientemente de la renuncia del Gobierno de acceder a los mercados internacionales, esta situación dificulta enormemente el acceso al crédito no sólo de los gobiernos provinciales, sino también de las empresas argentinas, con lo cual la oferta de dólares en el mercado de cambios local sufrirá una nueva retracción”, alertó la consultora de Alvaredo.


En Elypsis, sin embargo, advierten actualmente que la probabilidad de default que está implícita en los bonos de ley extranjera es muy inferior. Y destacan que, “a diferencia de lo que sucedió con el temor de pesificación a principios de año, hoy el mercado asigna una menor probabilidad de evento de crédito en los bonos de ley local”, que en los que están bajo legislación extranjera.

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