Tras la decisión oficial de limitar la tasa que se cobra por préstamos a jubilados, las mutuales –que en la práctica han paralizado su operatoria–buscan hoy negociar una fórmula que les permita seguir activas.
Francisco Savoini, presidente del consejo directivo de la Confederación Nacional de Mutualidades de la República Argentina, pidió una audiencia con el director ejecutivo de la ANSeS, Diego Bossio, y otra con la ministra de Acción Social, Alicia Kirchner, que tiene bajo su cargo el Inaes, el organismo regulador de las cooperativas. Alfredo Sigliano, presidente de Asociación Mutual de Protección Familiar, adelantó a El Cronista que el objetivo de la reunión es hacerles una contrapropuesta: aceptar la tasa máxima del 30% anual, pero a cambio de que la cuota social, que cuesta un promedio de entre $ 15 y $ 20, no esté incluida dentro del costo financiero total. “De lo contrario, de un préstamo de $ 1.300, al cabo de un año nos quedaría de utilidad solamente $ 30, con lo cual perderíamos de lleno contra la inflación”, explicó Sigliano.
El problema, a su criterio, reside en las “pseudo-mutuales”, algunas incluso asociadas a entidades bancarias, que estaban cobrando tasas de entre el 80% y el 100% anual, cuando en el resto del sector las tasas oscilaban entre el 40% y el 45% anual. Por lo tanto, Darío Martínez Corti, presidente de la Federación de Entidades Mutuales de Buenos Aires, considera justa la medida tomada por el gobierno, ya que es consciente que algunas entidades estaban aprovechándose de los jubilados, “pero no eran cooperativas genuinas”.
No obstante, aclara que es anti-jurídico que la cuota social esté incluida dentro del costo, ya que brindan servicios de salud, educación, becas universitarias y secundarias, además de asignaciones escolares: “Que nos auditen y nos fiscalicen. Pero que no nos pongan a todos en la misma bolsa. El sistema se ha desprestigiado por algunas cooperativas que cobran tasas usureras”.
Enseguida, relata la diferencia que existe entre ellas y una mutual. Esta última no tiene fin de lucro ni distribución de utilidades, mientras las cooperativas pueden redituar interés a sus asociados. Es más, en la terminología mutualista está prohibido hablar de “préstamo” o de “crédito” (que corresponde a la jerga financiera), sino que la palabra correcta es “ayuda económica”. Eso es lo que parecieran necesitar ahora las mutuales: a partir del decreto presidencial de fines de diciembre, la actividad disminuyó a tal punto que en el mercado estiman unos 4.000 despidos sobre los 100.000 empleados que tienen las 4.000 mutuales de todo el país, que atienden a 4,5 millones de personas.
Es que el tope de tasa fijado por la presidenta no fue sólo para los préstamos a jubilados, sino también para los estatales. “La medida terminó provocando un efecto no deseado, ya que se frenó por completo toda la oferta crediticia hacia este segmento de la población, que se encuentra ya de por sí muy endeudado”, explicó el gerente de operaciones de un banco.
La mora en este segmento es de entre el 6% y el 8%, pese a que se realiza por código de descuento. Es que muchos van el mismo día a pedir un préstamos a varias mutuales, ya que por el sistema operativo no permite detectarlo en el acto.