Hoy a las 10.30 está prevista una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Finanzas en el Congreso para tratar la polémica iniciativa del oficialismo que busca la recuperación del crédito mediante la eliminación de datos crediticios adversos. En el encuentro estarán presente el presidente de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), Juan Carlos Fábrega; representantes de la Subsecretaría de Defensa al Consumidor y de la Cámara Argentina de Comercio y funcionarios del Banco Central (BCRA). La titular del organismo monetario, Mercedes Marcó del Pont, fue invitada a participar, pero fuentes de la entidad confirmaron que no asistirá a la convocatoria.
De esta manera, el kirchnerismo avanza en Diputados con el proyecto que impulsa un borrón general de los registros en bancos de datos de riesgo crediticio para aquellos morosos que registren deudas inferiores a $ 10.000, una suerte de amnistía general que tiene tan preocupado al sistema financiero. El desvelo de los banqueros se apoya en la lectura de que el proyecto es un riesgoso blanqueo de deudores de montos bajos, que los autores asimilan con pymes, compra de electrodomésticos y usuarios de tarjetas de crédito. Pero también frena la posibilidad de mantener un registro de la conducta de deudores, lo que podría implicar una suba de la tasa por mayor riesgo o directamente la negativa de las entidades a dar crédito o inclusive entregar plásticos para consumo.
La semana pasada la Comisión de Asuntos Constitucionales convocó a otras cámaras bancarias, como Adeba y ABA. Estas entidades volverán a reunirse en la próxima convocatoria y apuntarán a conseguir algunas modificaciones del proyecto –que goza de amplio consenso–, poniendo ciertos límites. El autor de la iniciativa es el diputado Rubén Yazbek (FpV) quien propone eliminar el asiento negativo, para quienes hayan regularizado o cancelado sus deudas, o extinguido la obligación que diera origen al informe impeditivo del crédito. Hoy la ley establece que, habiendo cumplido con sus compromisos, aun así, se mantienen en condición irregular por dos años. Yazbek aclaró, no obstante, que “no se condonan ni perdonan deudas, podrán ser perseguidas para su cobro por todos los medios legales”.