La corrupción amenaza el futuro de Brasil

Los riesgos de la impunidad en una economía de u$s 6 billones y 600 millones de habitantes

Cubierto de tatuajes, el camionero Edilson da Silva no es de callarse la boca. De todos modos, debe tener cuidado con lo que dice cuando se refiere a la policía estatal de San Pablo.
Oficiales de la autopista le incautaron su camión de mudanzas el sábado pasado en un puesto rural remoto ubicado en la ruta costera del estado debido a un problema con un documento.
"El único que habla acá soy yo", vocifera uno de los oficiales cuando da Silva intenta quejarse de que se le está indicando en forma errónea el modo de "liberar" el camión.
Es miércoles y es el quinto día de su búsqueda. Los costos se acumulan -lucro cesante, el cargo que se cobra por día que el camión permanece en el complejo y los viáticos de ida y vuelta a la estación de policía- y también está el temor de que le pidan una coima.
"Ya nos pararon 10 veces en este lugar", dice el camionero. "Todos saben que acá hay oficiales que piden coimas." (La policía estatal de San Pablo no respondió los pedidos de realizar comentarios. Pero la fuerza dice que su política es analizar cualquier acusación de accionar delictivo contra sus oficiales y, de ser necesario, iniciar una investigación o bien adoptar medidas correctivas.).
El abuso de poder, en todos los escalafones de la política, forma parte de la vida cotidiana de Brasil. A pesar de un avance importante en varias áreas del gobierno, las infracciones por parte de funcionarios públicos y políticos, que van desde la ineficacia, la negligencia y el despilfarro hasta la corrupción lisa y llana, siguen siendo moneda corriente y son posibles gracias a lo que los brasileños llaman la cultura de la impunidad de la nación.
"Nuestro sistema penal es muy laxo, es un sistema que favorece completamente a los sospechosos y la criminalidad", afirma Joaquim Barbosa, el categórico presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil. "Todo conspira para garantizar que los casos penales no tengan consecuencias."
El año pasado Barbosa y el resto de los jueces del Supremo Tribunal Federal hicieron historia al condenar a prisión a políticos de trayectoria, incluyendo antiguas manos derechas de Luiz Inácio Lula da Silva, el ex presidente, por utilizar dinero público para comprar votos en el Congreso. El caso, conocido como Mensalão, o gran estipendio mensual, fue apenas la segunda vez que se condenase a un político en ejercicio, ni hablar de un grupo de políticos, a prisión.
Pero ahora el caso pone a Barbosa y los jueces en tela de juicio, esta vez en el tribunal de la opinión pública. El mes pasado otorgaron a muchos de los condenados el derecho de apelar por cuestiones técnicas. Mientras la opinión de los expertos está dividida en cuanto al mérito de las apelaciones, la esperanza que las condenas infundieron en el brasileño común fue reemplazada por un escepticismo familiar. Cualquier reacción violenta del público contra el caso podría afectar las posibilidades de reelección de Dilma Rousseff, la presidente, luego de las manifestaciones masivas de junio contra el nivel de los servicios públicos y la incompetencia y corrupción de las clases políticas del país.
Más allá de las fronteras de Brasil se mirará de cerca el resultado de las apelaciones. A pesar del progreso de su economía, una de las grandes diferencias entre las naciones BRIC, que también incluyen a Rusia, India y China, y los países industrializados es un gobierno débil y la incapacidad de respetar el imperio de la ley.
Mientras los países en desarrollo quedan bajo la lupa a medida que la política monetaria laxa de los EE.UU. se acerca a su fin, es posible que las naciones donde el imperio de la ley es más fuerte resulten más atractivas en la era de capital más escaso que se avecina.
El imperio de la ley es una de las herramientas más importantes para construir confianza en la sociedad, sostiene Oscar Vilhena, director de legales de FGV, una institución académica de San Pablo. "La gente no tiende a involucrase en relaciones económicas que llevan a un desarrollo mayor si la ley no impera."
La impunidad tiene vastos antecedentes en la República de Brasil moderna. Uno de los casos más notorios incluye al padre del ex presidente Fernando Collor de Mello, el Senador Arnon de Mello, que disparó y mató a un político en el recinto del Senado en 1963 y fue absuelto de toda culpa y cargo. Su hijo, 20 años más tarde, fue destituido de su cargo de presidente por un escándalo de corrupción. Aún es senador.
El año pasado Demóstenes Torres, un senador que se hizo conocido por sus discursos encendidos contra la corrupción, fue investigado por la policía por presunta colaboración en secreto con Carlos Augusto Ramos, sospechado de ser uno de los mafiosos de apuestas ilegales más grande del país. Dichas acusaciones se negaron. Este año Cid Gomes, gobernador del Estado de Ceará, ubicado en el noreste empobrecido, fue investigado luego de que Ivete Sangalo, una cantante popular, recibiese R$ 650.000 (u$s 300.000) para cantar en la inauguración de un hospital. Al mes siguiente una tormenta tiró abajo la fachada del edificio. El año pasado Gomes pagó R$ 3 millones para que Plácido Domingo cantase en la inauguración de un centro de eventos.
Pero la impunidad en Brasil tiene una faceta aún más siniestra. En la década de 2010, al menos ocho intendentes en ejercicio fueron asesinados, informó R7, una empresa de medios. El año pasado, cinco periodistas fueron asesinados en Brasil en relación con su trabajo, la cifra más alta de Latinoamérica sin contar a México y una de las más altas en un país en paz, según Reporters Without Borders. Brasil ocupa el puesto 69, entre 176 países y territorios, en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional. Si bien su puntaje de 43 es mejor que el de otras naciones BRIC, se considera que cualquier país con puntaje inferior a 50 tiene un problema grave de corrupción.
Nuestro sistema penal actual fomenta la impunidad, dice Jorge Sanchez, presidente de Amarribo, un grupo que lucha contra la corrupción en municipalidades que, a su vez, es el socio local de Transparencia Internacional. Quienes tienen buenos abogados pueden estirar un caso hasta que prescribe; de este modo, aunque se los encuentre culpables de un delito, no se los puede castigar ni arrestar.
El caso Mensalão ocurrió entre 2003 y 2004, los primeros dos años del nuevo gobierno de Lula da Silva. Para que sus proyectos de ley fuesen promulgados en el altamente fragmentado Congreso brasileño, los líderes del partido de los trabajadores del ex presidente, incluyendo a José Dirceu, ex jefe de despacho, José Genoino, presidente del partido, y Delúbio Soares, el tesorero, organizaron el pago de coimas mensuales a políticos opositores a cambio de su apoyo.
El caso estuvo archivado en el Supremo Tribunal Federal hasta el año pasado. Luego, para sorpresa del brasileño común, Barbosa y sus colegas descartaron la tradición de sumisión a los dueños del poder y dictaron duras condenas a 25 de los 40 sospechosos originales. Dirceu fue condenado a casi 11 años de cárcel, Genoino a casi siete y Soares a casi nueve. La decisión fue considerada una muestra importante de la independencia del poder judicial dado que muchos de los jueces habían sido designados por Lula da Silva o Rousseff, su sucesora.
Tras la decisión del año pasado, Barbosa, primer presidente negro del Tribunal, dijo a periodistas extranjeros que el principal problema del sistema era la variedad de normas "absurdas" que rigen los plazos de prescripción en materia de corrupción. Por citar un ejemplo, si una persona comete un delito que implique una condena a dos años de prisión pero los fiscales no presentan una demanda en su contra dentro de los cuatro años de cometido el delito, la persona queda en libertad.
Barbosa dijo que otro de los factores utilizados para justificar la impunidad es la terrible situación de hacinamiento en las cárceles del país. Hay una percepción de que los jueces suelen evitar el envío de delinuentes de guante blanco a la cárcel por temor a que no vayan a sobrevivir.
Durante el caso Mensalão, por ejemplo, hubo un periódico que publicó un editorial en el que decía que las sanciones que se aplicaban eran absurdas, medievales, que las personas de esa clase no debían ser encarceladas, sostuvo.
Otros dicen que el principal problema con el sistema judicial es la cantidad de posibilidades de apelar. Jorge Hage, jefe de la Contraloría General de la República (CGU), organismo encargado de monitorear las cuentas públicas, afirma que la legislación permite que una persona permanezca libre mientras atraviesa un proceso de apelación que es exhaustivo y, a menudo, frívolo. La mayoría de los acusados presenta recursos de apelación ante el Tribunal Supremo a pesar de que este debería ocuparse exclusivamente de cuestiones constitucionales, y el Tribunal Superior de Justicia, otro tribunal especializado. Los casos pueden tardar 20 años.
En la mayoría de los países, la mayoría de los casos ni siquiera llega a la Corte Suprema, declaró Hage en su oficina de Brasilia. Es por tal motivo que la Suprema Corte de los EE.UU. se pronuncia sobre 100 casos por año y la nuestra maneja alrededor de 100.000 por año.
Otros afirman que incluso si se aprobaran los numerosos proyectos de ley para eliminar las lagunas legales trabados en el Congreso, la corrupción no se erradicará tan fácilmente. Uno de los problemas es la financiación de las campañas, que se logra generalmente mediante sobornos del sector privado. La financiación de las campañas por parte de las empresas es, en mi opinión, la base de gran parte de nuestros problemas de corrupción, sostuvo Hage.
Otro problema es el sistema económico de Brasil en el que el estado reparte la riqueza a los grupos de interés mediante subsidios, beneficios, préstamos y protección en un proceso que los académicos Marcos de Barros Lisboa y Zeina Abdel Latif describieron como la búsqueda de renta en un artículo titulado Democracia y Crecimiento en Brasil. Brasil añadió niveles de controles para limitar el mal uso de estos fondos que, por el contrario, contribuyeron a la falta de transparencia. La corrupción es el resultado de un sistema así de complicado, afirma Lisboa, que trabaja para la escuela de negocios Insper, en San Pablo.
A ello se deben las divisiones de opinión de los analistas sobre cuál será el legado del caso Mensalão. Si bien no todos los condenados reunían las condiciones para poder apelar, entre los que sí lo hicieron se incluyen algunos de los delincuentes de más alto perfil, como Dirceu y Genoino. Este último sigue desempeñando funciones en el Congreso.
La mayoría cree que Dirceu, Genoino y el resto tienen ahora la oportunidad de asegurarse sentencias más indulgentes de modo que tengan que cumplir un plazo abierto o semi-abierto en el que sólo tienen la obligación de pasar la noche en su celda. Ese resultado seguiría siendo positivo, escribió recientemente Fernando Henrique Cardoso, ex presidente y principal figura de la oposición.
Vilhena, de FGV, dijo que el caso formaba parte de un proceso positivo de cambio que se inició hace 30 años, tras el fin de dos décadas de dictadura. El proceso incluye la creación de la policía federal y una fiscalía independiente, y el fin de la exigencia de que el Tribunal Supremo deba pedir autorización al Congreso para juzgar a políticos en ejercicio. Los políticos son cada vez más conscientes de estos cambios, afirma.
Los políticos que hagan caso omiso de esta transformación, lo harán a su propio riesgo. Tal como quedó demostrado en las manifestaciones callejeras de junio, la clase media se está despertando. Si los mensaleiros logran salirse con la suya, los brasileños tendrán un gran escenario el próximo año en el cual dar rienda suelta a su ira, en la Copa Mundial de Fútbol, seguido de una elección presidencial.
Ya viví suficiente tiempo para creer que el caso Mensalão terminará en la nada, sostiene Olinda Betti, que trabaja en un quiosco en la Avenida Paulista, arteria principal de San Pablo. Tengo 70 años y recuerdo que, cuando era niña, mi padre decía que los políticos robaban el dinero de todos. En mi adolescencia, oía la misma clase de comentarios y ahora que soy abuela, la historia sigue igual.

Traducción: Viviana L. Fernández

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