Ley Solo Sí Es Sí

Polémica por la ley "Solo sí es sí": las 10 medidas "urgentes" del gobierno para defender la norma

El departamento que dirige Irene Montero ha propuesto un plan de medidas urgentes para proteger a las víctimas de violencias sexuales e implementar de forma eficaz la ley.

La ministra de Igualdad, Irene Montero, aseguró que la rebaja en las penas a los condenados por delitos sexuales contenidos en la Ley de Garantía de la Libertad Sexual (conocida como ley del solo sí es sí) se debe a que los jueces "están incumpliendo la ley" producto del "machismo", y ha defendido la eficacia del texto original.

La Ministra de Igualdad Irene Montero acusó a los jueces de incumplimiento de la ley. Foto: EFE/ Daniel González

La primera revisión de penas por delitos sexuales bajo la aplicación de la nueva Ley "solo sí es sí" ha tenido resultados no esperados. Fuentes del departamento que dirige Irene Montero argumentan que los jueces "no han considerado que la Ley de Libertad Sexual en su artículo 181.2 establece las mismas penas que la ley anterior: de 5 a 10 años", según reporta El Confidencial.

Uno de los casos más resonantes fue la reducción de la condena a cinco años que impuso la Audiencia Provincial de Madrid a un acusado de abusar sexualmente de tres menores. Debido a la nueva normativa, la pena que corresponde es de un año y tres meses por lo que el hombre, en el caso de no tener antecedentes penales no iría a prisión. 

Por su parte, el abogado del acusado expuso que "la consecuencia jurídica de ello es clara a juicio de esta defensa y es que la voluntad del legislador ha sido la de despenalizar todas estas conductas".

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¿Dónde encuentran las fallas de la ley?

El problema se centra en la fusión del delito de abuso sexual dentro de la agresión sexual. La agresión sexual básica pasaría a ser de entre uno y cuatro años de cárcel, mientras que antes era hasta cinco; y el delito de agresión sexual con penetración se castiga con entre cuatro y 12 años, cuando con la anterior lectura el mínimo era de seis años. A esto se suman otros cambios como el que castiga las conductas agravantes [artículo 180] que fue impuesto a los violadores de `La Manada'. Ahora la pena va de entre siete a 15 años de prisión, cuando antes iba de 12 a 15.

La respuesta del Ministerio de Igualdad

El Ministerio de Igualdad admite que "ninguna reforma penal de la ley del solo sí es sí "puede frenar las revisiones", y advierte de que volver al modelo anterior supone hacer pasar a las víctimas por "un calvario probatorio" para poder demostrar las violencias sexuales ejercidas contra ellas", según informó Agencia EFE

El departamento que dirige Irene Montero ha propuesto un plan de medidas urgentes para proteger a las víctimas de violencias sexuales e implementar de forma eficaz la ley.

"No existe ninguna reforma penal de la ley que pueda frenar las revisiones, ya que son consecuencia de la incorrecta aplicación del derecho transitorio y de la propia ley", insisten desde Igualdad, que defiende la puesta en marcha de forma urgente de diez medidas que van desde la especialización judicial a la formación en violencias sexuales o el incremento de efectivos para la protección de las mujeres".

Según el ministerio, "es imprescindible frenar cualquier intento de la derecha para volver al modelo anterior, basado en la violencia y la intimidación y que exigía a las mujeres pasar por un calvario probatorio para poder demostrar las violencias sexuales ejercidas contra ellas".

Ley sólo sí es sí: las 10 medidas de urgencia que propone el Ministerio de Igualdad 

Para proteger a las víctimas de violencias sexuales e "implementar la ley del solo sí es sí", Igualdad plantea estas diez medidas urgentes:

  1. Doblar los juzgados exclusivos de violencia sobre la mujer ampliando sus competencias a los delitos contra la libertad sexual.
  2. Refuerzo de la Fiscalía de violencia sobre la mujer y ampliación de sus competencias a las violencias sexuales.
  3. Garantizar la asistencia jurídica gratuita a las víctimas.
  4. Inclusión de las víctimas de violencia sexual en el Servicio Telefónico de Atención y Protección a las víctimas de la violencia de género (ATENPRO) desde 2023 e incremento del número de dispositivos.
  5. Refuerzo de las unidades de valoración forense integral.
  6. Formación especializada en violencia contra las mujeres a todo el personal de la Administración de Justicia e Interior así como educación y sanidad).
  7. Implementación de las ayudas a víctimas de violencias sexuales.
  8. Creación del servicio de atención psicológica y psiquiátrica especializada en violencia sexual en el Sistema Nacional de Salud para la completa recuperación de las víctimas a largo plazo.
  9. Incremento del número de agentes que el Ministerio del Interior indica que dedica de forma exclusiva a la protección de las mujeres que sufren violencia de género, ampliando las competencias de las unidades especializadas a los delitos contra la libertad sexual.
  10. Implementación de puntos violeta en todas las dependencias e instalaciones públicas que refuercen los servicios de atención e información a todas las víctimas.

La postura de Justicia  

El departamento que dirige Pilar Llop ha planteado una propuesta, según informó EFE, en la que retoma las penas anteriores a la ley del solo sí es sí de entre 1 y 5 años de prisión en el caso de agresiones cometidas empleando violencia o intimidación, o sobre una víctima que tenga anulada por cualquier causa su voluntad. Y si hay penetración, propone una pena de seis a doce años de prisión.

Mientras, si hay agravantes, las penas volverían a situarse entre los 5 y 10 años de cárcel si no hay penetración, y de 12 a 15 en el caso de haberla.

En el caso de que se pueda imponer una reducción de condena al agresor, remarca que el tribunal tendrá que razonarlo en la sentencia y "siempre que no medie violencia o intimidación o que la víctima tuviera anulada por cualquier causa su voluntad o no concurran las circunstancias del artículo 180" de la ley.

Asimismo, en las agresiones a menores de 16 años eleva las penas de 8 a 12 años de prisión sin penetración y de 12 a 15 si existe penetración. Mientras, apunta que si concurren dos o más circunstancias agravantes se impondrán estas penas en su mitad superior.

La respuesta del Ministerio de Igualdad 

Fuentes del Ministerio de Igualdad han manifestado a Agencia EFE que "recuperar las penas de prisión anteriores a la ley supone dejar sobre la víctima la responsabilidad de demostrar que se resistió, que hubo violencia. Es renunciar al modelo del consentimiento", remarcan. 

El Ministerio que dirige Irene Montero advierte de que "ninguna reforma penal de la ley "puede frenar las revisiones", y señala que volver al modelo anterior supone hacer pasar a las víctimas por "un calvario probatorio". Frente a ello, ha propuesto un plan de medidas urgentes que van desde la especialización judicial a la formación en violencias sexuales o el incremento de efectivos para la protección de las mujeres". 

Izquierda Unida, por su parte, considera oportunas "modificaciones puntuales" de la ley, aunque preservando el espíritu de la norma como "la cuestión del consentimiento".

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