El Gobierno puso en marcha un amplio recorte en los subsidios del Estado a los servicios de electricidad, gas y agua (sólo para los clientes de AYSA) que derivarán en aumentos desde el 300% para los vecinos de la Capital y el Gran Buenos Aires y empezarán a aplicarse, sucesivamente, desde el primer día del año que viene.
En paralelo, acompañó esa decisión con una quita total del subsidio a refinadoras de combustibles, procesamiento de gas, biocombustibles, aceites y agroquímicos que regirán desde el 1º de diciembre. Eso le permitirá al Gobierno ahorrarse $ 3.467 millones.
En la práctica, la decisión dada a conocer ayer no implica un aumento de tarifa, algo que insisten en aclarar desde el Gobierno, pero dejará una huella profunda en las facturas.
El anuncio, que fue liderado por el ministro de Economía y vicepresidente electo, Amado Boudou, y por el titular de Planificación, Julio de Vido –en un evento casi calcado de la conferencia que brindaron hace dos semanas– puso en negro sobre blanco la política del Gobierno de cara a los próximos cuatro años, ya que decidió avanzar masivamente con aumentos sobre sectores residenciales, hasta ahora una frontera inexpugnable para la mentalidad kirchnerista. Con el objetivo de alcanzar una ahorro fiscal para darle oxígeno a una caja pública cada vez más estrecha.
La estrategia de aumentos para los clientes residenciales, de alto impacto político y escasas precisiones técnicas hasta ahora, consta de tres partes:
n Una reducción total del subsidio que reciben vecinos de Barrio Parque, Puerto Madero (los barrios más acomodados de la Capital) y los countries de todo el país, que implicará subas de entre tres y cuatro veces en los casos de la luz y el gas (el agua será mayor en porcentajes, pero el monto total suele ser menor) a partir de enero para 232.000 hogares. Eso le permitirá al Gobierno ahorrar $ 569 millones. Según Boudou, comenzaron por la Ciudad porque “el producto bruto per cápita es de u$s 35.000 anuales, mientras que en el resto del país es de u$s 9.000”. Allí se destina, además, el 53% del gasto en subsidios.
n La creación de un Registro Único de Usuarios de Servicios Públicos que obligará a todos los consumidores a reempadronarse en el servicio y manifestar expresamente en una nota que llegará con cada factura si desea seguir recibiendo subsidios. En caso de una respuesta afirmativa, el Gobierno decidirá si sostiene el aporte o no luego de cruzar los datos del usuario con las bases de datos de la ANSeS y la AFIP. Si es necesario, enviará alguien que verifique esa necesidad en el domicilio. En la práctica, este punto abre la puerta para múltiples aumentos en la zona más poblada del país. Por caso, si el usuario no responde, se le quitará el subsidio.
De Vido reconoció que el proceso domiciliario, por pedido de la presidenta Cristina Fernández, se llevará adelante “en forma gradual, arrancando por la Ciudad de Buenos Aires con los barrios de mayor poder adquisitivo”.
Con los anuncios de las últimas dos semanas, el Gobierno recortó la factura de subsidios en
$ 4.636 millones, poco más del 6% de los $ 75.273 millones (más de un 4% del producto de 2011) que están previstos gastar en ese rubro el año que viene, de acuerdo con el proyecto de Presupuesto 2012. Pero el ahorro fiscal podría ser mucho mayor según la profundidad de aplicación del registro.
n La creación de un espacio para renunciar voluntariamente al subsidio a través de una página web o un 0800, que estará listo en 10 días.
El Gobierno, en tanto, asegura que no tocará de ninguna manera los valores que desembolsan los sectores de menores recursos. En el caso de los clientes residenciales, los aumentos serán variables de acuerdo con el consumo, pero se ubicarán en torno al 300% en la mayoría de los casos, en especial en luz y gas, que tienen boletas más abultadas que el servicio de agua. Así, un usuario que utiliza 1.500 kilowatts (es un consumo alto, para una casa en un country de la provincia de Buenos Aires, por caso) desembolsa hoy unos $ 220 ($ 70 de impuestos) y cuenta con un subsidio de $ 300.
Desde enero, con el nuevo marco de facturación, desembolsará
$ 450 por la electricidad, pero los impuestos se elevarían hasta
$ 157, por lo que el importe final alcanzaría los $ 607. En las distribuidoras eléctricas (Edenor y Edesur) esperaban ayer más aclaraciones con respecto a este punto.
En las próximas semanas el Gobierno anunciará más recortes de subsidios (y por lo tanto aumentos en las facturas de los servicios públicos) para más empresas. En despachos oficiales dicen que los ajustes no llevarán a aumentos de precios. Pero entre los hombres de negocios son escépticos.