LA PRESIDENTA PROMULGÓ PARCIALMENTE LA LEY SANCIONADA POR EL CONGRESO

Por un veto de Cristina, la UIF podrá ser querellante en causas por lavado

El organismo podrá perseguir judicialmente a los sospechosos de lavar dinero. La oposición lo rechazó en el Congreso. Alak viajó al GAFI para evitar sanciones

La presidenta Cristina Fernández vetó ayer un artículo de la ley antilavado y facultó así a la Unidad de Información Financiera (UIF) a ser querellante en las causas penales en las que se investigue el lavado de activos. Esa potestad había sido cuestionada por la oposición durante las negociaciones para votar la ley en el Congreso.
Mientras, la delegación de la UIF que participa de la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en México negocia contrarreloj para evitar una sanción del organismo, que amenaza con incluir a la Argentina en la lista gris, reservada a los países de escasa colaboración en la lucha contra el lavado de dinero y el terrorismo.
Al respecto, el ministro de Justicia, Julio Alak, viajó ayer a México y se sumará al titular de la UIF, José Sbattella, quien busca ganar meses para continuar efectuando las reformas que exige el GAFI.
El Gobierno promulgó ayer la ley 26.683, que modifica el Código Penal y agrega el lavado de activos como un delito autónomo. La ley era uno de los requerimientos que exigía el GAFI para eximir a la Argentina de sanciones.
Entre las exigencias del GAFI, estaba la de permitir a la UIF pueda perseguir judicialmente el lavado de activos, algo que ocurre por decreto desde 2008. Pero la oposición se opuso en el Congreso a esta iniciativa, por considerar que facultar a la UIF a constituirse en parte querellante sería darle una carta blanca para avanzar en investigaciones contra enemigos políticos.
Es evidente la intención de seguir persiguiendo a los opositores y preservar a los amigos del poder, consideró el diputado del PJ Federal Gustavo Ferrari, uno de los impulsores de la ley.
La presidenta no puede desconocer que uno de los motivos sobre los que pende la posibilidad de que la Argentina sea sancionada, es precisamente la utilización política de la UIF, sobre todo cuando un fiscal Federal acaba de imputar al Presidente de la UIF por incumplimiento de deberes a raíz del cajoneo de la investigación vinculada a los fondos de la Fundación Madres de Plaza de Mayo. El veto parcial sin lugar a dudas reflejará en el orden internacional la despreocupación del gobierno por este tema, insistió Ferrari.
El decreto 825, que promulgó parcialmente la ley, argumentó que tanto los tribunales de primera instancia como los de alzada han designado querellante a la UIF en distintas causas y contó, hasta 2010, 70 procesos penales en los que interviene el organismo.
Desde ayer, Sbattella intenta evitar que el país sea sancionado con la inclusión en la denominada lista gris, en la que ingresan países con serias falencias en los mecanismos de combate al lavado. Integran ese club, entre otros, Turquía, Grecia, Venezuela y Ecuador.
Hoy a última hora finalizarán las sesiones plenarias del GAFI y el viernes estará el veredicto. La Argentina, que cuenta con el apoyo del Gafisud, está en una situación que se denomina Auditoría Interna, en la que el organismo reclama acciones formales y concretas para mejorar el sistema de control.
La Argentina llegó a México con 26 de los 40 ítems que pedía cumplir el GAFI incumplidos. Eso, a pesar de la batería de resoluciones que la UIF dictó a comienzos de año para alcanzar a distintos actores políticos y económicos con las esferas de control.

Las más leídas de Economía y Política

Destacadas de hoy

Noticias de tu interés