Después más de una década de vigencia del arancel cero para la importación de bienes de capital de extrazona –medida que fue instrumentada por el ex ministro Domingo Cavallo en 2001, para fomentar la inversión–, el Gobierno decidió subir la tasa a 14% a partir del 1º de mayo y eliminar de esta forma el mecanismo de compensación que recibían –en forma de bono– los productores locales de maquinaria. Sin embargo, los fabricantes nacionales recibieron la promesa de que este año se volcarán al sector fondos por $ 2.700 millones.
La decisión fue comunicada por la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra) a sus socios esta semana y también llegó a manos de la Cámara de Importadores (CIRA), que cuestionó duramente la medida mediante un comunicado. Fuentes oficiales confirmaron que la movida está bajo estudio y que la decisión de volver a cobrar 14% de Arancel Externo Común (AEC) apunta a “profundizar la defensa del sector de la competencia desleal externa, en un momento de crisis internacional y sobreoferta de productos a precios de dumping”.
Como está planteada, la medida podría tener un efecto negativo en la inversión, aunque podrían quedar exceptuados de la suba del arancel aquellos bienes de capital que no se fabriquen en la Argentina, si bien debería estar convalidado por Brasil. Fuentes de cámaras asociadas a Adimra afirmaron que “se está armando una lista de lo no producido” en la Argentina para presentarle al Gobierno.
Para poder aplicar el arancel cero en 2001, Cavallo tuvo que pedir un “waiver” –permiso– al Mercosur, que fue prorrogándose año tras año. Pero hace tiempo que Brasil presiona para suspender el permiso y, por otro lado, la Argentina necesita de mayores recursos fiscales.
Por un lado, el Gobierno dejará de pagar el bono a los metalúrgicos –el costo fiscal asciende a $ 1.400 millones anuales–, mientras que por otro lado obtendrá $ 2.600 millones anuales por la suba del arancel de 0% a 14%. Según las fuentes oficiales, lo que se le quita al sector del bono será compensado por $ 2.700 millones para “financiamiento blando” que estarán conformados por el ahorro del bono más el 50% de la recaudación por el arancel.
Con la eliminación del arancel cero a la importación de bienes de capital de extrazona, Brasil quedaría en una posición de ventaja para exportar máquinas a la Argentina. Sin embargo, Adimra informó a sus socios que le fue informado que “habrá administración del comercio a través de la Secretaria de Comercio Interior y Exterior”.
Desde el Gobierno garantizaron que estará disponible para el sector metalúrgico un esquema de bonificación de tasas a través del Banco Nación y el BICE –menor al 9%– por $ 7.000 millones, de forma tal que las empresas fabricantes de bienes de capital puedan destinar esos créditos a inversión, reconversión y aumento de la productividad, prefinanciación de exportaciones y capital de trabajo. El Programa de Desarrollo de la Industria Nacional de Bienes de Capital también contemplaría la creación de un Fondo que inicialmente contaría con $ 500 millones para atender las necesidades específicas de financiamiento de corto y mediano plazo para todas las empresas, especialmente las que no acceden al crédito bancario.
Entre las medidas que la ministra de Industria, Débora Giorgi, le informó al titular de Adimra, Juan Carlos Lascurain, a comienzos de la semana, también está incluida la suba del IVA para las ventas de bienes de capital, que pasarían del 10,5% al 21%. Este era un viejo reclamo de los metalúrgicos, que compran insumos con un IVA del 21% y luego deben vender la máquina al 10,5%. Esta diferencia genera importantes saldos que son luego difíciles de cobrar. La medida debería salir mediante una ley.
Desde CIRA informaron que también se estudia “la eliminación del IVA reducido (10,5%) para las importaciones de muchos bienes de capital” para elevarla al 21%. “Lamentamos mucho ambas decisiones, ya que la vigencia de esos beneficios ha permitido un importantísimo reequipamiento y modernización industrial, y el desarrollo de muchas inversiones productivas en la economía real del país, mediante la importación de una gran cantidad de bienes de capital y tecnología no producidos en Argentina”, precisó la cámara. A su vez, pidió que se vuelvan a analizar “los impactos negativos que una decisión de este tipo causaría en el campo productivo del país”.