Oficinas alquiladas por la Fundación Madres de Plaza de Mayo fueron allanadas ayer por orden del juez federal Norberto Oyarbide en la causa que investiga el supuesto fraude cometido por el ex apoderado de la entidad, Sergio Schoklender. El operativo se llevó a cabo en un departamento ubicado en el tercer piso de Hipólito Yrigoyen 1534 donde fueron secuestradas numerosas cajas con documentación y computadoras.
Según aseguró Hebe de Bonafifini, el lugar fue “utilizado exclusivamente” por Pablo Schoklender. Ella le solicitó al magistrado investigar el lugar, alquilado por su Fundación.
“Dicha unidad fue locada por la Fundación que represento y fue utilizada exclusivamente por el co imputado Pablo Schoklender y personas de su estricta confianza”, aseguró Bonafini mediante un comunicado.
“Desde que el mencionado fuera desvinculado de esta Fundación hemos recibido llamados de personas vinculadas al mismo, requiriendo la llave de la unidad con la supuesta necesidad y urgencia de retirar objetos personales”, agregó.
Las oficinas se encuentran en Yrigoyen 1584. Edificio de por medio, en el 1522 de la misma cuadra, se encuentra la sede del emprendimiento “Sueños Compartidos”.
La semana pasada Oyarbide le hizo llegar a la fundación una orden para solicitar la entrega de documentación vinculada a las obras bajo sospecha.
El lunes, cuando se presentó ante el juez para pedir ser querellante en la causa, Hebe de Bonafini justificó al juez porqué todavía no remitió la información requerida. Se excusó con la explicación de que están realizando una auditoría en la fundación que estará lista en los próximos días.
Por su parte Pablo, el menor de los Schocklender, comenzó a preparar su estrategia de defensa en la causa penal en la que quedó imputado como rebote del escándalo desatado en torno de su hermano Sergio. Ayer presentó un escrito ante Oyarbide para negar la versión de Bonafini, quien los acusó de robar documentos con un blindado.
Asimismo, mediante la misiva firmada por sus abogados Gonzalo Romero Victorica y Ramiro Rubinska, expresó su preocupación ante la “falta de control judicial” sobre esa documentación, que según él, aún continúa en la Fundación. En este sentido los abogados de Pablo Schocklender pidieron al juez que tome medidas para garantizar el control de esa documentación.
Días atrás, Oyarbide autorizó a las Madres a presentar –en un plazo que vence esta semana– toda la prueba documental existente en la sede de la entidad.
Mientras tanto, el juez debe resolver si acepta o no como querellantes a las Madres, tal cual lo solicitaran el lunes mediante un escrito en el que, en duros términos, se refieren a los Schoklender, tratándolos de “traidores”.
Una de las posibilidades es que el juez corra vista al fiscal Jorge Di Lello para que éste opine si corresponde o no hacer lugar y permita ser querellantes a las Madres. En tanto, Di Lello confirmó a El Cronista que recibió ayer al mediodía el expediente de Oyarbide para que “amplíe su requisitoria” y que antes del viernes enviará la respuesta que podría incorporar el delito de “asociación ilícita” y el pedido de detención para al menos el mayor de los hermanos.
En tanto, a raíz de las supuestas irregularidades detectadas en torno a Sergio Schoklender, el presidente del bloque de diputados de la UCR, Ricardo Gil Lavedra, aseguró que a su juicio “están dadas las condiciones para intervenir” la Fundación.
Para el legislador radical, el Parlamento debe ordenar a la Auditoría General de la Nación “que investigue” la construcción de viviendas por parte de la fundación.