EL DIRECTOR DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DICTAMINÓ A FAVOR Y DIJO QUE NO SE VIOLA LA LEY

Pese a las críticas el Gobierno ratifica la decisión de usar a la ANSeS para la comunicación oficial

La oposición asegura que el convenio entre la ANSeS y la Jefatura de Gabinete viola la ley, pero el Gobierno dijo que quiere usar esos datos "para hacer el bien"

A pesar de la lluvia de críticas opositoras y las advertencias de presentaciones judiciales, el Gobierno ratificó ayer el convenio que firmaron la Jefatura de Gabinete y la ANSeS con el objetivo de poner a la poderosa base de datos de la seguridad social al servicio de la comunicación oficial. La defensa de la polémica decisión fue el primer tema de la mañana y quedó en manos del jefe de Gabinete, Marcos Peña, quien justificó la movida asegurando que el Gobierno no tiene "vocación de utilización política" de los datos.

Según el jefe de Gabinete, "toda comunicación directa que se haga por parte de la Secretaría de Comunicación (usando los datos de la ANSeS) será puesta online" para demostrar que esos mensajes serán "pertinentes y sin vocación de utilización política". Además, prometió que cualquier ciudadano que reciba correos electrónicos de parte del Estado se podrá dar de baja de esos envíos. "No hay información sensible que vulnere la intimidad y no se pretende en este ni en ningún otro caso vulnerar la intimidad ni perseguir o buscar o espiar a nadie", prometió Peña.

Además del jefe de Gabinete, otros funcionarios salieron a defender el convenio, publicado en el Boletín Oficial el último lunes. Desde el secretario general de la ANSeS, Alejo Maxit; hasta el subsecretario de Comunicación, Hernán Iglesias Illia, la intención del Gobierno fue instalar que no utilizará la base de datos de la ANSeS para fines electorales. "Depende para qué se usen los datos, no es violación de derechos", argumentó Iglesias Illia por Radio del Plata. Y, consultado puntualmente sobre para qué quiere esta información la Secretaría de Comunicación, respondió: "Para usarla para el bien".

Al respecto, El Cronista consultó al director nacional de Protección de Datos Personales, Eduardo Bertoni, quien dictaminó a favor del acuerdo cuando la Jefatura de Gabinete le pidió opinión. Según el funcionario, el convenio "no viola la ley", por lo que evaluó que las acciones judiciales en contra de la iniciativa que anunció la oposición "no pueden prosperar".

Según el expediente firmado por Bertoni, al que tuvo acceso este diario, el convenio está en discusión desde hace más de cuatro meses y tuvo varias reescrituras, que provocaron idas y vueltas entre la Secretaría de Comunicación Pública, su departamento legal y la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales.

Un primer convenio, con fecha de marzo, fue corregido a fines de mayo y recién hace poco más de un mes atrás, el 13 de junio, finalmente la Dirección de Protección de Datos Personales avaló el texto. En ese dictamen de seis páginas, firmado por Bertoni, la Dirección establece que, si bien la ley de Datos Personales exige el consentimiento de las personas previo a la cesión de información, esa misma norma exceptúa a las transferencias de datos que se realizan entre dependencias estatales.

El dictamen también afirma que "las partes han verificado que la información a intercambiar no reúne la calificación de sensible o especialmente protegida" y que "su tratamiento no afecta ni pone en riesgo la intimidad o el honor de los titulares del dato". Por ello, finaliza: "No se observa impedimento legal para la suscripción del convenio".

La oposición no comparte su postura y ya avisó que el tema se terminará dirimiendo en los tribunales. No importa para qué el Estado usa los datos de Anses. Está mal. Marcos Peña tiene que dejar esto sin efecto", avisó la massista Graciela Camaño.

El Gobierno intentó además bajar el tono de la medida, argumentando que la base de datos de la Anses "es tremendamente incompleta" y sólo tiene "el cuarenta por ciento de datos de contactos". Sin embargo, según fuentes especializadas, ese listado tiene información fehaciente sobre unas 32 millones de personas e incluye detalles muy precisos sobre cada una.

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