La Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (Adepa) pidió ayer a las autoridades provinciales y nacionales “que garanticen el libre ejercicio de la función periodística y, por extensión, el derecho ciudadano a la información”, luego de que equipos periodísticos asignados a la cobertura de la protesta antiminera en Catamarca denunciaran haber sido víctimas de amenazas y agresiones.
La entidad observó que “las protestas y los piquetes a favor y en contra de la actividad minera, que se han realizado en distintas localidades de Catamarca y otras provincias, instalaron un debate en la ciudadanía de todo el país”; aunque lamentó que “periodistas que cubrían estas manifestaciones fueron víctimas de agresiones, amenazas o debieron enfrentar obstáculos para difundir los hechos”.
En ese sentido, Adepa recopiló que un equipo periodístico de Canal 10, de Catamarca, fue agredido físicamente y sufrió el robo de equipos; que la locutora María Márquez, de FM La Perla, recibió una amenaza de muerte anónima al aire; que los miembros de la Asamblea El Algarrobo, de Andalgalá, denunciaron que la emisora La Voz del Algarrobo, que se transmite por FM 105.3, fue interferida durante 10 horas; y que el periodista Julio Bazán, de Canal 13, de la Capital Federal, fue hostigado y denunciado por intimidación pública por parte de un grupo de activistas promineros. Por lo que pidió garantizar “el libre ejercicio de la función periodística”.